Nils Castro
Alai-amlatina

La independencia de Puerto Rico puede estar al alcance de la mano. Hasta reciente fecha, esta aspiración parecía una deuda moral que seguíamos siendo incapaces de honrar. El tema tiene un siglo de figurar en la retórica de casi todas las tendencias políticas latinoamericanas, y hace años se reitera sin oposición en las resoluciones de Naciones Unidas, pero sin visos de solución práctica. Hasta que un actor imprevisto le ha quitado el seguro al despertador.

En el 2000, tras recibir en la Casa Blanca al líder independentista Rubén Berríos, el Presidente Clinton creó un Grupo de Trabajo (a White House Task Force) sobre el status de Puerto Rico y sus opciones, que posteriormente fue confirmado dos veces por el Presidente Bush. Este Grupo presidencial está integrado por 16 agencias oficiales, entre ellas la propia Casa Blanca y los Departamentos de Estado, Defensa, Interior, Seguridad, Tesoro y Comercio.

En diciembre pasado, el Grupo dictaminó finalmente que el actual status puertorriqueño de Estado Libre Asociado (ELA), es de naturaleza colonial y transitoria, y que el mismo no se basa en el consentimiento mutuo. En consecuencia, agregó que, mientras dicho régimen persista, la Isla debe quedar sujeta al poder del Congreso. A la vez, recomendó que éste último legisle para que próximamente los puertorriqueños decidan, mediante referéndum, si están a favor o en contra de continuar su actual status de subordinación. Si prefieren la descolonización, deberá celebrase una segunda consulta, para escoger entre anexarse como Estado 51 de la Unión, o constituir una República independiente.

Ni tontos ni perezosos, el 2 de marzo pasado en Washington, 73 congresistas sometieron formalmente en la Cámara de Representantes un proyecto de ley (inicialmente coauspiciado por 54 republicanos y 20 demócratas) para encaminar a la Isla a la estadidad o la independencia.

No hay por qué sorprenderse. El caso es que en Puerto Rico las preferencias por las dos opciones anticoloniales (la anexión o la independencia) están creciendo, mientras que el Estado Libre Asociado pierde simpatías. Esta tendencia no es indiferente para el establishment norteamericano. En realidad, los intereses geopolíticos, militares y económicos que antes explicaban que Washington mantuviera la opción colonial han perdido toda vigencia. Para el interés norteamericano, los costos económicos, políticos y étnico- culturales de continuar el status colonial ya sobrepasan en exceso a los viejos beneficios.

Como botón de muestra, lo sucedido tras la épica movilización social que el mismo Rubén Berríos encabezó en el 2000 para que la Marina estadunidense abandonara la base naval de Vieques. La Marina no solo dejó Vieques, sino que unos meses más tarde también abandonó la enorme base de Roosvelt Roads, sin que aún se hubieran dado movilizaciones adicionales para reclamarlo. Ya no hay bases militares norteamericanas en la Isla.

Por su parte, el Partido Independentista Puertorriqueño no propone un cambio traumático, sino una transición pactada, a semejanza de lo que en su tiempo Omar Torrijos logró en Panamá para desmantelar el enclave colonial que envolvía al Canal y recuperar la vía acuática. Así, la propuesta independentista no pretende acentuar una confrontación con Estados Unidos sino, antes bien, elaborar una solución conjunta para terminar un problema del cual Estados Unidos también quisiera deshacerse.

Durante largos años el tema fue motivo de justificadas denuncias antiimperialistas. Pero lo que ahora se plantea es otra cosa, es dar el paso subsiguiente y abrirle camino a una solución que haga efectiva la independencia de esa nación latinoamericana y caribeña.