El próximo 9 de abril se realizaran las elecciones presidenciales en Perú y según las autoridades votaran más de 16 millones de peruanos. Este proceso electoral muestra con nitidez que en este país la crisis del sistema político en lugar de disminuir se ha profundizado aún más. El montaje electoral, con sus vicios, trampas y su modalidad fuera de la ley no deja dudas de la estafa que se prepara contra la población peruana. El ingrediente principal de esta situación es la ínfima calidad moral y política de los candidatos en competencia. Delincuentes, prontuariados, responsables de secuestros, torturas y crímenes de miles de peruanos, son los candidatos que disputan la presidencia de la Republica y algún curul parlamentario. La naturaleza corrompida de estas elecciones sobresale y es notoria en la forma que actúan los aspirantes a presidente o parlamentarios. En Perú cualquier charlatán, mafioso o de los bajos fondos se irroga el derecho de aspirar a sentarse en el sillón presidencial y ocupar un puesto en el parlamento. Sus ofrecimientos de campaña electoral, demagógicos y falsos, han salido del mismo libreto utilizado por Fujimori, Toledo, García Pérez y todos esos presidentes frutos de la lumpenización y descomposición del Perú oficial.

Los grupos políticos y los frentes electorales formados para la ocasión son organizaciones lúmpenes que zanjan a tiros de balas sus contradicciones internas y cada puesto de preferencia en la lista al parlamento se vende en dólares constantes y sonantes. Uno de estos casos se refiere a José Vega secretario general de Unión por el Perú (UPP, que lidera Ollanta Humala), ha sido denunciado por sus propios correligionarios de cobrar cupos por los puestos en la lista para congresistas. Sobre el mismo caso, en enero de este año los diarios peruanos publicaron un escándalo protagonizado por José Vega y Dante Yorges Secretario de Movilización de esta misma organización (UPP) quien había contratado un sicario para asesinar al primero de los nombrados.

Hay varios candidatos que por sus antecedentes penales deberían estar en prisión en lugar de pretender la presidencia del país. Uno de ellos es Alan García Pérez del Partido Aprista (APRA) acusado de ser el responsable de cientos de asesinatos, corrupción, organización de escuadrones de la muerte (comando Rodrigo Franco) y saqueo del dinero del Estado. Otro, es Ollanta Humala, ex militar sindicado por las propias victimas o los familiares de estas de haber cometido crímenes de guerra en 1992 y en cuya lista electoral se anotan prontuariados, delincuentes y fujimoristas. O también Martha Chávez, una de las más radicales defensoras y cómplice política de los crímenes y genocidios cometidos durante el nefasto régimen de Fujimori y Montesinos. Muchos analistas afirman que su campaña electoral se financia con el dinero del robo y del narcotráfico que acumuló Alberto Fujimori durante diez años en el gobierno. Lourdes Flores, candidata de la derecha tradicional, representa en estas elecciones las clases sociales y grupos de poder que en estos últimos 50 años fueron soporte de gobiernos civiles o militares corrompidos y criminales.

Esta crisis se expresa también en la descomposición de las organizaciones y partido políticos de los grupos de poder y del imperialismo, incluida la izquierda oficial. La crisis ha corroído todos los partidos políticos oficiales del Perú, y la existencia de estos es solamente en los periodos electorales. Allí por ejemplo salen a flote los retazos de la izquierda oficial (algunos dicen izquierda caviar) para hacer su acostumbrado juego político que consiste en presentar su propia candidatura (sabiendo que sacaran una miseria de votos), pero en realidad solo buscan un reacomodo con los ganadores de las elecciones. Apoyar el "mal menor" para subirse al carro del triunfador. Desde el año pasado ya tocaron la puerta al grupo de Ollanta Humala en busca de algunos puestos en el congreso. El Partido Socialista (PS) de Javier Diez Canseco fue el primero en buscar una alianza con Humala, y seguidamente lo hicieron los dirigentes de Patria Roja (Partido Comunista del Perú) que en uno de sus últimas conferencias partidarias tuvieron como invitado de honor a Ollanta Humala y a la esposa de éste. Así con el mismo descaro cuando apoyaron y dieron sus votos al APRA en 1985 y después en 1990 a Alberto Fujimori, y seguidamente en el 2001 a Alejandro Toledo, ahora ya calculan la venta de sus raleados votos al mejor postor.

