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El decreto de "nacionalización" ficticia del presidente Evo Morales legalizará el saqueo y los millonarios fraudes de las petroleras en contra de Bolivia e intentará, con la fuerza del Estado y el aval del Congreso, cerrar toda posibilidad para que las transnacionales sean expulsadas del país y sus bienes y recursos expropiados.

Esta promesa, aunque usando otras palabras elegantes, la realizó el vicepresidente Álvaro García Linera, durante su encuentro de este viernes con los enviados del gobierno de España, a quienes aseguró que los nuevos contratos petroleros de explotación del gas y petróleo, que serán negociados entre las partes en un plazo máximo de seis meses, tendrán tres candados de seguridad: serán refrendados por el Parlamento para tener total seguridad jurídica, no serán modificados en el tiempo y garantizarán altas ganancias para las transnacionales.

"Lo que el gobierno le dice a la inversión extranjera del mundo, española, europea, norteamericana, latinoamericana es: este gobierno respeta y va a garantizar tres principios básicos que creemos que es lo que necesita la inversión extranjera en cualquier parte del mundo (...) Estos son los principios básicos que requiere cualquier inversionista extranjero y eso el gobierno boliviano lo va a garantizar como nunca ningún gobierno lo hizo en el país", aseguró.

Actualmente, todos los contratos de las petroleras que operan en Bolivia han sido declarados sin validez jurídica e inconstitucionales por decisión inapelable del máximo tribunal de justicia de Bolivia, el Tribunal Constitucional, lo que ha reforzado la lucha que libran desde el 2003 los sindicatos y las organizaciones populares para lograr la expulsión de las transnacionales y para renacionalizar el gas y el petróleo. En esta lucha, se enfrentaron a los tanques y la metralla y derribaron a dos presidentes (Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa), aunque sin lograr la expulsión/nacionalización de las petroleras, una consigna que a muchos les parece excesiva e inviable.

Entre los que creen esto último están los partidarios del nuevo gobierno de Evo Morales, que quieren, por el contrario, convertirse en buenos socios de las transnacionales, a las que han conminado a firmar nuevos contratos en un plazo de 180 días, en cumplimiento de la ley pro petrolera 3058, aprobada hace un año por el Congreso dominado por las fuerzas neoliberales y que preserva los millonarios intereses de las transnacionales.

BLANQUEO DE DELITOS

Esta ley, viabilizada ahora por el decreto de Morales, blanquea todos los delitos mayores que las petroleras han cometido en Bolivia desde mediados de los años 90, cuando tomaron control y dominio de toda la industria petrolera al amparo de onerosas concesiones otorgadas por el poder neoliberal.

La ley 3058 posibilita, por ejemplo, que las compañías como Repsol, Petrobras, Total, British Petroleum, Amoco & Pan American Energy, British Gas, Exxon, Enron, Shell, Pluspetrol, Vintage y otras puedan legalizar su permanencia en Bolivia, donde operan de facto con contratos suscritos con los gobiernos neoliberales, pero que no tienen validez jurídica al no haber sido refrendados por el Congreso, tal como establece la Constitución Política del Estado. Un tema que el gobierno de Evo Morales quiere enmendar pronto y rápido. Así, con la suscripción de nuevos contratos, el Estado perderá la posibilidad legal de echar a las transnacionales y recuperar así más de 150 mil millones de dólares, que es el valor de las reservas de gas y petróleo, las segundas más importantes de Sudamérica.

La Ley 3058 infiere un segundo daño de magnitud a Bolivia cuando elimina toda posibilidad legal para que el Estado retome de inmediato, sin necesidad de nacionalización, decreto o ley expresa, el 60 por ciento de las reservas de gas y petróleo de manos de las petroleras, que incumplieron el artículo 30 de una ley anterior y que les obligaba a devolver todos los campos y yacimientos en los que no hubiesen perforado pozos en los últimos cinco años. En esta situación están casi todos los megacampos de gas y petróleo que están siendo explotados por Repsol, Petrobras, Total y otras compañías y que, si se cumpliera la ley, ya sólo deberían beneficiar al Estado.

