Se argumenta habitualmente respecto de los perjuicios económicos para el país, el turismo, el comercio y hasta para los trabajadores.

¿Pero acaso es este en realidad el verdadero motivo de la protesta uruguaya?

Todos argumentos muy poco creíbles como irrelevantes que apuntan a encender los sentimientos más negativos y atrasados de los uruguayos.

El nacionalismo, al patriotismo, el paisito, el chovinismo, la "causa nacional".

Increíblemente todo ello en nombre de las transnacionales extranjeras, los estados ricos del norte, España, Suecia y Finlandia.

Dicen defender la soberanía nacional y con prepotencia exclaman a los cuatro vientos "a los uruguayos nadie va a venir de afuera a decirnos que debemos hacer".

Paradojalmente llaman a cerrar filas detrás de una causa nacional financiada por el Banco Mundial.

Y abren las puertas a los Estados ricos otorgándoles zonas francas que son parte de un territorio extranjero, les liberan del pago de impuestos, les conceden enormes ventajas casi coloniales, les permiten que se rijan por las leyes y arbitrios extranjeros en lugar de las nuestras.

No hay razones valederas detrás de los reclamos para impedir las formas de lucha de los argentinos del PIT CNT, el gobierno progresista, los grandes medios de prensa, el escritor Mario Benedetti y el Director municipal, Mauricio Rosencof.

Los dirigentes progresistas están en su derecho de defender las empresas extranjeras de la celulosa y argumentos a favor del capital tienen de sobra, sin tener que tomar otros prestados, sin pie ni cabeza.

El turismo uruguayo está fracasando desde hace un tiempo entre otras cosas porque Uruguay es un de los países más caros de la región, los precios son de hasta el doble que en Argentina y Brasil.

Los cortes de ruta y otras manifestaciones que impliquen movilizaciones, protestas masivas, afectan sobre todo la tranquilidad de los empresarios quienes temen al pueblo organizado.

Siempre se ha dicho que "el capital es cobarde" y si los monopolios extranjeros tienen un comienzo de dificultades y amenazas futuras podrían abandonar sus intenciones de instalarse en la región.

Ni el turismo, ni la libertad de trabajo, ni los perjuicios a la economía nacional, motivan los reclamos de los progresistas.

El turismo que importa a los empresarios hoteleros, inmobiliarios, bancarios, de la gran timba y la prostitución cara, no es el del "autito con los bultos encima de la baca" o el del pasajero del ómnibus con su mochila con destino al camping.

A ellos les interesa el que llega en velero, en avión, en crucero, el que tiene "vento", a ese que no lo detiene ni las aduanas, ni la Interpol y mucho menos los piqueteros.

La política del gobierno progresista en la actualidad -la de los socialistas, comunistas y tupamaros- es como la de los grandes y lujosos restaurantes de Punta del Este, "se reservan el derecho de admisión".

Y no necesitan como antes advertirlo en un cartel, con el precio que cobran selecciona a los clientes.

Los cortes de ruta se levantarían de inmediato -han dicho los vecinos de Gualeguaychú- si el gobierno progresista detuviera las obras en construcción por un tiempo, hasta que se dialogara en conjunto sobre las medidas de seguridad futuras de estas plantas.

¿Por qué no se acepta por parte del gobierno progresista esta propuesta que parecería razonable?

Pudiera ser por soberbia, o tal vez por dependencia de un contrato colonialista que se lo prohíbe.

Para ello el gobierno progresista necesita demostrar al Banco Mundial y a los monopolios extranjeros que en lo interno, tiene todo el apoyo de la sociedad, los sindicatos y de los partidos de todo el espectro político.

Hoy en día a pesar de que no existe más el comunismo, ni el peligro de la revolución socialista, los capitalistas siguen temiendo al pueblo organizado.

El FMI se saca la foto con los dirigentes progresistas. El Banco Interamericano de Desarrollo se saca su foto brindando con champagne con los dirigentes guerrilleros.

La foto de la familia que va desde la toma de la comunión hasta la del casamiento están a la vista y no como recuerdo, sino como garante de lo que se acuerda.

Y la foto sobre las plantas de celulosa comienzan a ser publicadas, para garantizarle a los inversores extranjeros que desde los trabajadores, parlamentarios, ministros, curas, intelectuales y hasta los artistas -ahora con el gran festival de Rosencof de 24 horas- están con la "causa nacional de la celulosa".

