El gobierno del presidente Evo Morales dio este primero de mayo otra demostración de su vocación por poner el guiñador hacia la izquierda y marchar hacia la derecha.

La anunciada y ficticia nacionalización de los hidrocarburos no es más que la aplicación a fondo de la ley 3058, aprobada hace un año por las fuerzas neoliberales, que dominaban el Congreso y el gobierno del ex presidente Carlos Mesa, para defender el poder petrolero amenazado por una gigantesca rebelión popular.

Esa ley otorgaba 180 días para que las transnacionales petroleras, que operan ilegal e inconstitucionalmente en Bolivia –según dictamen inapelable del Tribunal Constitucional-- firmen nuevos contratos para poder seguir explotando las riquezas naturales del país. Esa ley ofrecía legalizar la actividad de las petroleras, impidiendo su expulsión reclamada por los sindicatos, a cambio de un aumento nominal de impuestos hasta un 50%. El decreto de "nacionalización" de Morales da un nuevo plazo de 180 días para que las petroleras se ajusten a esa ley, que entrega al Estado el control y propiedad formal de los hidrocarburos, pero que otorga a las transnacionales la propiedad real y los mayores beneficios derivados de la explotación, comercialización, exportación e industrialización del gas y el petróleo.

El 7 de abril del 2005, el Tribunal Constitucional declaró sin validez jurídica los 78 contratos con los que Repsol, Petrobrás, Total, Enron, Shell, British Petroleum, Vintage y otras transnacionales explotaban las reservas de gas y petróleo de Bolivia, valuadas actualmente en por lo menos 150 mil millones de dólares, las segundas en importancia de Sudamérica.

Según los cálculos optimistas del gobierno de Morales, con la aplicación del decreto de "nacionalización" el Estado boliviano obtendría un ingreso de aproximadamente 750 millones de dólares, generados por la recepción de impuestos y regalías, incluidos los ingresos extraordinarios temporales por el alza de impuestos en los megacampos de gas, además de la limitada participación estatal en la cadena productiva. Actualmente se estima que los ingresos generados anualmente en toda la cadena hidrocarburífera superan los 3.500 millones de dólares, que se traducen en su mayor parte en utilidades para las petroleras, dados los bajísimos costos de operación, producción y comercialización

Por ello, los expertos y algunos altos funcionarios del gobierno admitieron a la prensa que el decreto 28701 de "nacionalización" de Morales no tiene nada de nuevo con relación a la Ley de Hidrocarburos 3058, con la excepción de la creación de impuestos transitorios y la compra del 3% de acciones en dos empresas petroleras y del 17% en la de transportes.

El presidente de la estatal YPFB, Jorge Alvarado, dirigente del partido de Morales, admitió ayer que el decreto 28701 "evidentemente" se asienta en la Ley de Hidrocarburos 3058 y, por eso, mal se puede decir que Bolivia está tratando de imponer nuevas reglas a las empresas.

Lo paradójico es que hace un año, Evo Morales y los sindicatos marchaban hacia La Paz para echar abajo la Ley de Hidrocarburos 3058, que el Congreso neoliberal había aprobado para defender a las petroleras, y hoy es el mismo Morales el que decide aplicar a fondo la Ley 3058 y dice, sin rubor, que es la nacionalización.

Los ex titulares del Ministerio de Hidrocarburos y de la Superintendencia del sector Mauricio Medinacelli y Carlos Miranda, respectivamente, coincidieron en que el decreto de Morales, en el fondo, lo único que hace es dar las condiciones para la aplicación de la Ley 3058.

Asimismo, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, aseguró ayer en una conferencia de prensa que el principal aporte del Decreto Héroes del Chaco reside en el aumento fiscal en los megacampos de hidrocarburos.

Para el analista Ronald Hurtado Paravicini, abogado especializado en Derecho Petrolero, "lo único que el Gobierno está haciendo es aplicar la Ley 3058. No hay ninguna nacionalización, es sólo un espectáculo, un show para generar más votos para las elecciones de los constituyentes", comentó.

Los expertos coinciden en que el decreto promulgado este lunes no es un reglamento de la Ley de Hidrocarburos 3058, pero es un aporte a lo que se esta última establecía.