Así, "la ley 3058 (ratificada vía decreto por Morales N.d.E), resulta ser más entreguista y antinacional que la anterior, aprobada por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada", decía hace un año el ex parlamentario nacionalista Andrés Soliz Rada. Hoy, Soliz Rada, elegido como ministro de Hidrocarburos de Evo, guarda un prudente silencio sobre este tema, lo que sin embargo no resta mérito a su certera crítica emitida en mayo del 2005. El daño estimado en contra del Estado es, en este caso, de casi 100 mil millones de dólares, monto que, paulatinamente en el tiempo, irá a parar a la bolsa de las petroleras, producto de la explotación y comercialización de las reservas.

EL MILLONARIO FRAUDE DE REPSOL Y PAN AMERICAN

Un tercer atentado contra Bolivia. La misma ley 3058 y el nuevo decreto de Morales convalidan otro millonario fraude en contra del Estado al legalizar, de facto, la mayor parte de las acciones que Repsol y Amoco & Pan American tienen en las empresas mixtas de Andina y Chaco, levantadas sobre los campos que eran antes de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Repsol y Amoco & Pan American recibieron de los gobiernos neoliberales el 50 por ciento de las acciones a cambio de la promesa de invertir 843 millones de dólares. Sin embargo, esta entrega no tomó en cuenta que estos campos de YPFB (en Chaco y Andina) tenían reservas probadas y certificadas valuadas actualmente en 24 mil millones de dólares y que fueron pignoradas a título gratuito para que sean explotadas en beneficio de Repsol y Amoco & Pan American.

Este fraude es conocido por los principales hombres de Evo Morales, como el ministro de Hidrocarburos, Soliz Rada, y el nuevo Superintendente de Hidrocarburos, Víctor Sainz. Hace un año, Sainz aseguraba que "el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, haciendo abuso de poder, regaló estas reservas que en 1996 tenían un valor de más de 12 billones de dólares (165 millones de barriles de petróleo a un precio promedio de 30 dólares por barril = 5,45 billones de dólares más 5,3 trillones de pies cúbicos de gas a precio promedio de 1,25 dólares por 1.000 pies cúbicos = 6.625 billones de dólares. Total = 12.07 billones de dólares)", advirtiendo que "una (futura) nacionalización de lo que se entregó a Chaco y Andina no puede dejar de lado 12 billones de dólares que valían las reservas en el momento de firmar los contratos".

Pero ahora el superintendente Sainz, al igual que el ministro de Hidrocarburos, Soliz Rada, prefiere ya no cuestionar el decreto de Morales que convalida la fraudulenta propiedad de Repsol y Amoco & Pan American sobre el 50 por ciento de las acciones de Andina y Chaco, cuando en realidad la participación legal de estas transnacionales no debería ser mayor al cinco por ciento. Pese a ello, la intención del gobierno de Morales es "nacionalizar" el 3 por ciento de las acciones en Andina y Chaco, respetando el otro 48 por ciento.

EL ASALTO DE ENRON Y SHELL

Un cuarto atentado. La ley 3058 y el decreto de Morales dejan en total impunidad, sin sanción ni reparación, el asalto que la Enron, primero, y la Shell, después, realizaron en Bolivia al tomar a título gratuito el 40 por ciento del gasoducto a Brasil y otros ramales de transporte y distribución de hidrocarburos.

Sin poner un solo centavo, la corrupta Enron tomó a medidos de los 90 la posesión y control de las acciones en estos gasoductos, que posteriormente los transfirió a la Shell. La Enron había sido contratada por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada para financiar o buscar financiamiento para construir el gasoducto al Brasil, que finalmente fue construido por Petrobras, sin ningún concurso de la transnacional norteamericana.

El daño inferido al Estado fue cuantificado en 120 millones de dólares, por el ex delegado presidencial, Juan Carlos Virreina, que pretendió recuperar esos recursos mediante un juicio que fue dejado de lado por los últimos gobiernos, incluido el actual.