A los imperialistas no les interesa tanto la opinión de la Cámara de Industria o de la Asociación Rural en esta oportunidad, como le importa lo que piensan sobre las plantas de celulosa el PIT CNT y los intelectuales de izquierda.

A ellos les interesa mantener el control sobre los sectores políticos y sociales tradicionalmente enfrentados y no precisamente sobre sus aliados históricos.

Uruguay sin embargo, no es el ejemplo común y mayoritario en América Latina, no debemos dejarnos convencer que el proceso uruguayo es ejemplo o prototipo de algo en el continente.

En todas partes de nuestra América los pueblos continúan su lucha de independencia y liberación por el socialismo.

Comenzando por el ascenso al poder de los gobiernos revolucionarios, como el venezolano. Desde las duras confrontaciones obreras y campesinas, pasando por las luchas de las organizaciones sociales y los sindicatos clasistas, hasta los grandes enfrentamientos de la guerra revolucionaria en Colombia, son la moneda corriente de nuestra América.

El representante del PIT CNT, Fernando Pereira, afirmó en conferencia de prensa que "la instalación de las plantas de celulosa eran un hecho irreversible y a la vez cualquier medida para impedirlo resultaría irrelevante". De relevancia en cambio -sería según este dirigente sindical- el control obrero como única manera de proteger el medio ambiente.

Pero veamos lo que pasa y como se suceden verdaderamente los acontecimientos una vez que estos grandes monopolios se han instalado como sucede en México.

Vean donde quedan las promesas, los beneficios, el bienestar, los obreros su seguridad y la vida de sus familiares.

Enterarse de estas calamidades de los mexicanos es adelantarse a unos años más a los dramas posibles de la gente de Fray Bentos.

Pero claro que ahora todo es buena cara, mucha publicidad, donaciones a las escuelas, a los equipos de fútbol y solicitadas pagas en los medios de comunicación.

Donde los equipos de rescate tratan de retirar las rocas que los separan de 65 trabajadores atrapados en una mina de carbón, mientras sus familiares desesperados amenazan con ingresar al tiro, a pesar de la vigilancia del ejército.

Casi tres días después de que una explosión de gas llenó los túneles de la mina con rocas y escombros, los equipos de rescate no han encontrado rastros de los mineros, vivos o muertos, en la mina de la región norte del estado de Coahuila.

La falta de noticias incrementó la tensión entre los cientos de personas que esperan noticias de los mineros atrapados. Los miembros de la familia han acampado en el área, bajo un fuerte frío, desde la explosión ocurrida antes del amanecer del domingo.

Hombres y mujeres de una multitud de unas 600 personas le gritaron a Vilchis hasta que el funcionario se refugió detrás de una línea de cinco soldados que resguardan la entrada a la mina Pasta de Conchos, en la región norte del estado de Coahuila.

"¿Qué está ocultando?", gritó un hombre. "Si no nos dice la verdad entraremos a la mina".

"Nos dijeron que nos dirían algo a las tres de la tarde, pero nunca salieron. Queremos respuestas", afirmó.

Algunos de los familiares fueron presa del pánico cuando vieron la edición del martes del periódico local La Prensa de Monclova, cuyo encabezado era una cita de un minero sobreviviente, "Seguramente están muertos".

Sin embargo, Javier de la Fuente, un contratista de ingenieros para Grupo México el propietario de la mina y con 48 años de experiencia en minería dijo que era demasiado pronto para dar por muertos a los hombres atrapados.

Cuando se le preguntó si aún estarían vivos, respondió, "¿Pueden decirme cuál es el número ganador de la lotería esta noche?"

Algunos familiares oraban junto con sacerdotes y pastores en la boca de la mina, cerca del pueblo de San Juan de Sabinas. Las mujeres lloraban sin disimulo y oscilaban con los brazos alzados, mientras algunos hombres se secaban las lágrimas.

El pleno de la Cámara de Diputados de México demandó ayer al secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, y al director general, Fernando Flores, mediante un informe detallado de los preceptos de seguridad e higiene que operaban en la mina, y el resultado de las inspecciones recientes de las autoridades federales.

En el Senado, Luis Rico Samaniego planteó deslindar responsabilidades tanto de Industrial Minera México como de las autoridades responsables de la supervisión en la veta de carbón. Resaltó que en Coahuila 889 personas han perdido la vida en accidentes y derrumbes.

