(NdE. Se agregan comentarios y opiniones importantes)

La nueva política agraria del gobierno de Evo Morales redistribuirá las tierras ociosas pero respetará los inmensos latifundios que cumplan con alguna función económica o social. Esta política será negociada y consensuada con los hacendados latifundistas que tienen enorme peso y poder en el oriente del país, según el anuncio oficial de las autoridades gubernamentales.

Las negociaciones entre el gobierno indígena y la pro empresarial Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que aglutina a los más importantes clanes familiares que concentran para sí las mayores extensiones de tierra en producción y en latifundios improductivos del país, arrancarán el próximo 24 de mayo en la ciudad de Santa Cruz, anunció el ministro encargado del Desarrollo Rural y Agropecuario, Hugo Salvatierra.

Las tratativas, que se presumen complicadas y no exentas de conflicto, se realizarán sobre la base propuesta este martes por el gobierno y que se sustenta en dos pilares: uno, el respeto y amplias garantías para todos los latifundios de todos los tamaños que demuestren que cumplen alguna función económica o social y, segundo, la reversión a dominio del Estado de las propiedades que estén ociosas.

Según reconoció el ministro Salvatierra, la nueva política agraria intentará reflotar la actual Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que en los últimos 10 años estuvo signada por el fracaso al sanear apenas 17 millones de hectáreas, un poco más de la décima parte del territorio, a un costo de 100 millones de dólares.

"Es evidente el fracaso de esta ley que tiene una esencia neoliberal", dijo Salvatierra, al advertir que por ahora se precisa realizar algunas modificaciones en la ley INRA para ejecutar un rápido, masivo y barato proceso de redistribución de tierras, sin llegar a una reforma agraria.

Otras iniciativas, contempladas en el proyecto oficial denominado "Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria", plantea la distribución inmediata de hasta 4,5 millones de hectáreas de tierras a comunidades indígenas y campesinas y la agilización de los procesos de saneamiento y titulación. Estas iniciativas estarán sujetas a un proceso de consenso con todos los sectores involucrados en la temática tierra, proceso, que según los especialistas, dista mucho de satisfacer las necesidades de los campesinos minifundiarios y sin tierra.

Así, según el Centro de Estudios para el Desarrollo laboral y agrario (Cedla), la política gubernamental de tierras se adscribe a la Ley INRA, que responde "a la necesidad de consolidar la orientación agroexportadora de las políticas neoliberales, legalizando la concentración de las tierras productivas en el Oriente del país en manos de grandes terratenientes".

"El proceso de saneamiento de tierras, iniciado en 1996, dio curso a la producción masiva de soya en las mejores tierras de Santa Cruz. Si se considera que un 40% de la producción de soya se halla bajo propiedad de capitalistas brasileños, en los hechos la Ley INRA ha consolidado la gran propiedad de la tierra de modo preponderante en manos de empresarios privados extranjeros y, en segundo lugar, en manos de los agroindustriales cruceños", agrega.

Según el Cedla, "la adscripción del MAS a una ley que forma parte de la normativa neoliberal -que discursivamente el partido de gobierno plantea "desmontar"- no hace más que confirmar las limitadas posibilidades del gobierno para dar solución a la creciente demanda de tierras de campesinos sin tierras y campesinos pobres".

"Esta posición oficial no hace más que confirmar que se está frente a una política gubernamental que dará continuidad a enfoques que definitivamente han abandonado hasta los limitados programas de redistribución de tierras y que transitan del modelo distributivo de reforma agraria a la modalidad de "reforma agraria vía mercado" (compra-venta de tierras, arrendamientos y aparcería), con el argumento de los organismos internacionales en sentido de que las reformas agrarias por medio de la expropiación son políticamente muy exigentes, por lo que la intervención directa del Estado en la distribución y redistribución de tierras no es aconsejable".

OPINIONES

El "Mallku" Felipe Quispe considera que el gobierno de Evo Morales ha cometido un error porque está convocando a concertar el plan de tierras con latifundistas y terratenientes, que históricamente explotaron a ls campesinos.

"Justo cuando la ley INRA cumple 10 años, las autoridades quieren hacer otra norma de la mano de los terratenientes".

"No es una reforma agraria"
Carlos Romero. Director de la ong CEJIS, que ha colocado a varios de sus miembros como autoridades de gobierno

"Es un intento de reconducción del proceso, no es una reforma agraria, eso supone otros componentes como políticas crediticias, mercados, gestión de recursos naturales, entre otros. Lo anunciado por el Gobierno son un conjunto de medidas para acelerar el proceso de saneamiento y titulación de tierras y la implementación de políticas de asentamientos humanos. Un tema importante es el referido a la reversión que se complementa a la Ley INRA, por abandono de trabajos en el predio, es decir que no cumplen la función económica social, antes sólo se podía revertir si no pagaban impuestos. El segundo mecanismo que se fortalece es la expropiación con fines redistributivos, a favor de sectores que no tienen tierra".

"Nos preocupan algunos temas"
Carlos Rojas. Presidente de Anapo, la asociación latifundista de productores de soya del oriente