UNA LEY ANTINACIONAL

Por esta su esencia pro petrolera, la aprobación de la ley 3058, en mayo de 2005, constituyó una virtual declaratoria de guerra del poder transnacional contra el pueblo boliviano, que se alzó furibundo contra el presidente Carlos Mesa, al que derribó del cargo, y contra el Congreso neoliberal, recortándole su mandato constitucional y abriendo paso a nuevas elecciones, ganadas ampliamente por el deseo y la urgencia del pueblo para nacionalizar el gas y el petróleo.

Razones más que suficientes para que el nuevo gobierno de Evo Morales, que ganó las elecciones agitando la bandera de la nacionalización, se juegue a fondo para montar una ficción y para mostrar y convencer a los bolivianos que su decreto de "nacionalización" era muy diferente a la cerrada defensa que hacían en el pasado las élites neoliberales del poder petrolero. Por ello, el primero de mayo, día mundial del trabajo, usó al Ejército para ocupar simbólicamente los campos petroleros y utilizó demagógicamente el alza temporal de tributos hasta un 82 por ciento en los megacampos de gas, para tratar de mostrar que al fin había llegado la nacionalización, cuando en realidad lo único que estaba haciendo era refrendar y viabilizar la ley pro petrolera 3058.

Muchos, dentro y fuera de Bolivia, deslumbrados por toda la parafernalia indigenista y militar, se rindieron ante el ardid, que sin embargo no alcanza para esconder una clara realidad. El único cambio que efectivamente realiza el decreto Morales es la elevación temporal de tributos en los campos de San Alberto y Sábado (82% para el Estado y 18% para las petroleras), pero sólo hasta que se firmen los nuevos contratos, que se regirán en lo esencial a la 3058, que establece que las petroleras pagarán nominalmente el 50 por ciento de regalías y tributos (el decreto tiene un rango inferior y se subordina a la ley).

El montaje de la ficción nacionalizadota se dio tras fracasar los intentos que al interior del gobierno y del Movimiento al Socialismo (MAS) realizaron varios sectores y personalidades para introducir modificaciones a la ley 3058, tratando de recuperar parte de las riquezas hidrocarburíferas a favor del Estado. Estos intentos fueron neutralizados y apagados por el propio Evo Morales, a instancias del vicepresidente García Linera, que cree que inflando las cifras podrá burlar la demanda de la nacionalización.

Según los cálculos del propio vicepresidente, el Estado recibirá un total de 780 millones de dólares (250 millones más que ahora) como resultado de los nuevos contratos ajustados a la ley 3058 y de la vigencia temporal de los nuevos tributos. Un monto mínimo si se toma en cuenta que el negocio hidrocarburífero mueve anualmente más de 3.500 millones de dólares y un monto casi insignificante para erradicar el hambre, la pobreza y la discriminación que agobian a dos tercios de la población de nueve millones de bolivianos.

CUESTIÓN DE CENTAVOS

En este marco, las declaraciones de los representantes de Repsol, Petrobras, Total y de los gobiernos de Brasil, España y Argentina sobre la situación en Bolivia y la negociación de los nuevos contratos han generado optimismo en esferas de la administración de Morales, alentado por la aceptación inicial de su decreto por las petroleras.

"Estamos convencidos que se va a desarrollar un proceso de negociación sobre la base de la confianza y la lealtad, hemos recibido garantías por parte del gobierno de Bolivia sobre el marco en que esa negociación debe llevarse a cabo", dijo el viernes Bernardino León, secretario de Estado de Relaciones Exteriores de España, tras reunirse con García Linera.

"Estamos convencidos de que sobre la base de esa lealtad y confianza podemos llegar a acuerdos que sean provechosos, que beneficien a los intereses de este país, de Bolivia, tan próximo tan amigo, yo diría hermano de España y los intereses de quienes queremos contribuir a que este país siga creciendo", agregó León en el lenguaje diplomático, que parece indicar que las petroleras están dispuestas a negociar los centavos, una vez puestos a salvo los millones. 

Fuente: lafogata.org