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Ecuador
Petróleo: El Gobierno da la razón al pueblo
Ramiro Vinueza
Opción
Fustigado y presionado por las movilizaciones estudiantiles, por la huelga de
los trabajadores petroleros tercerizados, por los paros de diversas provincias,
que reclaman recursos para la atención de sus necesidades. Ante los contundentes
argumentos desarrollados por las más importantes organizaciones sociales del
país, por el Frente Patriótico por la Soberanía Petrolera, en el sentido que el
petróleo es un recurso que debe servir para atender las necesidades populares y
el desarrollo del Ecuador, el gobierno se vio obligado a presentar al Congreso
Nacional un proyecto de reformas a la ley de hidrocarburos.
No cabe duda que la presión popular por la salida de la transnacional OXY y por
renegociación de los contratos petroleros y la exigencia de la nacionalización
del petróleo, tiene que ver con la postura gubernamental pero inciden también la
debilidad política del gobierno y el gran déficit fiscal que tiene el
presupuesto general del estado.
Las reformas a ley de hidrocarburos fueron aprobadas en segundo debate por 55
legisladores de 69 presentes en el Congreso, con los votos del izquierdista
Movimiento Popular Democrático, de Pachakutik, Izquierda Democrática, Partido
Roldosista, Prian, Democracia Popular; Sociedad Patriótica, socialistas y
algunos independientes, el partido Social Cristiano se opuso junto a los
independientes. Por ahora estas reformas esperan el ejecútese del Presidente
Palacio, paso previo para su plena aplicación.
La ley establece que las empresas que tienen contratos vigentes deberán
compartir con el Estado el 60% de los ingresos adicionales en la exportación del
hidrocarburo y el restante 40% se queda con las empresas privadas, (la propuesta
del gobierno establecía 50–50). Para ello se tomará en cuenta el valor de venta
vigente a la fecha de suscripción del contrato. Se estima que por estas reformas
ingresarán al fisco alrededor de 500 millones de dólares anuales.
Estos hechos confirman la necesidad de manejar una poítica soberana que atienda
en primer lugar la necesidades del país y las demandas de los 13 millones de
ecuatorianos. Confirma también que en el país hay suficientes recursos para
atender su desarrollo y que aparte de estos 500 millones podrían recuperarse
otros 4.000 millones de dólares que se llevan las transnacionales petroleras por
contratos fraudulentos y por deudas con el Estado.
Por ello se insiste en la salida de compañía OXY que implica la reversión al
Estado de más de 100.000 barriles diarios de petróleo que significan 2.000
millones de dólares anuales. Esto también incluye la anulación de contratos
fraudulentos con Encana en el bloque Tarapoa por los cuales el estado pierde
40.000 barriles diarios, es decir 800 millones de dólares anuales; del campo
Palo Azul en manos de grupo Isaías y Petrobrás, con 20.000 barriles diarios y
365 millones de dólares anuales. Otros 100 millones de dólares le debe a
Petroecuador la Repsol–YPF por concepto de transporte del crudo por el Sistema
de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Esto por supuesto sólo podrá realizarse si
existe un manejo soberano del país y de nuestros recursos naturales.
Aunque es parcial, la aprobación de esta ley es un hecho plausible, con la cual
expande la necesidad de seguir luchando por una reapropiación de este recurso
natural para los ecuatorianos.
Las presiones no se han hecho esperar, primero fue el anuncio de que se
suspendían en Washington las negociaciones del TLC; que si bien luego fue
desmentido circunstancialmente, traerá algunos obstáculos. Los más rabiosos
opositores son internamente los abogados de las empresas petroleras que han
ejercido cargos públicos en el área petrolera en diversos gobiernos y que en su
momento allanaron el camino para la privatización de Petroecuador y para la
entrega de estos recursos a las transnacionales de las cuales fueron y son sus
empleados. Ellos son Fernando Santos Albite, Rene Ortiz, Edgar Terán, ex
canciller, Pablo Lucio Paredes, entre otros pocos que se desgañitan en los
medios de comunicación, pagan comunicados hablando de que se trata de una
'confiscación', de violación de tratados internacionales, de irrespeto a los
actos contractuales, entre otros argumentos con los cuales quieren hacer
retroceder al gobierno.
Junto a estos personajes se encuentren también las cámaras de la producción y de
comercio que defienden la firma del TLC y que ahora también exigen que el
gobierno rechace el proyecto aprobado por el congreso.
El gobierno vuelve al centro de las presiones por parte de las transnacionales y
la Embajada Norteamericana, el Partido Social Cristiano, las cámaras de la
producción y del pueblo que reclama la aprobación de estas reformas para que
esos recursos sirvan para atender las demandas que han venido haciendo durante
todos estos meses.
En pocos días sabremos hasta donde llega Alfredo Palacio.
Ramiro Vinueza es director del periódico Opción de Ecuador
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