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Latinoamérica
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Perú: el plano inclinado de Húmala
Gustavo Espinoza m. (*)
www.lafogata.org
Después de liderar las encuestas durante dos semanas consecutivas, Ollanta
Humala Tasso -el militar nacionalista peruano- no solamente llegó a "su techo",
sino que comenzó a descender abruptamente en las preferencias electorales. Así
lo acreditan las encuestadoras, que ciertamente son de poco fiar, pero también
el estado de ánimo de la población, que pierde de pronto el entusiasmo que
levantó precariamente el oficial que sirviera como Agregado Militar en las
embajadas de Francia y Corea del sur en el pasado reciente, bajo la
administración Toledo.
Dos elementos inciden poderosamente en algo que el mismo Ollanta acepta hoy como
un hecho objetivo, y que atribuye más bien a la intensa campaña de "demolición"
emprendida por la derecha contra su figura. Ella existe, sin duda, pero ha
tocado fibras sensibles que tienen relación directa con la percepción de los
peruanos en asuntos claves del proceso político: el entorno del candidato y sus
antecedentes sobre todo en el tema de los Derechos Humanos.
Tanto Unión Por el Perú -la UPP- como el Partido Nacionalista, son fuerzas
políticas inconsistentes. La primera surgió a la sombra de un buen nombre
-Javier Pérez de Cuellar- cuando se trató de enfrentar en 1995 a Fujimori en una
contienda electoral, pero no cuajó. Luego de su derrota, el ex Secretario de
Naciones Unidas se alejó del movimiento y éste quedó virtualmente desmantelado.
Posibilitó sin embargo en sus estertores que algunos alcanzaran cupos
parlamentarios a partir de la estela que perfiló, pero no supo acreditar
eficacia en el escenario. En el extremo, hoy es casi un membrete en poder de
personas desconocidas que creen tener una suerte de sortilegio en las manos y se
aprestan a usarlo para ver qué consiguen.
El Partido Nacionalista, entre tanto, es simplemente una ficción. Se trata, en
lo fundamental, de los "Reservistas" del ejército, que organizara en su momento
Antauro Humala y cuyos representantes más caracterizados están presos por los
sucesos de Andahuaylas de enero del año pasado. Ellos quisieran ahora ser
candidatos al Congreso para librarse del juicio incoado en su contra, pero no
tienen base social ni electoral alguna. Por eso Ollanta no los acepta. Ni a
ellos, ni a su hermano Antauro, con el que, sin embargo, podría entenderse
finalmente en determinado momento. Pero cuando eso ocurra -si ocurre- el maíz
estará completamente desgranado y las posibilidades parlamentarias de los
reservistas se habrán simplemente esfumado.
Por la inconsistencia de esas estructuras políticas -es un extremo de
generosidad llamarlos "partidos"- surgieron en las dos últimas semanas rupturas
y enfrentamientos dramáticos, no exentos de amenazas de muerte y otras lindezas
en la pelea por los cupos parlamentarios, hoy tan apetecidos. La situación
marchó tan mal en la materia que ahora se perfilan dos listas parlamentarias del
Partido Nacionalista, y dos segmentos que se atribuyen a sí mismos ser la UPP.
El otro tema, ciertamente más delicado, tiene que ver con los antecedentes de
Ollanta, que de pronto apareció con su rostro del pasado, como el "Capitán
Carlos", que asoló en los años de la guerra sucia a las poblaciones situadas en
las orillas del río Huallaga, en la selva alta del departamento oriental de
Ucayali. Ollanta no ha podido negarlo de manera consistente, y la Coordinadora
de Derechos Humanos -hasta hoy impecable en la defensa de los mismos- lo ha
confirmado. Ollanta estuvo, en efecto, entre enero de 1992 y enero de 1993 en
una zona convulsa en la que la vida no valía nada. Centenares -y quizá hasta
miles- de personas fueron ilegalmente privadas de la libertad, sometidas a
aberrantes torturas y luego ejecutadas. Sus cuerpos fueron lanzados al río para
no dejar huella.
Claro que será indispensable indagar y reconstruir los hechos para deslindar el
grado de responsabilidad que le cupo a cada quien en esos episodios siniestros.
Pero eso tendría que ver con un procedimiento de orden penal. Para tener una
noción política del hecho baste saber que ese fue el papel que cumplieron -con
lógica siniestra y maestría aprendida en las escuelas antiterroristas montadas
en el istmo panameño- todos los grupos operativos que actuaron en el interior
del país en esa etapa, en la que el Perú vio cómo los servicios de inteligencia
extranjeros -la CIA- procedían a fascistizar al ejército peruano asegurando que
todos sus integrantes mataran, violaran, torturaran y robaran a las poblaciones
indefensas para afirmar una complicidad más segura. Lo que hizo Ollanta como
Capitán Carlos, lo hizo también con seguridad Antauro, como Comandante "Corpus
Christi" en la selva de Huánuco, y Thelmo Hurtado en Accomarca, y antes el
Comandante Camión -Alvaro Artaza- en Soccos-. Pero se hizo también en
innumerables lugares que fueron virtualmente convertidos en cementerios por una
fuerza que ocultó sistemáticamente sus crímenes. Por eso, hasta hace apenas dos
semanas, la derecha pidió a gritos algo que hoy apenas susurra: que se
"amnistiara" a todos y que se extendiera un manto de "olvido" sobre el tema.
Pero el tema no es entonces sólo Ollanta. Y la Coordinadora de Derechos Humanos
ha hecho bien en demandar que el Ministerio de Defensa revele lo que hasta hoy
ha ocultado celosamente: la verdadera identidad de los centenares de oficiales
que jefacturaron los grupos operativos que actuaron en el periodo en distintos
lugares del país. Si así ocurriera, se haría luz sobre la sangre.
Para agravar la situación de Ollanta Humala hoy la derecha pide que "lo
investiguen" y "lo sancionen". A ese pedido se ha sumado, con descarado
desenfado Alan García. Pero si la indagación se extendieran y aparecieran otros
autores de esa política y los responsables políticos de la misma, volvería a
pedir la "amnistía" para quienes "defendieron a la patria". Pero para eso, ya
habrían tenido lugar las elecciones.
La Comisión de la Verdad en el Perú tuvo el mérito de colocar sobre la mesa de
los peruanos los crímenes cometidos contra el pueblo. Pero no fue capaz de ir
"más allá" porque los mandos castrenses ocultaron información que los gobiernos
tampoco se atrevieron a exigir. Hoy está planteado el reto. No basta que
confirmen el "nombre de combate" de Ollanta Humala. Es indispensable que corran
la cortina para que veamos todo el escenario. Y es que, como lo dijimos desde un
comienzo, el, problema en el Perú no es electoral: es político. Y la caída de
Ollanta en las encuestas no resuelve nada. La impunidad sigue siendo el factor
dominante, y la complicidad se afirma. (fin)
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera. www.nuestra-bandera.com
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