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¿Se nacionalizan realmente los hidrocarburos en Bolivia?
Maximiliano Sbarbi Osuna
A pesar de contener partes oscuras, poco precisas y ambiguas, el Decreto Supremo
28701 firmado por el presidente boliviano ha sido objeto de varias críticas
antagónicas entre sí. Se ha dicho que mediante este decreto se legitimarían las
privatizaciones en materia energética realizadas en la década del 90 por el ex
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, contrariamente se manifestó que Evo
Morales llevaría adelante una expropiación similar a los regímenes comunistas de
Europa Oriental y por otro lado se sostuvo que el estado boliviano sólo
nacionalizaría las reservas de hidrocarburos, y que necesita para ello
renegociar los contratos con las compañías extranjeras.prLo cierto es que la
firma de este decreto se produce en un marco convulsionado en las relaciones de
los estados latinoamericanos entre sí y además de éstos con las empresas
multinacionales. Los tratados de Libre Comercio que han firmado algunos de los
países de la Comunidad Andina (CAN) y que amenaza con firmar Uruguay, sumado a
la influencia de Venezuela en Bolivia, están provocando la ruptura de la CAN y
del Mercosur.
Pelea con Brasil
El presidente brasileño Lula da Silva, a pesar de haberle brindado apoyo en la
campaña electoral a Evo Morales, está sufriendo fuertes presiones internas para
que negocie con Bolivia la supuesta nacionalización de los hidrocarburos, que
afectaría principalmente a la semi estatal Petrobras. Por otra parte, una
renegociación de contratos desfaborable para esta empresa significaría un
descrédito tal que sumados a los escandalosos casos de corrupción muy cercanos
al presidente, podría llegar muy debilitado a las elecciones de octubre.
A pesar de que la empresa no se vea privada de obtener buenas ganacias, ni de
ser expropiadas sus refinerías, ni sus maquinarias, un descenso marcado de los
réditos podría afectar la imagen del gobierno brasileño ante las presiones de
Petrobras. Pero, si el gobierno boliviano se endurece, Brasil va a tener que
negociar porque depende demasiado del gas boliviano.
¿Nacionalización parcial?
Concretamente, mediante el decreto sólo se nacionalizarían las reservas del
subsuelo, ya que aquél no dice nada de las ganancias del proceso de extracción,
refinado, manufacturación y exportación de hidrocarburos, por lo que las
empresas transnacionales, como British Petroleum, Petrobras, Total, Panamerican,
Shell y Repsol (por citar a las más importantes), no dejarían de percibir
ganancias. Precisamente por eso, están interesadas en renegociar los contratos y
no amenazaron con retirarse de Bolivia.
Este decreto impulsaría la renegociación de contratos en condiciones más
favorables para Bolivia, pero muchos analistas advierten sobre su ambigüedad en
tanto que otorga un plazo de 180 días a las empresas para rever los contratos,
de lo conrario el Ministerio de Hidrocarburos y Energía toma a su cargo las
tierras donde se realiza la extracción, pero al mismo tiempo establece que se
mantienen las normas vigentes hasta que sean renegociados los contratos.
Esta es la clave del asunto. Si pasados los 180 días las empresas se negasen a
renegociar los contratos ¿se mantendrían las condiciones actuales y el decreto
no serviría para nada? o ¿el gobierno mandaría a ocupar militarmente las
instalaciones de las multinacionales rebeldes? ¿se debe a eso el despliegue de
soldados en los campos de las transnacionales? o ¿es todo una demostración
visual de fuerza que no obliga a hacer grandes concesiones a las empresas
evitando que cambie demasiado el panorama desigual, que beneficia muchísimo a
las empresas productoras y casi nada al estado?
Voces encontradas
Los medios que representan los intereses de las transnacionales hicieron un
torpe análisis de lo que significa este decreto, acusando a Evo Morales de
expropiar los medios de producción a las empresas extranjeras, perjudicando su
inversión. Esto es totalmente falso, ya que las empresas podrán recuperar su
inversión y seguir invirtiendo si así lo desean, porque este decreto no impide
que obtengan ganacias de los procesos de extracción, refinado, manufacturación y
exportación.
A estas voces críticas se sumaron, además de los directivos de las principales
empresas implicadas, el Primer Ministro Británico Tony Blair, el Canciller
austríaco Wolfgang Schüssel y el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi
Annan.
Sin embargo, están los que acusan a Evo Morales de demagogo, ya que afirman que
si realmente se quisiera poner fin a la desigualdad que existe en Bolivia con
respecto a los hidrocarburos habría que investigar las iregularidades cometidas
durante el proceso de privatización, ya que al firmar un decreto el gobierno
estaría legitimando las turbias privatizaciones, y el contrabando de gas y
petróleo acometido por varias transnacionales. Entre los que culpan a Evo de
moderado se enmcuentra Jaime Solares, principal dirigente de la Central Obrera
Boliviana.
Es claro que resulta difícil enjuiciar a las compañías por las enormes e
injustas ganancias, ya que el estado boliviano avaló este proceso durante las
presidencias de Sánchez de Lozada, Hugo Bánzer, Tuto Quiroga y Carlos Mesa.
Gasoducto del Sur
El gobierno boliviano redobló la apuesta al condicionar la entrada de Brasil al
proyecto del gasoducto del sur impuslado por el presidente venezolano, Hugo
Chávez, ya que inicialmente el plan consistía en unir a Venezuela, Brasil,
Bolivia y Argentina mediante un gasoducto financiado enteramente por empresas
estatales. Petrobras es estatal sólo en un 40 %, el resto le pertenece a
empresas transnacionales.
La negativa boliviana aumentó la tensión entre los dos países, debido a que el
gasoducto tiene que pasar obligatoriamente por territorio brasileño. Este
proyecto estaría financiado por las empresas estatales: YPFB (Bolivia), Enarsa
(Argentina), PDVESA (Venezuela) y Petrobras.
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