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La política "nacionalizadora" del gobierno
La producción de los hidrocarburos seguirá bajo control de las transnacionales
CEDLA
Bolpress
El decreto de nacionalización abre un nuevo escenario de negociación con las
transnacionales del petróleo en base a medidas transitorias de presión. Mientras
el gobierno busca un mayor impacto político de esta medida, se omite que las
reglas del juego se mantienen con la misma orientación de la Ley de
Hidrocarburos 3058.
Si bien las reformas contenidas en el Decreto nacionalizador 28701plantean un
mayor control estatal del transporte y la refinación de los hidrocarburos,
otorgando al Estado un margen de maniobra en la definición del precio de los
carburantes en el país, el control sobre el proceso de producción y exportación
de alrededor del 90% de los hidrocarburos como materia prima, sigue bajo el
control de las empresas transnacionales, según el Centro de Estudios para el
Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en un documento en el que evalúa los
primeros 100 días del gobierno del MAS.
La institución afirma que la nueva Ley de Hidrocarburos 3058 es la que determina
la política sectorial, en tanto que el D. S. 28701, por el carácter transitorio
de sus artículos, permite que las empresas petroleras transnacionales continúen
definiendo el ritmo y la dirección de la cadena hidrocarburífera boliviana, ya
que la propiedad efectiva sobre los medios para su explotación, es decir de los
yacimientos, la infraestructura, los equipos, etc., continuarán bajo su dominio,
de acuerdo con la política establecida por la mencionada Ley.
Ingresos transitorios
El gobierno del presidente Evo Morales pretende mostrar que los ingresos a favor
del Estado por la producción hidrocarburífera se incrementarán a un 82%, sin
aclarar que este aumento es transitorio -durante 180 días, tiempo establecido
para que las empresas petroleras modifiquen sus contratos- y sólo será impuesto
a Petrobras, Repsol y Total, socias en los megacampos San Alberto y Sábalo
(Tarija).
De esa manera, la política de "nacionalización" contenida en el Decreto Supremo
28701, se dirige a materializar la migración obligatoria de los contratos
petroleros de riesgo compartido hacia los nuevos contratos creados por la Ley
3058, merced a la aplicación de una fuerte presión sobre las empresas
transnacionales.
Mientras dure ese período transitorio, las mencionadas empresas tributarán el
82% de la producción para el Estado y retendrán el 18% de la producción obtenida
en los campos San Alberto y Sábalo.
El D.S. 28701 también instruye la realización de auditorías a todas las empresas
petroleras que operan en el país, para determinar, caso por caso, las
inversiones realizadas, amortizaciones, costos de operación y rentabilidad
obtenida en cada campo, sobre cuyos resultados YPFB determinará la retribución o
participación definitiva (dependiendo a qué tipo de contrato migren)
correspondiente a cada empresa.
Esto significa que el Decreto 28701 ejecuta la medida incluida en la actual Ley
de Hidrocarburos, referente al otorgamiento de un premio a campos menores y/o
marginales que significa, en los hechos, una reducción del 32% por concepto de
IDH a favor del Estado. Asimismo, ratifica la orientación exportadora del gas
natural como materia prima.
Nuevo escenario de negociación
De manera intencional, el gobierno pretende mostrar la participación adicional
para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como si se tratara de
un aumento permanente del 32% en la tributación del sector establecida en la Ley
3058 (IDH), cosa que no puede ocurrir sin modificar dicha Ley.
El gobierno ha pregonado que a partir de la firma de nuevos contratos, las
empresas extranjeras se convertirían en prestadoras de servicios (Contrato de
Operación). Sin embargo, será el proceso de este nuevo escenario de negociación
con éstas el que determine si las transnacionales petroleras están dispuestas a
firmar ese tipo de contrato u optar por Contratos de Asociación o de Producción
Compartida, pues su interés es participar en la producción de gas y petróleo
bolivianos y no sólo prestar servicios a YPFB.
Una "nacionalización" selectiva
La propuesta "nacionalizadora" del gobierno se complementa con la transferencia
gratuita a favor de YPFB de las acciones de los bolivianos que formaban parte
del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) en las empresas capitalizadas Chaco
S.A., Andina S.A. y Transredes S.A.
Por tanto, la acción del gobierno para controlar el 50% más uno de las acciones
de las tres empresas capitalizadas, no es necesariamente, según el texto del
Decreto Supremo 28701, una disminución importante de la participación accionaria
de las transnacionales. En el caso de la refinación y almacenaje, el gobierno no
niega la posibilidad de que la nacionalización adopte la forma de una compra de
las acciones a precios de mercado.
Teniendo en cuenta que las empresas Chaco y Andina juntas controlan apenas el
9,7% de las reservas de gas natural y el 9,8% de las reservas de petróleo, la
mayoría de las reservas hidrocarburíferas continúa bajo el dominio de
Repsol-YPF, Total S.A. y Petrobras, que no participaron del proceso de
capitalización y que juntas controlan el 83% de las reservas de gas natural y el
86% de las reservas de petróleo.
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