Guillermo Waksman
Brecha

Hace unos meses, cuando se mencionó por primera vez la posibilidad de que Argentina recurriera a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para resolver la controversia con Uruguay por la construcción de las plantas de celulosa en Río Negro, parecía poco menos que una catástrofe. El miércoles 25 el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, después de reunirse con el presidente Néstor Kirchner, anunció que seguramente se recorrerá ese camino. Pero hoy, si se analiza el estado del conflicto entre los dos países, todo indica que se trata, antes que nada, de una jugada que permite mantener la posición del gobierno argentino y a la vez promover un alivio de la tensión provocada por las medidas tomadas por los vecinos del litoral argentino y por organizaciones como Greenpeace. Como señala Clarín en su edición de ayer, jueves, los gobiernos suelen recurrir a La Haya, un tribunal donde los juicios demoran cinco o más años, no sólo cuando están muy seguros de ganar, sino también cuando"ya no les importa perder, porque tienen pocas chances de conseguir un cambio por otra vía".

Si se tratara de una partida de ajedrez, bastaría una mirada sobre el tablero para comprobar que Uruguay tiene más piezas y mejor posición. Eso no significa que tenga razón en cuanto al fondo del asunto -por ejemplo, si las papeleras contaminan o no, si estará en condiciones de controlar su funcionamiento, si debió consultar a Argentina antes de autorizar su instalación-, sino sólo que su rival no tiene muchos movimientos para hacer. Como dijo el propio Busti, en un súbito ataque de realismo, Argentina no puede invadir ni romper relaciones con Uruguay por este asunto. Pero además los cortes de ruta a todos los usuarios del puente Fray Bentos-Puerto Unzué, o la detención de camiones -uruguayos o chilenos, abriendo con estos últimos un nuevo frente de lucha- en el de Paysandú-Colón, no pueden mantenerse en forma indefinida. Sus consecuencias económicas, judiciales y políticas se volverán en poco tiempo insostenibles y en cambio sus resultados no serán fructíferos; por lo tanto no retrasarán demasiado la construcción de las plantas ni, mucho menos, lograrán impedirla.

La reunión de Busti con Kirchner, el canciller Jorge Taiana y el jefe de gabinete Alberto Fernández tenía por objeto bajarle revoluciones al conflicto y, por consiguiente, contener al impetuoso gobernador de Entre Ríos, que por algo había llegado a sugerir la posibilidad de renunciar a su cargo. Pero la salida tampoco podía ser mandarlo para su provincia, encargarlo de impedir los piquetes -mediante la persuasión o la represión- y dar la cara ante los entrerrianos para decirles que tienen razón pero que se vayan para sus casas porque, por lo menos hasta ahora, la causa está perdida. Era necesario plantear de un modo más elegante la situación: el gobierno federal, que es el único habilitado para presentar la demanda ante la Corte de La Haya, está dispuesto a hacerlo si las autoridades provinciales -no sólo el gobernador sino las cámaras legislativas- se lo piden, pero el pueblo entrerriano tendrá que abandonar antes las movilizaciones porque estos organismos internacionales no actúan bajo presión.

Algunos dirigentes de la Asamblea de Ciudadanos de Gualeguaychú ya han declarado que la semana próxima podrían reunirse para considerar el levantamiento de los cortes de rutas, aunque por otro motivo: sostienen que podrían provocar un efecto contraproducente, el de aglutinar a las fuerzas políticas y sociales uruguayas en torno a la posición del gobierno de defensa de las plantas de celulosa.

Habrá que ver si finalmente Argentina concreta la demanda ante la Corte Internacional de Justicia; Esteban Valenti, un periodista muy allegado al presidente Tabaré Vázquez, sostiene que no (suplemento Bitácora, diario La República, jueves 26). En todo caso, Argentina nunca recurrió a ese tribunal, ni siquiera en ocasión de otros conflictos internacionales tanto o más graves que el actual -con Chile, por los hielos continentales y por el Beagle; con Inglaterra por las Malvinas-, pero esta vez, además de permitir una salida digna para un asunto que parece haberse escapado del control de los dos gobiernos, el procedimiento y los plazos podrían ser muy funcionales a los intereses argentinos. Es muy difícil que la Corte disponga como medida cautelar, al recibir la demanda, la suspensión de las obras, pero de todos modos el solo hecho de que intervenga genera inseguridad jurídica. ¿Se expondrán las empresas a construir sus plantas corriendo el riesgo de que, unos años después de inauguradas, el gobierno uruguayo, por resolución de la Corte de La Haya, les exija, por ejemplo, cambiar de tecnología?

En declaraciones formuladas ayer, jueves, a la radio Concierto FM, el canciller Reinaldo Gargano dijo que no tenía ningún temor al tribunal de La Haya y que está convencido de que Uruguay va a ganar el litigio. Pero señaló que recurrir a ese tribunal implica desconocer el organismo de solución de controversias que tiene el MERCOSUR, y sostuvo que hay gente interesada en destruir todo lo bueno que ya se ha hecho en el proceso de integración.

Cuando juega la celeste

Para el lunes 30 en Suárez y Reyes está convocada la primera cumbre de líderes partidarios del gobierno de Tabaré Vázquez. Seguramente Jorge Larrañaga (PN), Julio María Sanguinetti (PC), Pablo Mieres (PI) y Aldo Lamorte (UC) no tendrán reparos en respaldar unánimemente, por primera vez en 11 meses, una posición del presidente. No será un acto de "xenofobia nacionalista" -una casi insuperable formulación tautológica del presidente Kirchner- sino una coincidencia política: no hay que olvidar que, como en el cuento infantil del que puso el huevito y el que le echó la sal hasta llegar al pícaro gordito que se lo comió, la historia de la forestación uruguaya comienza en el primer gobierno de Sanguinetti -con la aprobación de la ley de 1987-, sigue con la presidencia blanca -cuyo titular fue un abanderado de esa causa, en todos los terrenos incluidos los propios-, y termina con Vázquez, en cuyo mandato comienzan a instalarse los grandes emprendimientos celulósicos y se anuncian cada semana otros nuevos.

Para el mismo lunes 30 está prevista la reunión del Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN) creado por Kirchner y Vázquez, en la que deberá aprobar su primer informe. Se sabe de antemano que no habrá una sola posición. Sin duda puede haber mayor coincidencia en algunos aspectos técnicos que en otros políticos, como ha sostenido Martín Ponce de León, subsecretario de Industria y presidente de la delegación uruguaya, pero las diferentes valoraciones de esos aspectos técnicos reforzarán la distancia, muy considerable, de las definiciones políticas.

Dentro de la izquierda, la Mesa Política del Frente Amplio respaldó el lunes 23 al gobierno nacional y a la Intendencia de Río Negro, y señaló que ambos "han defendido nuestra soberanía con firmeza". Declaró su "confianza en la capacidad técnica de los órganos correspondientes en materia de control medioambiental". En tercer término manifestó "su absoluta seguridad de que la controversia diplomática (sic) con Argentina se solucionará como siempre y no empañará nuestra histórica relación de vecinos y hermanos". Y lo último, pero seguramente no lo menos importante, reiteró "su más firme compromiso con la defensa del medio ambiente". La resolución fue votada por todos los grupos con representación parlamentaria, aunque el PCU se abstuvo con relación al segundo punto. Votaron en contra los delegados de base de Canelones y de Soriano, el 26 de Marzo, la Corriente de Izquierda y el 20 de Mayo.