Hasta aquí en líneas generales el problema de la crisis política del Perú y su interrelación con el próximo montaje electoral que resultara no solo una nueva estafa para el pueblo peruano, sino que traerá un gobierno mas corrupto y mas criminal que los anteriores. Pero esta nota quedaría inconclusa si no hacemos mención, como una muestra de la ilegalidad de este proceso electoral, un resumen del historial de algunos de los candidatos favoritos.

Alan García Pérez: Acusado de robos y de matanza masivas de prisioneros y campesinos.

Alan García Pérez, líder del Partido Aprista Peruano (APRA) y uno de los favoritos para ganar la carrera electoral. García Pérez fue presidente del Perú entre 1985 y 1990, cuyo gobierno ha quedado en la memoria del pueblo como uno de los más corruptos y criminales de la historia peruana. Nadie podrá olvidar los cerca de 10 mil muertos a causa de la política contrainsurgente del gobierno aprista. Y nadie podrá olvidar los 12 millones de peruanos hundidos en la pobreza y extrema pobreza del periodo alanista. En 1991, cuando Alan García ya no estaba en el gobierno, fue acusado por el parlamento por diversos delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito, contra la fe publica, coimas en la compra de aviones de guerra (Mirage 2000), y otras graves acusaciones. García frente a sus inquisidores, de la misma forma que lo hiciera años después Fujimori, salió huyendo del país para salvarse de la sanción penal que le esperaba. Mas adelante, gracias a un arreglo entre el fujmorismo, el APRA y otros grupos políticos corrompidos, pudo "blanquear" sus delitos contra el Estado y la nación, y regresar al Perú limpio de "polvo y paja". Entre 1990 y el año 2000 el APRA mantuvo estrechas relaciones secretas con el Servicio Nacional de Inteligencia Nacional (SIN) y el gobierno de Fujimori. Agustín Mantilla, alto dirigente de este partido y hombre de confianza de Alan García fue el encargado de hacer las coordinaciones con Vladimiro Montesinos jefe del SIN y agente de la CIA americana, de quien recibió apoyo económico para sostener al APRA.

El 14 de agosto de 1985, García tenia un mes en el gobierno cuando una patrulla del ejercito dirigida por el teniente Telmo Hurtado asesino a 69 campesinos en Accomarca (Ayacucho. Entre los campesinos eliminados había niños, ancianos y mujeres. Telmo Hurtado justifico esta matanza y el gobierno lo ascendió a capitán. De ahí para adelante, la política de seguridad interna del gobierno aprista se basaría en el crimen, la tortura, el secuestro y la ejecución clandestina organizada desde el Estado. En octubre de 1985 bajo la responsabilidad del gobierno la policía quemó vivos a 34 prisioneros de guerra recluidos en la prisión de Lurigancho (Lima). En junio de 1986, el gobierno aprista ordenó la matanza de 300 prisioneros en las cárceles de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara.

El régimen de García Pérez fue el primero en organizar grupos paramilitares que se encargaron de secuestrar y ejecutar clandestinamente a los enemigos del gobierno. En 1988 en el seno del Servicio de Inteligencia del Ejercito (SIE) se creo el grupo clandestino llamado "Escorpio", cuya objetivo fue realizar operaciones clandestinas de secuestro y asesinatos contra supuestos subversivos y opositores al régimen. El grupo Escorpio tenía el apoyo del gobierno y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Casi en el mismo periodo, Agustín Mantilla, aprista, ministro del Interior y brazo derecho de Alan García, organizó el comando "Rodrigo Franco". Este grupo en el que participaban el jefe de la policía antiterrorista de ese entonces (el general Reyes Roca), y militantes apristas como el "chito" Ríos, y otros, fue responsable de una centena de acciones terroristas clandestinas y del secuestro y muerte de dirigentes sindicales, profesionales, abogados, dirigentes políticos, estudiantes, periodistas, y otros. Algunas de sus victimas fueron el abogado Manuel Febres y Saúl Cantoral dirigente sindical de la Federación Minera del Perú.

Ollanta Humala: Los crímenes de guerra y su relación con los hombres de Montesinos.

