Sólo quien desconoce la gran tradición de lucha de los obreros del complejo siderúrgico de Lázaro Cárdenas, Michoacán, puede sorprenderse ante su revuelta de ayer.
Sólo grises y autoritarios burócratas que ignoran la sólida capacidad de resistencia y voluntad autónoma de los trabajadores pueden pretender que éstos reconozcan dócilmente a líderes sindicales nombrados por el gobierno y no respondan a las agresiones de la fuerza pública.
El paro de labores, la toma de calles, la defensa de la autonomía sindical, el rechazo a las agresiones policiales por los trabadores de la sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) no son cosa nueva.
La sección 271 obtuvo su registro el 14 de enero de 1973, cuatro años antes de que la planta acerera fuera inaugurada en forma oficial.
Previamente, los obreros habían intentado sin éxito formar un sindicato independiente.
La combatividad de los trabajadores del complejo comenzó desde el momento en que empezó a construirse. En 1972, 1973 y 1976 movimientos con alto contenido de espontaneidad pusieron las banderas rojinegras. En 1977, con la planta en operación, sus obreros estallaron una huelga. Lo mismo hicieron en 1979.
El sindicalismo de clase practicado por los obreros de Sicartsa no era una excepción en el sector metalmecánico. Trabajadores de compañías como Altos Hornos de México o Fundidora de Monterrey también lo vivieron, con muchas dificultades, desde mediados de los 70 y los 80. Sin embargo, la crisis económica de 1982 y la política de reconversión industrial en el sector cambiaron drásticamente el entorno de la lucha. La mayoría de los focos del sindicalismo democrático fueron derrotados.
En 1990, Sicartsa se privatizó en favor del grupo Villacero y más de 2 mil 600 obreros fueron despedidos. Gran parte de los mineros más integrados al sindicato, en quienes había una experiencia organizativa y de lucha, quedaron fuera de la empresa. La sección se debilitó y se impusieron comités ejecutivos cada vez más ajenos a la base de los trabajadores y más cercanos a la empresa. Las consecuencias no se hicieron esperar. En 1999 fue mutilado el contrato colectivo al ser modificada la tabla del bono de producción y disminuido el salario de los empleados. A pesar de ello, no pudieron doblegar la voluntad obrera.
En julio de 2001, los empresarios dieron inicio a una campaña para formar un sindicato blanco y desaparecer el contrato colectivo. Sicartsa compró a los funcionarios de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, y en la revisión contractual, que vencía el 31 de julio, se archivó el expediente alegando que el sindicato no contaba con representación jurídica.
Cuando los trabajadores discutían si estallaban o no la huelga, el entonces gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí, quien apoyaba a la empresa, mandó 500 granaderos para intimidar a los mineros.
El 14 de octubre de ese año, los charros trataron de manipular una asamblea para hacer creer a la base trabajadora que si no abandonaba el sindicato nacional minero nunca lograría aumento salarial y que se requería formar un gremio "independiente", que en realidad es blanco. Tres días después, los trabajadores destituyeron al comité ejecutivo charro y acordaron convocar a elecciones.
El 23 de octubre, mil 823 mineros, de un total de 2 mil 600, eligieron en asamblea un nuevo comité local, el cual no fue reconocido por Sicartsa.
Además, la empresa no dejó entrar a la planta a quienes estaban con el nuevo comité, levantó actas penales contra 12 trabajadores y despidió injustificadamente a 70.
En diciembre, los trabajadores instalaron un plantón en todas y cada una de las puertas de la planta para presionar a la empresa por su reconocimiento legal, mediante el cual impidieron la entrada de materia prima a la planta, así como la salida de productos. En lo que semeja una prefiguración de lo sucedido este 20 de abril de 2006, el día 19 de diciembre de 2001, granaderos provenientes de Morelia atacaron a golpes y balazos a los obreros que se encontraban en plantón y los corretearon por toda la ciudad. La población lo escuchó en la radio y muchos ciudadanos de Lázaro Cárdenas salieron a la calle a apoyar a sus vecinos: los trabajadores. La situación se invirtió y fueron los policías quienes terminaron correteados. El 20 de diciembre estalló la huelga. Finalmente los obreros ganaron.
Dos años y medio después, el 10 de agosto de 2005, las banderas rojinegras se colocaron nuevamente. Después de 10 días, el paro fue declarado inexistente. Sin embargo, los mineros mantuvieron tomadas las instalaciones durante mes y medio y obligaron a los dueños a negociar.
El 2 de abril de este año, los obreros estallaron una huelga por la pretensión gubernamental y de la empresa de imponer a Elías Morales como dirigente nacional del gremio y amenazaron con tomar el puerto. Los miembros afines a Morales fueron expulsados de la asamblea. Diecisiete días más tarde las autoridades laborales determinaron que el paro era ilegal.
Apenas 24 horas después de la declaratoria, los gobiernos de Michoacán y el federal enviaron a la policía a romper el movimiento gremial. Las fuerzas del orden actuaron con lujo de violencia. Los trabajadores se sublevaron y tomaron el complejo siderúrgico.
Apenas dos días antes, en Tultitlán, estado de México, los gendarmes dispararon por la espalda a un joven mexicano al que confundieron con un indocumentado centroamericano. El pueblo se amotinó.
Esos son los aires que soplan arriba; ésas son las tormentas que se están gestando abajo. La revuelta obrera en Lázaro Cárdenas, Michoacán, es la nueva Cananea, la celebre huelga con que comenzó la Revolución Mexicana de 1910-1917.
La represión en Las Truchas muestra que, más allá de las distintas siglas partidistas, la intolerancia y la incapacidad son la norma de los gobiernos de Vicente Fox y Lázaro Cárdenas Batel. Ambos se han manchado las manos de sangre obrera en nombre de las leyes.