El gobierno de Ecuador intenta extinguir el fuego de una protesta indígena contra el TLC con Washington, que se propaga por las provincias con bloqueos de vías y choques con la Fuerza Pública, que precipitaron la renuncia del ministro de Interior, Alfredo Castillo.
Al cabo de tres días de levantamiento, que dejan siete heridos y 16 detenidos, el gobierno se acercó a los indígenas en una gestión que coincidió con la dimisión de Castillo, un ex comunista que adujo desacuerdos con el manejo oficial de las manifestaciones de los sectores sociales.
"Lamentablemente, hay quienes todavía creen que los fusiles son la mejor forma de resolver la situación", declaró a la AFP el funcionario, cuya dimisión "verbal" fue aceptada por el presidente Alfredo Palacio, según Rigoberto Medina, portavoz del Ministerio.
Castillo, el tercer ministro de Interior que deja sus funciones en once meses de gobierno, consideró en su momento legítimos los reclamos sociales defendiendo siempre el diálogo, en contraste con otros miembros del gabinete opuestos a una salida bajo presión y partidarios del uso de la fuerza.
Horas antes de la renuncia, su viceministro Felipe Vega sostuvo un intempestivo diálogo con los indígenas en uno de los escenarios del levantamiento.
Tras el diálogo, Vega, posible sucesor de Castillo, dijo que el Ejecutivo dará respuesta en las próximas horas a las inquietudes de los indígenas.
Entretanto, Luis Macas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), afirmó: "Nosotros no nos cerramos al diálogo".
"Si es que Palacio no tiene la voluntad de hablar con el pueblo; si no está en la voluntad de consultar el TLC, nosotros le estamos diciendo que como él ha dicho que se quiere ir a la casa, ese es el mejor camino", añadió.
La conversación se desarrolló en el marco del levantamiento que mantiene bloqueadas carreteras de 10 de las 22 provincias y la ocupación pacífica de la catedral de Quito. La protesta recibió el miércoles el apoyo de estudiantes quiteños, que protagonizan disturbios.
La Conaie y otros sectores sociales reclaman al presidente Alfredo Palacio que se retire inmediatamente de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y que convoque una consulta popular para decidir sobre el acuerdo.
Además plantean la nacionalización del crudo, la expulsión de la petrolera norteamericana Oxy (que tiene un pleito con el Estado) y la anulación de un acuerdo antidrogas que permite a Washington el acceso y uso de una base militar ecuatoriana por diez años (hasta 2009).
Vega enfatizó que "el gobierno está negociando" el TLC y que el caso de Oxy "está en un proceso" a cargo del ministro de Energía, Iván Rodríguez, juez de última instancia en un trámite solicitado por la Procuraduría y la petrolera estatal Petroecuador, que propusieron la caducidad del contrato con la estadounidense.
A la espera de una respuesta del gobierno, los indígenas continuaban protestando en las vías de ocho provincias andinas (desde la frontera con Colombia hasta la frontera de Perú) y las amazónicas Pastaza y Zamora Chinchipe.
"La protesta se está radicalizando con una mayor participación de las bases", dijo a la AFP el vicepresidente de la Conaie, Santiago de la Cruz, y enfatizó que la medida "se mantendrá hasta el retiro de las negociaciones del TLC por ser perjudicial".
"Si no es así, el gobierno deberá comprometerse a convocar a una consulta popular para decidir sobre el TLC", añadió el dirigente.
Ecuador se apresta a reiniciar las tratativas en Washington el 23 de marzo, que podría ser la última ronda para definir el acuerdo.
Según de la Cruz, unos mil aborígenes y labriegos que partieron desde el Puyo (capital de Pastaza) marchan hacia Quito, avanzando unos 80 km hasta Ambato (110 km al sur).
Además de la rebelión indígena, los pobladores y organismos seccionales de de Tungurahua y Pastaza realizan una huelga indefinida desde el martes para exigir recursos al gobierno.
Un levantamiento indígena provocó la caída del ex presidente Jamil Mahuad, en enero de 2000. Los nativos también presionaron para la destitución del ex mandatario Abdalá Bucaram, en febrero de 1997.