Otro de los candidatos presidenciales es Ollanta Humala Tasso, comandante retirado del ejército y líder de Unión por el Perú (UPP) y del Partido Nacionalista Peruano, una coalición electoral integrada por trásfugas, personajes sin historia política, altos funcionarios del actual gobierno, y militares retirados de la época de Fujimori y Montesinos. Ollanta Humala ante de ser candidato a la presidencia debería ser juzgado por secuestros, torturas y crímenes cometidos cuando participó en los planes contrainsurgentes elaborados por el gobierno de Fujimori y las fuerzas armadas. En 1992 estuvo destacado en la zona de Tingo María (Huanuco) cuando ya Fujimori y Montesinos habían convertido al Perú en un inmenso cuartel militar con cementerios clandestinos y escuadrones de la muerte. Con el grado de capital fue el jefe de la base militar de Madre Mía, y actuaba con el seudónimo de "capitán Carlos" donde según diversas denuncias dirigía operaciones de secuestros y ejecuciones clandestinas de pobladores acusados de subversivos.

En febrero del 2002, mucho antes de que Humala sea candidato a la presidencia, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), recibió varias denuncias de los crímenes del "capitán Carlos". Una de estas denuncias es de Aura Felipe Hermosilla quien señala que en junio de 1992 las tropas de Humala secuestraron y desaparecieron a su esposo, Miguel Herrera Ortiz. Otra de denuncias es de Norvil Estela quien responsabiliza al ex comandante Humala de haber asesinado el 6 de junio de 1992 a su hijo Hermes Estela Delgado. La señora Hilda Acuña ha denunciado también que el 30 de enero de 1992, el "capitán Carlos" y una patrulla del ejercito secuestro y asesino a su esposo Anatolio Trujillo y a su hijo Wilder Trujillo cuyas victimas fueron acusadas de senderistas. Hay muchas otras denuncias como estas que indican que este aspirante a la presidencia del Perú y que ofrece un mundo mejor para los peruanos, no es más que un militar comprometido en crímenes y violaciones de los derechos humanos.

Ollanta Humala, como todos los militares con deuda de sangre con el pueblo, no se arrepiente y se siente orgulloso de su actuación en Tingo Maria como uno de los ejecutores de la brutal lucha contrainsurgente que implementaron los militares y que ha costado mas de 80 mil victimas en todo el país en el periodo que va de 1980-2000 (la comisión de la verdad y reconciliación habla solamente de 69,000 muertos). El se siente orgulloso que en un informe del ejercito se califique su actuación en la lucha contra insurgente en Tingo Maria con un puntaje de 97.1 sobre 100: 'En el informe se dice que en el año 92 participé con honor en la guerra por la pacificación del país. Obtuve el calificativo de sobresaliente', ha declarado en marzo del 2006 con orgullo. Claro lo de "sobresaliente" no fue gratuito, y con el mismo puntaje y calificativo fueron premiados los mas abomínales hechos sangrientos cometidos por miembros de las fuerzas armadas. Ollanta Humala sigue siendo el más fiel militar de las fuerzas armadas. No hace mucho dijo, "lo que necesitamos es reivindicar a nuestras Fuerzas Armadas", advirtiendo al mismo tiempo, '¡No toquen a las Fuerzas Armadas! ¡No toquen al Ejército!". ¿De qué ejercito habla Humala?. De ese cuerpo militar que constituye una lacra pesada para el pueblo peruano expertas en secuestrar y asesinar campesinos y pobladores desarmados. Son muchos los asesinatos, robos, masacres, incendios de pueblos enteros, violaciones de niñas, adultas, secuestros y torturas cometidos por los militares para pensar que el pueblo les puede guarda respeto y consideración. Al contrario la mayoría de los ciudadanos del Perú, sobre todo los que han sufrido las acciones contrainsurgentes, odian y desprecian a las fuerzas armadas y su accionar criminal. Las fuerza armadas del Perú, una de las mas ineptas y corruptas de América Latina, que con justa razón se ha dicho de ellas "estrategas de derrotas históricas", constituyen el principal escollo hacia una verdadera lucha por el cambio social y político del Perú.

¿Quiénes son los socios de Ollanta Humala?.

