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Latinoamérica
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La nacionalización del petróleo y el gas
Bolivia y el mandato progresista en Latinoamérica (Final)
Mark Engler y Benjamin Dangl
Dos temas preocuparán a la administración de Evo Morales en los meses venideros
y puede que decidan el destino del gobierno: el reclamo de las ganancias y la
propiedad de los recursos de gas y petróleo de Bolivia, y la reforma de la
constitución en una asamblea popular. Aunque estos mismos dos asuntos
potenciaron el proceso político en Venezuela en los años en que Chávez ascendió
al poder, Morales se enfrentará a un serio reto en cada tema.
Independientemente de lo que los líderes del MAS hagan con las reservas
bolivianas de gas y petróleo, es probable que molesten a los inversionistas
corporativos, a los movimientos sociales o a ambos. Los movimientos sociales
están exigiendo la nacionalización total. Como explica Olivera, "No aceptaremos
la nacionalización parcial. Todos los contratos son con compañías neoliberales.
Lo único que quieren es llevarse nuestro gas. No murió gente (en las recientes
luchas sociales) para que se entregue el gas a las compañías. El pueblo debe
decir lo que tenemos que hacer con el gas. Pachamama (la Madre Tierra) es para
el pueblo, no para las compañías transnacionales".
Aunque también utiliza la palabra "nacionalización", Morales ha dado señales de
un enfoque más moderado al hacer una distinción entre los recursos naturales
bajo tierra y los activos de la industria extractiva. Es probable que el MAS
discuta de manera diferente con cada compañía individual tratando de negociar
concesiones con cada cual. "Nacionalizaremos los recursos naturales, gas e
hidrocarburos", dijo Morales a principios de enero. "No vamos a nacionalizar los
valores de las multinacionales. Cualquier estado tiene el derecho de usar sus
recursos naturales. Debemos de establecer nuevos contratos con las compañías
petroleras basados en el equilibrio. Vamos a garantizar la recuperación de sus
inversiones y sus ganancias, pero no por medio del saqueo y del robo".
Tales garantías son populares con grupos tales como el Comité Cívico Pro Santa
Cruz, un grupo de presión a favor de la privatización en la región de Santa
Cruz, con el cual Morales se reunió después de su victoria electoral. Morales
también viajó a Brasil para encontrarse con Lula el 13 de enero. Allí prometió
que no expropiaría a las compañías energéticas, y garantizó la seguridad de las
inversiones brasileñas. En su lugar, esbozó un plan para organizar una comisión
multinacional entre los inversionistas del gas boliviano para revisar contratos
y acuerdos entre diferentes países.
La discusión con compañías individuales puede ser una manera eficaz de obtener
concesiones de la industria energética sin arriesgarse a reclamaciones
judiciales por parte de las corporaciones y presión de EE.UU. Sin embargo,
Morales podría ser acusado de venderse a las corporaciones si las concesiones
que obtiene son inadecuadas. El dilema agrega importancia al segundo asunto
principal que el gobierno confronta: la necesidad de una asamblea popular para
reformar la constitución. Una asamblea de ese tipo crearía una oportunidad para
distintos partidos políticos, líderes de negocios y movimientos sociales para
ponerse de acuerdo acerca de los términos de la exportación de gas.
Asamblea Constituyente
La promesa de campaña de Morales de convocar a una asamblea constituyente
entre distintos sectores sociales, a fin de reformar la constitución contribuyó,
significativamente a su abrumadora victoria. La redacción de una nueva
constitución de Venezuela en el 2000 fue el lanzamiento del nuevo proceso
político de ese país. Allí se celebraron un referendo y asambleas en todo el
país para crear y aprobar la nueva constitución. El nuevo documento determinó
que las ganancias provenientes de la industria petrolera fueran reinvertidas por
el estado para programas sociales en educación, cuidado de salud e iniciativas
de medios de comunicación comunitarios. Actualmente se dice en Venezuela que la
nueva constitución es el arma más fuerte del país contra la globalización
corporativa y el imperialismo.
La reforma de la constitución boliviana puede llegar a ser igualmente poderosa.
La elección de delegados a una asamblea constituyente está programada para
realizarse en junio de 2006, y la asamblea en sí se constituirá en agosto. Cada
municipalidad del país elegirá a tres delegados, y las delegaciones deben
incluir un mínimo de una mujer y un indígena. Actualmente los movimientos
sociales están presentando propuestas de lo que quieren que se incluya en la
nueva constitución. Algunos de los temas sobre la mesa incluyen la
nacionalización del gas, reforma agraria, acuerdos de libre comercio con EE.UU.
y un referendo para la autonomía de la región de Santa Cruz. Como es probable
que la mayoría de los delegados representen a los movimientos sociales, se
espera que la nueva constitución favorezca a las fuerzas populares por encima de
las corporaciones y los intereses extranjeros.
La asamblea constituyente puede que redefina el mapa electoral de Bolivia a fin
de permitir una representación adecuada de los pueblos indígenas. Esto podría
provocar nuevas elecciones, lo cual pudiera ser un reto para el poder de
Morales. Sin embargo, su enorme victoria electoral indica que cualquier elección
que resultara de cambios a la constitución favorecería a Morales. No obstante,
cabilderos ampliamente financiados de Santa Cruz puede que tengan éxito en
obtener la autonomía de su región rica en gas. Además, no está claro cómo se
pondrían en práctica los cambios de una nueva constitución. En Venezuela, la
constitución del país declara que todas las amas de casa tienen derecho a una
pensión por su trabajo. Sin embargo, esto no se ha convertido en ley ni se ha
puesto en vigor.
