Latinoamérica

La escalada

Daniel Gatti
Convenio Rel-Uita/La Insignia

El conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de dos plantas de celulosa sobre el margen oriental del compartido río Uruguay parece cada vez más lejos de poder dirimirse con negociaciones bilaterales. Los dos gobiernos anunciaron que recurrirán a tribunales internacionales.

El fin de semana pasado jerarcas de las dos administraciones cambiaron acusaciones e insultos y el diferendo que estalló a fines del año pasado por el proyecto de construcción de dos fábricas de pasta de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, una de la finlandesa Botnia y otra de la española ENCE, volvió a agudizarse.

El ministro del Interior de Argentina, Aníbal Fernández, llegó a sostener el viernes 7 que el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, "no tiene poder alguno", al no haber podido "convencer" a los directivos de Botnia, la firma que más ha avanzado en su proyecto (ENCE todavía no inició la construcción de su planta), de que detuviesen los trabajos de construcción durante noventa días, plazo pedido por Buenos Aires para realizar una estudio de impacto ambiental "serio e independiente".

Los representantes locales de Botnia habían accedido en un primer momento a esa exigencia, lo que había llevado a que paralelamente los ambientalistas de la provincia argentina de Entre Ríos que durante más de dos meses cortaron los puentes binacionales sobre el río Uruguay levantaran provisoriamente su medida. Ambas decisiones habían hecho que se allanara el terreno para que por fin se celebrara una cumbre entre Vázquez y su par argentino Néstor Kirchner de la cual se pensaba que surgiría un acuerdo de salida del conflicto.

Sorpresivamente, el martes 4 la dirección de Botnia en Finlandia comunicó que sólo paralizaría las obras durante diez días. En esas condiciones, la cumbre se suspendió y los ambientalistas de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú volvieron a cortar el puente que los une a Fray Bentos. Resultado: no se ve otra perspectiva de salida, a uno y otro lado del río, que el recurso a los tribunales internacionales.

Uruguay ya elevó una queja ante el Tribunal de Controversias del Mercosur, denunciando a Argentina por el bloqueo de los puentes internacionales sobre el río Uruguay por organizaciones sociales argentinas que protestan contra la contaminación que generarán las dos usinas.

De acuerdo a la administración del socialista Tabaré Vázquez, esos cortes, que ni el gobierno provincial de Entre Ríos ni el gobierno federal argentino han querido reprimir, costaron hasta ahora a la economía uruguaya (por pérdidas fundamentalmente en los sectores turístico, de servicios y de transporte de carga y pasajeros) unos 300 millones de dólares.

Montevideo notificará de esta situación también a la Corte Internacional de La Haya, anticipándose a la denuncia que, a más tardar en mayo, presentará Buenos Aires ante ese mismo tribunal. Según explicó el canciller Jorge Taiana, Argentina elevará a la Corte dos planteos, uno de fondo, en el que intentará probar que Montevideo violó el tratado binacional del río Uruguay por no consultar a su vecino cuando decidió autorizar la implantación de las dos fábricas, a comienzos de 2005. El segundo planteo consistirá en pedir que se tome una medida cautelar "de rápida resolución" para paralizar de inmediato la construcción de las plantas debido a que "Uruguay se negó a presentar un estudio del impacto ambiental acumulativo" de ambas.

Para Aníbal Fernández de nada serviría que volviera a proyectarse una cumbre Vázquez-Kirchner porque el primero "no decide nada". La reunión debería ser "entre Kirchner y el presidente de Botnia", ironizó el ministro, ya que son "los finlandeses los que mandan" en Uruguay. Fernández recordó que en virtud de un tratado de protección de inversiones que Finlandia firmó con el gobierno uruguayo que precedió al de Vázquez, el del conservador Jorge Batlle, las empresas de ese origen se aseguran una protección "desmedida".

Otro Fernández argentino, el jefe de gabinete de Kirchner, Alberto Fernández, declaró a su vez que Uruguay padece de una "preocupante falta de soberanía".

Los dichos de "los Fernández" son "sólo tonterías", respondieron en Uruguay el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa y el ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi. "Los argentinos perdieron los puntos de referencia", agregó el primero.

En lo poco que en estos momentos coinciden los gobernantes argentinos y uruguayos es en adjudicar cierto grado de responsabilidad a Botnia por la nueva ruptura.

Un tercer Fernández, esta vez uruguayo, el secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, se había mostrado compungido, la semana pasada, por la falta de "sensibilidad" demostrada por la firma.

En la primera toma de distancia entre un jerarca gubernamental uruguayo y la transnacional finlandesa (hasta entonces el frente común entre los políticos uruguayos de todo pelo y los empresarios había sido sin fisuras) el secretario de Vázquez sugirió que de no haber sido por la actitud de Botnia el acuerdo entre partes era un hecho y la cumbre presidencial para refrendarlo también.

