El plan tierra del gobierno incluye la
modificación de la Ley INRA
Alistan la expropiación de predios no productivos
El gobierno repartirá de inmediato 2 millones de hectáreas
Bolpress
El gobierno detectó entre 11 y 14 millones de hectáreas de tierra que se
distribuirán entre los campesinos entre un plazo aproximado de cinco años. Dos
millones serán repartidos de inmediato y en el proceso de saneamiento se
privilegiará a la mujer indígena y campesina jefa de hogar. La distribución de
las tierras fiscales excluye las áreas protegidas y las concesiones forestales.
El ministro encargado del Desarrollo Rural y Agropecuario Hugo Salvatierra y el
viceministro de Tierras Alejandro Almaraz informaron que el Estado pretende
revertir la tierra que no cumpla una función económica-social y distribuir de
forma inmediata hasta 4,5 millones de hectáreas a comunidades indígenas y
campesinas.
El plan gubernamental denominado "Reconducción Comunitaria de la Reforma
Agraria", que busca un equilibrio en la distribución de la tierra, incluye una
ley de reforma de la Ley INRA y varios decretos supremos. Con dos proyectos de
decreto se pretende eliminar la "desconcentración técnica" del INRA y la
propiedad forestal.
Con la reforma de la Ley INRA se busca básicamente la reversión de la tierra
bajo la causal de que no cumpla con la función económica-social, es decir que no
sea productiva. En la norma actual se considera que los predios por los que no
se pagan impuestos por dos años no cumplen la función económica-social.
Según el gobierno, el proyecto de ley dará celeridad y transparencia al proceso
de saneamiento. Además se plantea que sea el Tribunal Agrario el que trate
recursos contenciosos referidos a la tierra, agua y bosques.
Se propone ampliar el plazo para el saneamiento de tierras, que fenece en
octubre sin que el INRA haya podido alcanzar sus objetivos. En 10 años, la
institución saneó solo 17 millones de hectáreas de un total de más de 100
millones con una inversión de más de 100 millones de dólares.
El Presidente en ejercicio Alvaro García Linera anunció que se distribuirá de
inmediato las 4.5 millones de hectáreas de tierras fiscales a favor exclusivo de
los pueblos indígenas y comunidades indígenas, campesinas y originarias.
Hasta 1992, el 95 por ciento de la tierra distribuido en el proceso agrario fue
a parar a manos de los sectores empresariales y sólo el cinco por ciento
benefició a las comunidades indígenas-campesinas.
"Justicia para las comunidades, justicia para las economías campesinas; ellas
también producen, son actores productivos, no son pordioseros para dejarles
retazos en cerros compuestos de piedras. Todos los bolivianos tenemos derecho a
producir, a mantener a nuestras familias y el Estado entregará tierras para que
esas comunidades produzcan para sus regiones", explicó García Linera.
