Nils Castro
Alai-amlatina

La independencia de Puerto Rico puede estar al alcance de la mano. Hasta reciente fecha, esta aspiraci�n parec�a una deuda moral que segu�amos siendo incapaces de honrar. El tema tiene un siglo de figurar en la ret�rica de casi todas las tendencias pol�ticas latinoamericanas, y hace a�os se reitera sin oposici�n en las resoluciones de Naciones Unidas, pero sin visos de soluci�n pr�ctica. Hasta que un actor imprevisto le ha quitado el seguro al despertador.

En el 2000, tras recibir en la Casa Blanca al l�der independentista Rub�n Berr�os, el Presidente Clinton cre� un Grupo de Trabajo (a White House Task Force) sobre el status de Puerto Rico y sus opciones, que posteriormente fue confirmado dos veces por el Presidente Bush. Este Grupo presidencial est� integrado por 16 agencias oficiales, entre ellas la propia Casa Blanca y los Departamentos de Estado, Defensa, Interior, Seguridad, Tesoro y Comercio.

En diciembre pasado, el Grupo dictamin� finalmente que el actual status puertorrique�o de Estado Libre Asociado (ELA), es de naturaleza colonial y transitoria, y que el mismo no se basa en el consentimiento mutuo. En consecuencia, agreg� que, mientras dicho r�gimen persista, la Isla debe quedar sujeta al poder del Congreso. A la vez, recomend� que �ste �ltimo legisle para que pr�ximamente los puertorrique�os decidan, mediante refer�ndum, si est�n a favor o en contra de continuar su actual status de subordinaci�n. Si prefieren la descolonizaci�n, deber� celebrase una segunda consulta, para escoger entre anexarse como Estado 51 de la Uni�n, o constituir una Rep�blica independiente.

Ni tontos ni perezosos, el 2 de marzo pasado en Washington, 73 congresistas sometieron formalmente en la C�mara de Representantes un proyecto de ley (inicialmente coauspiciado por 54 republicanos y 20 dem�cratas) para encaminar a la Isla a la estadidad o la independencia.

No hay por qu� sorprenderse. El caso es que en Puerto Rico las preferencias por las dos opciones anticoloniales (la anexi�n o la independencia) est�n creciendo, mientras que el Estado Libre Asociado pierde simpat�as. Esta tendencia no es indiferente para el establishment norteamericano. En realidad, los intereses geopol�ticos, militares y econ�micos que antes explicaban que Washington mantuviera la opci�n colonial han perdido toda vigencia. Para el inter�s norteamericano, los costos econ�micos, pol�ticos y �tnico- culturales de continuar el status colonial ya sobrepasan en exceso a los viejos beneficios.

Como bot�n de muestra, lo sucedido tras la �pica movilizaci�n social que el mismo Rub�n Berr�os encabez� en el 2000 para que la Marina estadunidense abandonara la base naval de Vieques. La Marina no solo dej� Vieques, sino que unos meses m�s tarde tambi�n abandon� la enorme base de Roosvelt Roads, sin que a�n se hubieran dado movilizaciones adicionales para reclamarlo. Ya no hay bases militares norteamericanas en la Isla.

Por su parte, el Partido Independentista Puertorrique�o no propone un cambio traum�tico, sino una transici�n pactada, a semejanza de lo que en su tiempo Omar Torrijos logr� en Panam� para desmantelar el enclave colonial que envolv�a al Canal y recuperar la v�a acu�tica. As�, la propuesta independentista no pretende acentuar una confrontaci�n con Estados Unidos sino, antes bien, elaborar una soluci�n conjunta para terminar un problema del cual Estados Unidos tambi�n quisiera deshacerse.

Durante largos a�os el tema fue motivo de justificadas denuncias antiimperialistas. Pero lo que ahora se plantea es otra cosa, es dar el paso subsiguiente y abrirle camino a una soluci�n que haga efectiva la independencia de esa naci�n latinoamericana y caribe�a.