Entre los peonajes y asesores personales de Humala aparece el coronel del ejército (retirado) Antonio Loyola, que en 1992 firmo el 'acta de sujeción' y apoyo el golpe militar que organizo Montesinos y el general Hermosa Ríos. Carlos Torres Caro, el segundo vicepresidente en la plancha electoral de Ollanta Humala se ha visto vinculado a Genaro Delgado Parker un empresario de televisión (Panamericana Televisión), que durante el régimen de Fujimori recibía millones de dólares de manos de Vladimiro Montesinos y del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Delgado Parker estuvo en prisión y ahí se relacionó con el candidato a vicepresidente del grupo de Humala que se ofreció a defenderlo. Pero eso no es todo, en 1997 Carlos Torres en ese entonces titular de la 39 fiscalia provincial de Lima, fue denunciado penalmente por el abogado Gastón Ortiz por delito contra la administración pública. En el 2001 Torres fue nuevamente denunciado por delitos similares, pero misteriosamente ambas acusaciones fueron archivadas casi clandestinamente.

Otro candidato clave en la lista de Ollanta es Gonzalo García, primer vice presidente en su lista y el "hombre pensante" del grupo. Gonzalo Ortiz ha trabajado con todos los gobierno de turno, y es actualmente director del Banco Central de Reserva un cargo de confianza política recibida del gobierno de Alejandro Toledo. Según este personaje, un posible gobierno de Ollanta Humala se definirá como "neokeynesianismo de izquierda" que se identifica con el "modelo" de Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia, de Tabaré en Uruguay, y los planteamientos de la presidenta Bachelet de Chile. Hay por lo menos un ramillete de candidatos al parlamento con antecedentes penales o acusados por delitos graves. En esa lista figuran Pilar Núñez Miranda, Emiterio Tacuri Huarcaya, Jorge Quevedo Martínez, Víctor Mayorga Miranda, Ana María Centeno, Isaac Mekler Neiman, Aldo Estrada, José Vega Antonio, Hilaria Supa Huamán, entre otros. Todos estos tienen acusaciones en curso en los tribunales penales. Otro de los candidatos (en la lista de Humala) a un puesto en el "respetado congreso" peruano es Blas Miguel Silva Priselac, dueño de las empresas Bionaturista, Fitosana y Kaita, quien en la actualidad es investigado por el poder judicial respecto al delito de narcotráfico y lavado dinero proveniente de la droga.

Ollanta Humala Tasso, destaca dos hechos en su vida: el golpe "contra Fujimori en el 2000 y su actuación en "defensa de la patria y lucha contra la subversión". Es cierto se sublevó en la mañana del domingo 29 de octubre del año 2000 en el sur del Perú (Locumba (Tacna), y paradójicamente fue el mismo día y la misma hora cuando Vladimiro Montesinos salió huyendo desde el puerto del Callao hacia Venezuela. Muchos analistas peruanos, no con pocas razones, han interpretado la sublevación de Humala, como una forma de distraer la atención para permitir la fuga del asesor presidencial y agente de la CIA Montesinos. Esta sospecha tuvo muchos asideros, sobre todo por el hecho que este militar sublevado en lugar de ser sancionado por la alta jerarquía militar que no perdona estos casos de indisciplina, fue premiado con una agregaduría militar de dos años en Francia y después en Corea del sur y nada menos que con un salario de 8.200 dólares mensuales, además de 26, 000 dólares constantes y sonantes por "cambio de colocación". Pero esto no es el único caso de sospechas de vínculos entre Humala y Montesinos. En enero del 2006 la "La Ventana Indiscreta", un programa televisivo entrego pruebas de la ligazón entre Silvio Muñoz Villanueva integrante del equipo de campaña electoral Humala, y el coronel Roberto Huamán Escurra que durante el régimen de fujimori fue el brazo derecho de Vladimiro Montesinos. Silvio Muñoz es el encargado de administrar y vender los inmuebles que posee el coronel Huamán Azcurra, actualmente en prisión acusado de crímenes y robos.

Para concluir solo hay que decir que el pueblo peruano debe rechazar este proceso electoral. No debe dejarse engañar como un pobre carnero que va al matadero. Participar en este proceso, y votar por cualquiera de estos candidatos lúmpenes resulta una actitud de poca nobleza y va contra la dignidad de las personas. No votar, no acudir a las ánforas electorales, y rechazar estas elecciones es una acción mínima para salvar el honor de 16 millones de peruanos. Participar en estas elecciones es prestarse, conciente o inconcientemente, al juego sucio de los grupos de poder y del imperialismo que han organizado estas elecciones para encubrir la grave y profunda crisis política del Perú.