El punto de acuerdo aprobado en San Lázaro fue presentado por el diputado Miguel Alonso Raya, y avalado por las demás fuerzas políticas, "porque estamos ante una tragedia personal y humana que pudo evitarse".

"La presencia de los familiares en la puerta del recinto no es casual, los rescates se realizan a puerta cerrada, la información fluye con lentitud, la STPS emitió recomendaciones en enero, sin que se sepa si fueron atendidas; incluso una de las personas que participaron en la inspección fue de las que quedaron atrapadas; el titular de la secretaría declaró en el lugar de los hechos no saber qué pasó con las inspecciones".

Los argumentos del punto de acuerdo recalcan la denuncia de bajos salarios, la ausencia de medidas de seguridad y que pocos trabajadores estaban inscritos en la Seguridad Social.

Por lo anterior, los diputados decidieron demandar información tanto al Ministerio de Trabajo como a la Seguridad Social, dado que, según expertos en protección civil, explosiones como la ocurrida en la mina de San Juan de Sabines, "son evitables con el cumplimiento de las normas de seguridad elementales, como el monitoreo de niveles de gas".

Por su parte, ante la tribuna senatorial, Rico Samaniego resaltó, "Resulta increíble que la explotación del carbón, que genera millones de dólares anuales de utilidades, no se refleje en la economía de los trabajadores que deben laborar bajo tierra, con bajos salarios y pésimas medidas de seguridad".

En Ecuador la provincia de Napo fue declarada en estado de emergencia.

El documento, firmado anoche en Quito, dispone que las fuerza pública establezca las condiciones de seguridad requeridas para garantizar la integridad de la ciudadanía, así como la propiedad pública y privada.

El Ministerio de Economía deberá designar los recursos económicos necesarios para cumplir con lo que dispone la emergencia, indicó José Modesto Apolo, secretario de la Administración.

La decisión fue tomada por el Gobierno ante las medidas de lucha que se registraron. Las fuerzas vivas se tomaron la estación de bombeo, Sardinas, ubicada entre Baeza y El Chaco.

Los manifestantes se enfrentaron con miembros del Ejército que trataron de impedir la toma de las instalaciones petroleras. En los disturbios resultaron tres personas heridas de bala, quienes fueron llevadas al hospital de Baeza.

Henry Vargas, de Puerto Napo, tenía una herida en la pantorrilla izquierda; Angel Herrera, de Baeza, con herida en el muslo derecho, y David Guzmán, de Borja, con una pierna destrozada. Este fue llevado en la noche a Quito, pues corre el riesgo de perder la pierna.

Los manifestantes suspendieron el bombeo y anunciaron que se mantendrán en la estación hasta que se resuelva el paro.

Las protestas se radicalizaron tras la ruptura del diálogo con el Gobierno, una vez que fracasó la reunión planteada con el ministro de Gobierno, Alfredo Castillo, en Quito.

La delegación provincial esperaba la presencia de los ministros de Economía, Diego Borja, y de Obras Públicas, Derlis Palacios.

Pero los secretarios de Estado nunca llegaron al despacho de Castillo.

Castillo llegó para analizar la posibilidad de bajar el tono del régimen con respecto a su posición de no dialogar con las provincias en paro.

Durante el día los manifestantes, que mantienen bloqueada la carretera que entra a su provincia y la que permite el paso a la vecina Sucumbíos, se mantuvieron pendientes de la información originada en Quito.

Su principal medio de información fue la radio La Selva, con base en Tena, por la cual se mantenían al tanto de las negociaciones.

Caída la noche, por este medio se enteraron del plan de apertura de la vía, que sería ejecutado durante la madrugada por efectivos policiales y militares que se trasladarían desde Tena.

La información puso nerviosos a los manifestantes, quienes inmediatamente coordinaron acciones bajo la consigna de que no permitirían la apertura de la carretera.

Por ello se reforzó el bloqueo con el material proporcionado por el Municipio de Baeza, que con maquinaria pesada trasladaban los materiales necesarios para cumplir el cometido.

Mientras esto ocurría los ciudadanos esperaban la llegada desde Quito del alcalde de Tena, Washington Varela y del de Santa Clara, Rigoberto Reyes, quienes fueron los encargados de las conversaciones con el Gobierno, que se rompieron la tarde de ayer después de la negativa del régimen a aceptar los pedidos.

