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En Santiago militares uruguayos extraditados por caso Berríos
Requeridos para que respondan por su rol en la muerte del ex químico de la
dictadura
La Nación
Al Hospital Penitenciario, a la espera de conocer sus lugares de reclusión,
fueron trasladados los coroneles en servicio activo del Ejército de Uruguay,
Wellington Sarli y Eduardo Radaelli y el retirado Tomás Casella, requeridos
desde Chile para que respondan por su rol en la muerte del ex químico de la Dina,
Eugenio Berríos.
Una primera escala en el Hospital Penitenciario, ubicado en el Centro de
Detención Santiago Sur -ex Penitenciaria- , mientras se deciden sus lugares de
detención, realizan los tres militares uruguayos que esta mañana llegaron
extraditados al país para responder por el crimen del ex químico de la Dina,
Eugenio Berríos.
Se trata del coronel Wellington Sarli y el teniente coronel Eduardo Radaelli,
ambos en actividad, y el coronel retirado Tomás Casella, que fueron enviados
esta mañana al país, tal como lo dispuso la Suprema Corte de Justicia de Uruguay
el pasado 22 de marzo.
Luego de su arribo al Grupo 10 del Aeropuerto Internacional de Santiago, a las
10:30 de la mañana a bordo de un avión Hércules de la fuerza aérea uruguaya, los
uniformados fueron derivados al recinto de Gendarmería en donde son sometidos a
exámenes médicos.
El embajador de Uruguay en Chile, Juan Carlos Pita, dijo a radio Cooperativa que
"las autoridades de Interpol uruguayas hicieron entrega a las autoridades de
Interpol Chile, los ciudadanos van a ser trasladados al centro de detención
preventiva Santiago Sur a donde van a ser sometidos a una verificaciónde su
estado de salud".
Aún es incierto es el destino final que decidirán para su reclusión las
autoridades judiciales. El ministro que sutancia el caso, Alejandro Madrid, se
encuentra en su despacho del Sexto Juzgado del Crimen de la capital.
Proceso resistido en Montevideo
Los tres oficiales se encuentran procesados en ausencia por secuestro y
asociación ilícita en el caso del asesinato del químico de la disuelta Dirección
de Inteligencia Nacional -la primera policía secreta del ex dictador Augusto
Pinochet-, cuyo cadáver fue descubierto en abril de 1995 en una playa de El
Pinar, 28 kilómetros al este de Montevideo, maniatado y con dos balazos en el
cráneo.
Desde el 31 de marzo Sarli, Radaelli y Casella estaban detenidos en la Escuela
Militar de Armas y Servicios por orden del juez penal Gustavo Mirabal, tras
aprobarse la extradición a Chile.
La solicitud de extradición fue presentada por la justicia chilena y aprobada en
Uruguay por el juez Mirabal, por un tribunal de apelaciones y por la Suprema
Corte, cuya decisión es inapelable.
El Canal 10 de ese país, citando a "un vocero del gobierno" dijo que la
presidencia decidió anticipar para hoy el traslado a Chile de los militares,
pese a que inicialmente se había indicado que la fecha sería la del viernes 21.
Se presume que la decisión buscó evitar nuevas manifestaciones como la
registrada el 14 de abril, cuando clubes militares y policiales, en la
celebración del "Día de los Caídos en Defensa de las Instituciones", formularon
severas críticas a la extradición de los militares.
Berríos fue sacado de su país en 1991 por militares chilenos, en medio de la
investigación por el homicidio del ex canciller de Salvador Allende, Orlando
Letelier, cometido en Washington en 1976.
Permaneció oculto en Uruguay hasta 1992, protegido clandestinamente por
militares chilenos y uruguayos, hasta que intentó fugarse y fue ultimado por sus
custodios.
La última vez que se lo vio con vida fue en noviembre de 1992, cuando denunció
ante un puesto policial de Parque del Plata, a 44 kilómetros de Montevideo, que
estaba secuestrado en ese balneario y temía por su vida. La policía, empero,
devolvió al químico a sus captores, quienes lo llevaron con rumbo desconocido.
Procesados
En el caso Berríos están procesados por asociación ilícita los ex directores de
la DINE, generales (R) Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias; el mayor
(R) Arturo Silva, los capitanes (R) Jaime Torres Gacitúa y Pablo Rodríguez
Márquez, el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez y el teniente coronel (R)
Manuel Pérez. Por secuestro están Ramírez, Rodríguez, Lillo, Pérez, y los
oficiales uruguayos. Además, Covarrubias lo está por secuestro con homicidio.
Por infracción al artículo 295 bis del Código Penal -la obligación de los
funcionarios públicos de denunciar un delito-, el oficial (R) Mario Cisternas
junto a los suboficiales Marcelo Sandoval, Nelson Román y a la ex secretaria de
la Unidad Especial, Erika Silva. Y por obstrucción a la justicia Madrid procesó
a Emilio Rojas, ex agregado cultural de Chile en Uruguay entre 1990 y 1993. El
último encausado por asociación ilícita para el secuestro de Berríos es el ex
jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), brigadier (R) Manuel
Provis.