Argentina, según Fernández (el uruguayo), había admitido que, de demostrarse que no son contaminantes, las fábricas se levantaran donde estaban proyectadas, y Uruguay que las obras de construcción de las mismas se paralizaran mientras el estudio ambiental se llevara a cabo.
 
Pero "obviamente" la decisión final de Botnia de detener los trabajos apenas diez días fue considerada por los argentinos "muy insuficiente para la realización de un estudio de impacto ambiental serio", tarea para la cual exigían al menos 30-45 días, dijo Gonzalo Fernández.

"No les vamos a pedir (a los directivos de Botnia) más nada, salvo que recapaciten y que entiendan que cuando existen conflictos internacionales o binacionales de este tenor, amén del interés puramente comercial, hay que mirar y pensar también un poquito en otros aspectos. La Presidencia de la República lamenta hondamente que la empresa no haya sido más generosa en el otorgamiento de un plazo", destacó entonces el secretario de Tabaré Vázquez.

Y recordó igualmente que "si bien Botnia aporta una inversión de mil millones de dólares al Uruguay, a raíz de los bloqueos ilegítimos de los puentes Uruguay ya perdió casi 300 millones de dólares".

Pero las asperezas entre Botnia y el gobierno de Vázquez poco duraron, pese a que los finlandeses se negaron a rever su resolución. El clima de "unión nacional" en defensa de los inversores (se calcula que Botnia invertirá en Uruguay más de mil millones de dólares y Ence otros 680 millones) se recompuso casi de inmediato, más aun cuando da toda la impresión de que ya no hay margen para negociaciones bilaterales.

En el sector empresarial uruguayo, en particular entre los sectores más afectados por los cortes de ruta y de los puentes por los ambientalistas argentinos, ganan adeptos los partidarios de demandar al Estado argentino.

Unos treinta empresarios de diversas áreas que se consideran perjudicados por el bloqueo de los puentes internacionales mantienen reuniones con bufetes de abogados uruguayos y argentinos en función de esa posibilidad.

A su vez la Intergremial del Transporte de Carga, que emplea directamente a 30.000 personas, amenazó con bloquear, "luego de Semana Santa, todas las conexiones con Argentina. No vamos a dejar entrar ni salir ningún producto", advirtió su dirigente Diego Valverde.

Los camioneros estiman que perdieron por lo menos seis millones de dólares por el bloqueo de los puentes y que "los piqueteros argentinos pusieron en peligro miles de fuentes de trabajo en Uruguay".

Las autoridades argentinas están intentando que los bloqueos de los puentes en Entre Ríos cesen o no se reanuden, debido a que piensan que de continuar se limitarán sus posibilidades de éxito en los tribunales internacionales, tal cual resumió el gobernador de Entre Ríos Jorge Busti.

A todo esto se supo que a fines de abril llegará al Río de la Plata la canciller de Finlandia, Paula Lehtomaki, para entrevistarse con autoridades de los dos países. "La de Botnia es una de las mayores inversiones nacionales fuera de fronteras y queremos conocer la situación de cerca", dijo una diplomática finesa a la agencia argentina de noticias Télam.

Mientras el conflicto binacional se agudiza al punto de amenazar de muerte al propio Mercosur (el ex canciller de Uruguay Sergio Abreu cuestionó incluso a Brasil, por mantenerse "indiferente" y no estar a la altura de su condición de "líder natural" del proceso de integración subregional por ser el país más poderoso del área) hay quienes se preguntan por qué se ha llegado a este grado de enfrentamiento entre dos gobiernos "progresistas" en principio "amigos".

"El problema esencial es que este conflicto binacional es el emergente de un problema regional: el desembarco en gran escala de las empresas de celulosa europeas en América Latina", comentó en Buenos Aires el director político de la organización ambientalista internacional Greenpeace Juan Carlos Villalonga.

"Hay que plantear una negociación coyuntural por el caso de las plantas uruguayas, pero además hay que atender el cuadro general de la instalación de fábricas de este tipo, de enorme porte. El proceso comenzó en Brasil y Chile, y ahora se ha extendido al resto de América Latina", subrayó.

Al tiempo que se acentuaba el conflicto por las fábricas de Botnia y Ence se conocía en Uruguay la confirmación por parte de otra transnacional, la sueco-finlandesa Stora Enso, de su interés por construir una planta de celulosa en las cercanías del río Negro, que parte en dos y horizontalmente el país. El presidente de la firma llegará en mayo a Montevideo.

La inversión de Stora Enso sería superior a la suma de las de Botnia y Ence, ya que se la estima cercana a los 1.800 millones de dólares, y su planta estaría entre las mayores del mundo en el sector.

"La industria del papel tiene altos impactos. Necesitamos convivir con ella porque se ha hecho imprescindible, pero hay que forzarla a marchar hacia un sendero de sustentabilidad", señaló Villalonga. ¿Será posible? Para el canciller argentino, Jorge Taiana, no. "En Finlandia, Botnia respeta normas ambientales que en el Río de la Plata no respetará", dijo.        

Fuente: lafogata.org