Latinoamérica

En la gestión del proceso electoral haitiano la comunidad internacional aplicó una divertida fórmula taylorista que salta a los ojos.  Más que una distribución de tareas en el sentido clásico del término, es una fórmula que permite a cada fracción de esta comunidad tener su coto reservado y su esfera de influencia.  Al PNUD se le atribuyó el papel de asignación de fondos o de gestión global del presupuesto, a la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) la ejecución del plan operativo en su aspecto logístico, de educación cívica, seguridad y preparación del escrutinio propiamente dicho y, finalmente, a la OEA le asignaron las operaciones de registro en todos sus componentes (contratación de personal, adjudicaciones de contratos, preparación de los padrones electorales, etc...).  Pero el Consejo Electoral Provisional, la entidad oficial que debería garantizar la totalidad de la gobernanza del proceso, se vio obligado a confinarse en la ejecución de simples tareas normativas como la publicación del calendario, la firma de decisiones sobre el rechazo o aceptación de candidaturas y la oficialización de los resultados de las elecciones.  En suma, se trata de una verdadera desnacionalización del proceso.  ¿Y, la democracia deseada por los haitianos en todo esto, se la reducirá a un simple objeto de regateo, por no decir una mercancía? Estas elecciones vieron desfilar en Haití un rosario de especuladores de todo pelo.  Representantes de empresas internacionales, subcontratistas, falsos expertos venidos de EE.UU, Francia, Canadá y América Latina, en búsqueda de contratos jugosos.  La transición democrática se volvió ipso facto monetaria relegando a segundo plano las cuestiones éticas, para dar paso a ententes, subterfugios de toda clase, luchas de influencia e incluso a subastas.  Es por eso, por lo demás, que el proceso fue tan largo, pues era preciso tomar el tiempo necesario para negociar ya que no hay juego allí donde hay disputa financiera.  El capitalismo es sobre todo eso...
Los haitianos vivían con profunda amargura esta indignante realidad, pero debieron retenerse y contener su hartazgo ya que no se engañan ante el hecho que la comunidad internacional financió cerca del 95% de los gastos relativos al proceso electoral.
Aceptan la evidencia que es el país con sus crisis políticas recurrentes que ofrece a los "expertos" internacionales un terreno para que mercadeen.  Hasta el momento, los gastos globales para las elecciones presidenciales ascienden a 59 millones de dólares y algunos piensan que Haití, debido a su gran pobreza, no estaba en condiciones de asumir el pago de una factura tan alta.  Se engañan, ya que no hace mucho tiempo el país pagó a los proveedores de fondos internacionales más de 60 millones de dólares por concepto del servicio de la deuda externa.  La estrategia de la comunidad internacional fue muy cínica a este respecto.  Al principio de esta transición, las instituciones financieras llamaron al orden a sus servidores recientemente instalados (Latortue, Bazin et Co) para que liquiden todos los retrasos no honrados por el gobierno de Aristide.  El objetivo perseguido era secar la reserva de divisas del Banco Central, reducir la capacidad de autofinanciación del país en algunos ámbitos clave como las elecciones, acentuar su dependencia y ponerlo al remolque de los extranjeros durante un muy largo período.
Como la diplomacia obliga, quienes dirigen las misiones extranjeras supieron camuflar todas sus intervenciones en materia electoral bajo el manto de asistencia técnica, alegando que en Haití faltaba competencia en materia electoral y que era necesario importar.  Sobre este último punto, no cabe precisar nada pues Louise Brunet, Gerardo Lechevallier (1) y consortes saben muy bien que frente a los expertos haitianos ellos no dan la medida y que es la relación de fuerzas o la magnitud de lo que está en juego que hizo que las cosas sean como son hoy.  Pasemos ahora a las actividades efectuadas por la misión de la OEA en Haití, a lo largo del desarrollo de este proceso.
Contratación del personal de los centros de registro e impresión de las tarjetas de identificación En este aspecto preciso, la transparencia no estuvo al orden del día.  Un mínimo de preocupación por el cumplimiento de las normas exigía que se haga una convocatoria a las candidaturas previas y que un procedimiento adecuado se ponga en movimiento con el fin de seleccionar a los mejores aspirantes que deseaban ofrecer sus servicios en las operaciones de inscripción de los electores.  Al contrario, se prefirió preseleccionar gente sobre la base de su relación con empleados de la misión de la OEA (entre los cuales, partidarios afanosos de Aristide) y se la sometió a un simulacro de examen, como para tener un pretexto que podía servir de justificación a posteriori del procedimiento opaco utilizado.  Partidos políticos y egresados de las escuelas de informática reclamaron por esta forma proceder y el Consejo Electoral salió al paso diciendo que no tuvo ninguna responsabilidad en este asunto.  Este proceder clientelista es el principal factor que ha causado tantos errores en el ingreso de los datos que servían para la elaboración de las tarjetas de identificación.  Según información proporcionada por el CEP, se contabilizaron aproximadamente 20,000 tarjetas con información errónea.
