Samuel Blixen
Brecha

Los derechos humanos ante el relevo de comandantes en jefe
Al comenzar febrero, cuando se producen los relevos militares y los jueces retornan de la feria judicial, la cuestión de los derechos humanos amontona materias pendientes.
Los dos comandantes de las Fuerzas Armadas que pasan a retiro la semana entrante se llevarán con ellos los secretos que desde los cargos que ocupan podrían haber sacado a luz. Tabaré Daners de la Armada y Ángel Bertolotti del Ejército abandonarán el cargo sin satisfacer el reclamo generalizado por saber dónde están enterrados los desaparecidos y los motivos por los que fueron asesinados durante la dictadura.
La "apertura" que significó en agosto último la entrega de los informes reclamados por el presidente Tabaré Vázquez sobre la suerte corrida por desaparecidos se diluye seis meses después, ante la obstinación por encubrir a los responsables directos de los asesinatos y a los mandos militares que ordenaron tales prácticas.
De los tres restos de cuerpos hallados hasta ahora en una chacra de Pando utilizada por la Fuerza Aérea, y en los predios del Batallón 13, sólo uno responde a datos aportados en los informes. En el escrito firmado por el teniente general (aviador) Enrique Bonelli se consignaron los lugares donde habían sido enterrados los cuerpos de dos detenidos muertos durante sesiones de tortura en dependencias de la base de Boiso Lanza. La identidad de uno de ellos, Ubagesner Chávez Sosa, un militante comunista desaparecido en 1976, fue confirmada a los familiares el martes 24, aunque el resultado de los análisis de adn no les fue comunicado.
En el Batallón 13, los hallazgos fueron una "sorpresa" que trastocó el esquema elaborado por la Presidencia y el general Bertolotti. Los dos conjuntos de restos -el esqueleto completo de un hombre y el antebrazo de una mujer- fueron ubicados gracias a la información confidencial aportada anónimamente por alguien que estaba en condiciones de dibujar en un croquis el lugar exacto del enterramiento.
La información coincidía con los numerosos testimonios de soldados aportados en su momento a la justicia, y con los estudios de los relevamientos aerofotográficos que mostraban los puntos concretos donde se habrían practicado enterramientos en ese cuartel.
Tanto el informe del comandante del Ejército como el documento final de la Comisión para la Paz descartaban la existencia de restos en el Batallón 13.
Ambos documentos coincidían en que los cuerpos allí enterrados habían sido removidos en la llamada Operación Zanahoria y se señalaban predios del Batallón 14 como lugar del ocultamiento definitivo.
El Ejército consignó en su informe del 8 de agosto que en el Batallón 13 sólo fueron inhumados Eduardo Bleier, Juan Manuel Brieba, Carlos Pablo Arévalo, Otermín Montes de Oca,Óscar José Baliñas y Óscar Tassino, y que se dudaba sobre el destino dado a Luis Eduardo González González. De la misma forma se sostuvo que Elena Quinteros -torturada en el 13-, María Claudia García de Gelman y Amelia Sanjurgo Casal, fueron enterradas en el Batallón 14. Pero los análisis de adn practicados a los restos hallados en el 13 no coincidieron con ninguna de esas identidades. Así, se reiteraron las dudas sobre la información brindada por los oficiales a los que se les solicitó que revelaran los secretos pero no se los conminó a que lo hicieran, cuando las excavaciones en busca de las víctimas del Ejército no dieron resultados.
El aporte de los datos sobre los desaparecidos de Boiso Lanza y la confesión sobre la existencia del llamado "segundo vuelo" (el traslado a Uruguay en octubre de 1976 de prisioneros capturados en Argentina) no exime al general Bonelli por su participación en los múltiples operativos de extradiciones clandestinas. Pero su actitud quizás contribuyó a la decisión del presidente de mantenerlo al frente de la Fuerza Aérea.