Algunos movimientos sociales, como la Federación de Trabajadores y Campesinos de
La Paz, han dado a Morales un plazo de dos meses para realizar cambios inmensos
en el país. Tales radicales son minoría. La mayor parte de las organizaciones de
movimiento social se han comprometido a esperar los resultados de la asamblea
constituyente antes de presionar seriamente a la administración. Si la asamblea
no cumple sus demandas, se espera que ocurran protestas y bloqueo de carreteras.
Tales campañas de protestas pudieran paralizar al país y exacerbar las
divisiones políticas. Sin embargo, también pudieran dar apoyo a Morales para
cumplir algunas de sus promesas de campaña más radicales, si las élites deciden
que prefieren mantener al gobierno que arriesgar un levantamiento. Probablemente
ningún país en Latinoamérica tenga movimientos sociales tan bien organizados ni
tengan tal capacidad de amenaza a la presidencia. Este balance de poder político
entre la calle y el estado hace improbable que Morales pueda replicar las
concesiones "pragmáticas" que Lula hizo al neoliberalismo, aun cuando quisiera
hacerlas.
Además de su papel en presionar al gobierno, las redes de base establecidas
podrían brindar un apoyo para la reorganización del poder político y la
representación. Poco antes de las elecciones de diciembre, se celebró una
reunión llamada Congreso del Frente Nacional para la Defensa del Agua y
Servicios Humanos Básicos, convocado para forjar alianzas entre los movimientos
sociales del país. En el Congreso participaron el Comité Coordinador del Agua de
Cochabamba, la Federación de Consejos Vecinales de El Alto, las Cooperativas de
Agua y Alcantarillado de Santa Cruz, así como otras organizaciones vecinales,
cooperativas, granjeros de riego y comités de electricidad y otros servicios. En
muchos casos grupos autónomos han organizado métodos para proveer a los
ciudadanos de servicios básicos si el estado no lo hace. Tal coalición de
fuerzas de base servirán como poderoso instrumento de presión a la asamblea
constituyente. Y en dependencia de los resultados de la asamblea, pudieran
brindar una infraestructura para la participación en nuevos programas estatales
o representar una estructura alternativa de gobernabilidad.
Al igual que muchos otros bolivianos que votaron por Morales, Anselmo Martínez
Tola, un organizador de grupos indígenas de Potosí, Bolivia, consideró que el
candidato del MAS era el que más intenciones tenía de convocar a una asamblea
constituyente. "Somos mayoría y por medio de la asamblea esperamos rescatar lo
que nos pertenece", dijo refiriéndose a la nacionalización del gas y a la
redistribución de la tierra. Su organización ha estado seleccionando a
candidatos por su municipalidad y desarrollando propuestas para la asamblea.
Entre ellas hay una de que el gobierno sea reestructurado a semejanza de los
ayllus tradicionales, que son pequeños grupos de familias que durante mucho
tiempo han guiado la toma de decisiones en las comunidades indígenas de todo el
país. "Debemos tener una nueva constitución que se remita a nuestra cultura, a
nuestra historia, y no a otros países o a compañías extranjeras. Tiene que
reflejar los distintos movimientos de grupos indígenas en Bolivia", explicó
Tola.
Conclusión
Críticos como James Petras, analista durante mucho tiempo de Latinoamérica y
antiguo profesor de Sociología en SUNY-Binghamton, han criticado al "ejército de
acríticos porristas de izquierda" que han celebrado la victoria de Evo Morales y
expresado esperanza de un cambio significativo en Bolivia. Igualmente
decepcionado de Lula y Kirchner, Petras predice que la administración de Morales
realizará solo "gestos simbólicos de naturaleza puramente retórica, desprovistos
de sustancia nacionalista", en lugar de iniciativas redistributivas.
Hay razones para pensar de manera diferente. Morales puede que se haya
presentado como un moderado durante la campaña presidencial, a fin de obtener un
apoyo más amplio. Sin embargo, su decisiva victoria ha creado un espacio para
acciones más atrevidas. A los ojos de muchos seguidores del MAS, las política
relacionadas con la nacionalización del gas, reforma agraria y derechos
indígenas no están en manos de Morales, sino en manos de la asamblea
constituyente. Una nueva constitución trae con ella la promesa de cambio
significativo. Consciente de la voluntad de la asamblea y estrechamente vigilada
por uno de los movimientos sociales más poderosos de Latinoamérica, la
administración de Morales poseerá el mandato y la motivación para negociar
firmemente con los acreedores internacionales y crear su propio modelo de
gobernabilidad progresista.
Hasta entonces, Bolivia permanecerá al borde de un nuevo período poscolonial,
gobernado por primera vez por un líder indígena que se parece a la mayoría de su
pueblo, y situada en un continente que se ha alejado un paso más del
neoliberalismo. Si la victoria que se mostró en las ruinas de Tiwanaku ha sido
hasta ahora un símbolo, no hay duda de que es un símbolo muy poderoso.
Traducido por Progreso Semanal
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