Con las autoridades seccionales se debía evaluar la medida y las opciones para radicalizarla, ya que esa fue la disposición de los manifestantes.

A diez minutos de camino, un centenar de manifestantes permanecía en control de la estación La Sardina, de donde fueron desalojados los militares encargados del resguardo.

La provincia de Napo incursiona por segunda ocasión, desde agosto del año pasado, en un paro de esta magnitud con millonarios costos para el presupuesto de Ecuador, que se sustenta en 40 por ciento de ingresos petroleros.

Napo exige obras de vialidad, de salud y de educación. A su pedido en el paro anterior se sumaron otras provincias amazónicas de la zona petrolera como Sucumbíos, que ahora se mantiene en un compás de espera.

Esta madrugada fueron detenidas 11 personas, entre ellos la prefecta de Napo, Gina San Miguel, el alcalde de Tena, Washington Varela, y el alcalde de Santa Clara, Rigoberto Reyes, según denunció el ex diputado de Napo, Edgar Rohn, desde esa provincia.

Según Rohn, los alcaldes y la prefecta están detenidos para que no puedan liderar la medida de fuerza.

Los 11 detenidos no cumplieron con el toque de queda, y tres de ellos estaban indocumentados. Washington Varela y Rigoberto Reyes están acusados de ser los responsables de los últimos sucesos ocurridos en las estaciones petroleras.

De acuerdo al comandante, en la estación de El Salado se produjeron cortes de los cables de energía eléctrica se sustrajeron los computadores que guardan la memoria de funcionamiento de las maquinas del Oleoducto de Crudos Pesados y 11 funcionarios fueron secuestrados. Las pérdidas son incalculables por la suspensión del bombeo, afirma Vinueza.

Del lado del Gobierno, el secretario de la Administración, José Modesto Apolo fue claro al señalar que el paro es eminentemente político y que el ejército y la policía tienen orden de capturar "a vándalos que alteren el orden y atenten contra la seguridad".

El gobierno uruguayo realizará un reclamo ante la OEA por el "bloqueo económico" que sufre el país por los cortes de ruta que realizan ciudadanos argentinos para impedir el ingreso a Uruguay, en protesta por la construcción de dos plantas de celulosa, dijo este martes la canciller interina Belela Herrera, mientras Gargano viaja por el mundo.

"Hay una propuesta del presidente progresista Tabaré Vázquez de llevar el tema a la OEA", dijo Herrera en declaraciones a los periodistas, aunque indicó que todavía "no tenemos definido" cuándo será presentada ante el organismo. "El presidente está preocupado", añadió.

En tanto, una fuente de la Cancillería dijo que "la decisión de ir a la OEA está tomada" y que "el reclamó será, en principio, realizado por el propio canciller Reinaldo Gargano o la vicecanciller Belela Herrera en Washington".

El gobierno uruguayo aún no designó un embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en la capital estadounidense.

Gargano se encuentra de visita en Moscú, y a partir del jueves visitará Madrid y Barcelona, para luego realizar una visita a París.

Asimismo, la fuente consultada señaló que el reclamo ante la OEA no invalida la decisión anunciada la semana pasada por Gargano de realizar una demanda a Argentina por los cortes de ruta ante un tribunal, "que seguramente será el Tribunal de Solución de Controversias del Mercosur, con sede en Asunción".

"La cancillería ya reunió a un conjunto de juristas que están abocados a estudiar el tema", añadió.

Argentina se opone a la construcción de las plantas de las empresas Ence de España y Botnia de Finlandia, con una inversión global de 1.800 millones de dólares sobre la costa de Fray Bentos, alegando daños ecológicos, en tanto tolera los cortes de ruta que realizan ambientalistas argentinos impidiendo el paso por dos de los tres puentes binacionales sobre el Río Uruguay.

Asimismo, fuentes oficiales del gobierno progresista dan cuenta de la molestia del presidente Vázquez con su par argentino Néstor Kirchner, quien "no respondió ni acusó recibo" de una carta que le remitió la semana pasada.