Por otra parte, la OEA -por razones que quedan por aclarar- decidió hacer imprimir las tarjetas fuera del país.  El negocio se asignó a una empresa que opera en México.  Esta medida generó enormes problemas que complicaron terriblemente el proceso.
Las entregas se realizaron con tardanza y una porción no desdeñable de las tarjetas fue impresa con errores inaceptables (como la fotografía del Sr.  X sobre una tarjeta que lleva el nombre de la Sra.  Y), sin contar que alguna gente se vio obligada a votar por un diputado o un magistrado que no correspondía a su municipio.  Por ejemplo, un amigo que habita en la ciudad de Jacmel debió votar en la Vallée (a más de 50 KM), según la indicación inscrita al reverso de su tarjeta.  Son errores gruesos que requirieron rectificaciones urgentes, pero éstas desgraciadamente no se dieron.  A la par, tuvieron todos los dolores del mundo para entregar las tarjetas a los electores, tanto que más de 425,000 electores (por sobre el 12%) decidieron renunciar a la voluntad de participar en las elecciones abandonando sus tarjetas en los centros de inscripción.  Es necesario destacar también que la fórmula de distribución fue pésima y que la gente asignada a este trabajo sencillamente fue ineficaz.  Eso creó peleas enormes que costó la vida a una persona y causaron heridas a varias otras.
Lo más importante para los enviados de la OEA, parece que no era procurar que las operaciones relativas al registro y a la producción de las tarjetas se realicen en condiciones óptimas sino más bien de maximizar otra cosa.  Siga el juego de mis dedos...  Esta organización creyó equivocadamente que todos los errores le eran permitidos por el hecho de que la mayoría de los haitianos y periodistas del mundo entero no sabía nada del nivel real de su implicación en el proceso.  Todas las fallas constatadas, pensó, iban a endosarse al organismo electoral oficial que, hipotéticamente, tiene la gobernanza del sistema.  Error de cálculo, ya que en el momento en que el malestar de la opinión pública comenzaba a subir y que los partidos políticos aumentaban la presión sobre los miembros del Consejo Electoral, estos últimos pasaron a denunciar públicamente a los enviados de la OEA señalando que faltaron a su deber y fallaron en su misión.
Esto empujó a Louise Brunet (número 1 de la OEA en Haití), a efectuar una salida catastrófica en la prensa haitiana con el fin de dar explicaciones.  Su informe oral no convenció mucho.  El organismo electoral debió cambiar en 4 oportunidades la fecha del escrutinio y las razones que se basaban tuvieron que ver con los múltiples errores acumulados por la OEA y la empresa contratada para producir las tarjetas de identificación.
Producción de los padrones electorales y desarrollo del escrutinio Viendo que se venían posibles dificultades que iba a generar el procedimiento aplicado, el Consejo Electoral no quiso asumir la responsabilidad de la producción de los padrones electorales que normalmente es un subproducto del proceso de registro.  Intentó basarse en una entidad de la República Dominicana y se envío un pedido oficial para la producción de estas listas.  Sin la menor vacilación, los dominicanos se negaron.  Era previsible esperar esto, ya que lógicamente la empresa que produjo las tarjetas de identificación debía también producir el registro allí contenido.
Hecho inédito, la propia OEA debió encargarse de este trabajo.
El 7 de febrero, el día de las elecciones, se pudo constatar la magnitud de los errores.  Todas las aglomeraciones, las manifestaciones, los altercados entre supervisores electorales y electores, los chorros con gas lacrimógeno, sólo tenían una sola causa: los padrones electorales.  Gente que recorrió a pie más de una veintena de kilómetros, hizo cola durante horas y en el momento de votar se enteró de que sus nombres no figuraban en la lista apropiada.  Fue una sorpresa desagradable.  Incluso los campeones de la no violencia habrían tenido dificultades para contener su cólera en tales circunstancias.
Desalentados, abusados y frustrados, muchos haitianos debieron volver a su domicilio sin poder votar por sus candidatos preferidos.
¿A quién beneficiará este estado de cosas y estos errores evitables? El mismo día de las manifestaciones efectuadas en Puerto Príncipe, muchos electores hicieron observaciones que hacían creer que hay una voluntad deliberada de manipulación del proceso y de crear un déficit voluntario de participación de la población y esto, desde el registro hasta la colocación de los puestos de votación, pasando por la distribución de las tarjetas de identificación.  Quizá uno no esté en condiciones de probar que esto sea así, pero la historia registrará al menos que las organizaciones internacionales no son inocentes en la desventura de esta nación empobrecida que es Haití.
Habida cuenta del número de electores que no pudieron expresarse, conviene también preguntarse, en último término, hasta qué punto las elecciones del 7 de febrero del 2006 fueron justas y equitativas.  Dejemos a los expertos de la comunidad internacional la tarea de proporcionarnos la respuesta....
(Traducción ALAI) (1) Louise Brunet y Gerardo Lechevallier son, respectivamente, responsables de la OEA en Haití y de las cuestiones electorales en la MINUSTAH.        

Fuente: lafogata.org