Las deudas con la verdad

El general Bertolotti, por su parte, desperdició una magnífica oportunidad de emerger como el militar que eliminara el terrible peso que soporta la institución. Una vez recibida la orden impartida por el presidente, el comandante del Ejército quedó a medio camino: decidió acatarla pero no reiterarla a sus subordinados, que fueron "invitados" a señalar dónde habían ocultado las pruebas de sus crímenes. La consecuencia fue que el propio presidente quedó prisionero de la información falsa aportada por quienes asesinaron a María Claudia García.
Bertolotti no supo -o no quiso- resolver el intríngulis y tampoco se sintió interpelado por la revelación de su colega Bonelli: hasta ahora ha guardado silencio sobre la identidad de una veintena de prisioneros del "segundo vuelo", que desmorona la piadosa interpretación de que los militares uruguayos del Cóndor sólo son responsables de 32 desapariciones. La reticencia a admitir que uruguayos capturados en el exterior fueron repatriados y desaparecidos en Uruguay sería la clave para entender las contradicciones y omisiones que salpican la búsqueda de restos. La aparición de restos pertenecientes a prisioneros de Argentina elevaría el número a más de 200 víctimas, probaría el grado de premeditación y ensañamiento y modificaría la explicación oficial según la cual las desapariciones fueron el resultado de muertes no planificadas producto de los "excesos" en los interrogatorios. Por el contrario, se demostraría lo que para todo el mundo es una evidencia: que los militares uruguayos del Cóndor compartieron las prácticas de sus colegas argentinos de asesinatos masivos y sistematizaron los enterramientos secretos con la doble finalidad de extender el terror y a la vez apropiarse del botín dejado por las víctimas.
A diferencia de Bertolotti, que elude la investigación de grandes capítulos de la responsabilidad del Ejército por la vía del silencio, las omisiones del marino Tabaré Daners llegan al extremo de negar la evidencia. Una carta firmada por decenas de ex militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU) y difundida a comienzos de semana, pone los puntos sobre las íes. "Los abajo firmantes pertenecimos a los Grupos de Acción Unificadora, habiendo sido detenidos entre los meses de noviembre de 1977 y junio de 1978 por personal militar del Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA), dependencia perteneciente a la Armada Nacional, ubicada en el Puerto de Montevideo" comienza la carta. "Una vez terminado el interrogatorio y arrancadas bajo tortura las declaraciones de los detenidos, se labraba un acta. Firmada el acta y culminada esa etapa, se daba pase al llamado "juez sumariante".
Los firmantes consignan: "Es imposible, y usted comandante Daners que revistó en el FUSNA siendo teniente de navío lo sabe, que en el contexto descrito cualquier integrante del mismo - jueces sumariantes, médicos y odontólogos incluidos- ignorara lo que allí ocurría. Su despacho en el FUSNA, donde usted oficiaba de "juez sumariante", estaba muy cercano al sitio donde se nos torturaba físicamente, siendo su rol aplicar la presión psicológica necesaria al detenido para que con su firma ratificara un acta ya labrada. ¿No era eso tortura psicológica? ¿Y qué diferencia moral existe entre aplicar la tortura física que usted dice no haber realizado o torturar psicológicamente en las circunstancias que describimos?".
Las víctimas del FUSNA acusan a Daners de tener "una deuda con la verdad, que es una deuda con los desaparecidos, con sus familiares, con el pueblo uruguayo y tal vez con su propia conciencia (.) ¿Cómo puede validar con su firma un documento que describe el trágico destino de nuestros compañeros en la República Argentina, sin ocurrírsele investigar las implicancias de sus camaradas de armas en esos hechos? ¿Cómo puede soslayar la inocultable relación entre ambos hechos? ¿Qué significaba esa "coordinación"? Porque el FUSNA, "su" FUSNA, tenía información de compatriotas en Argentina, compatriotas por los que fuimos interrogados en el FUSNA y de los que nunca, hasta ahora, nadie supo (o quiso) dar noticias".

Otras deudas