En la carta que envió el martes 14 a Kirchner con copias a los presidentes brasileño Luis Inácio Lula da Silva, al paraguayo Nicanor Duarte, al venezolano Hugo Chávez, al chileno Ricardo Lagos y al boliviano Evo Morales, Vázquez planteó formalmente convocar al Consejo Mercado Común, organismo de dirección del Mercosur, para abordar el tema.

Los bloqueos fronterizos de parte de ambientalistas argentinos se iniciaron en diciembre en las cabeceras de los puentes que unen a la ciudad argentina de Gualeguaychú con Fray Bentos y a Colón con la uruguaya Paysandú que según portavoces progresistas han causado importantes daños económicos a Uruguay.

El puente entre Gualeguaychú y Fray Bentos permanece cortado desde el 3 de febrero, mientras que el paso fronterizo entre Paysandú y Colón está bloqueado desde el pasado jueves 16.

Varios funcionarios uruguayos han calificado en los últimos días a los cortes de ruta como un "bloqueo económico", comparable al que realiza Estados Unidos contra Cuba.

"Conflicto hace peligrar Mercosur

El conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de dos plantas de celulosa hace peligrar la continuidad del Mercosur, y facilita la firma de un Tratado de Libre Comercio de Uruguay con Estados Unidos, una vieja aspiración del presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Economía Danilo Astori.

"En ambas márgenes del Río de la Plata se está produciendo una inimaginable escalada de confrontación en el problema de las plantas de celulosa que hace peligrar la continuidad del Mercosur" del que ambos países son socios junto a Brasil y Paraguay.

El ex presidente argentino Raúl Alfonsín señaló que, "El denodado esfuerzo realizado durante años para construir políticas que facilitaran la unión del cono sur de América puede lesionarse seriamente de continuar el enfrentamiento entre nuestros países".

"Argentina planea denunciar a Uruguay ante la Corte Internacional de La Haya, en tanto Uruguay advirtió que llevará el tema ante la Organización de Estados Americanos, en medio de una escalada de denuncias y declaraciones de uno y otro lado.

Para superar el conflicto, el ex mandatario argentino propuso la creación de "un organismo de vigilancia del Mercosur" que verifique el cumplimiento de normas tendientes a "limitar la contaminación a límites razonables", al estimar que pese a la oposición argentina las plantas "se van a construir de todas maneras". Una fórmula similar a la propuesta por el PIT CNT de Uruguay.

Por fin hemos conseguido las resoluciones del Octavo Congreso del PIT CNT del 2003 donde en su resolución Nro. 14 declara que:

"El Octavo Congreso del PIT CNT respalda la decisión adoptada por los Plenarios Sindicales Departamentales de Soriano y Río Negro, contraria a la instalación de las plantas de celulosa.

Aprobada por unanimidad."

¿Que pasó que ahora por unanimidad el Secretariado Ejecutivo del PIT CNT decide respaldar la instalación de las plantas de celulosa?

¿Acaso es esa la democracia sindical?

¿Y las declaraciones del presidente progresista en la localidad de Minas de Corrales en contra de las empresas contaminantes?

¿En qué quedaron ahora aquellas declaraciones de palabra?

La única política seria es la política de principios.

La verdad hace falta mirarla cara a cara, por dura que esta sea.

Y la verdad esta muy clara para los frenteamplistas y los sindicalistas de izquierda que confíen en una política de principios y no teman mirar la verdad de frente.

Con la presión y el coorporativismo político sindical se puede conseguir silenciar y obtener unanimidades a paso forzado.

Pero a la larga las consecuencias serán funestas para los trabajadores y sectores populares, que tarde o temprano han de despertar de su engaño y largo letargo al que han sido inducidos en su buena fe.

Una vez que las plantas de celulosa estén instaladas el dulce se terminará para la mayoría de los que hoy reciben algunas migajas.

Y sobrevendrá la amarga y dura realidad, como en México.

Entonces habrá que luchar, como en Ecuador. México o Gualeguaychú, donde los intendentes estarán a la cabeza de los levantamientos, junto a los trabajadores y familiares contra los empresarios y gobiernos estatales.

Pueblos enteros unidos contra la injusticia, la explotación, el deterioro del medio ambiente, las duras condiciones de trabajo.

Cuando eso ocurra ya nadie recordará ni lo que dijeron ni lo que hicieron estos dirigentes progresistas de hoy.

Como no recuerdan hoy los trabajadores lo que aprobaron por unanimidad hace dos años los representantes del PIT CNT.