En agosto el presidente Alvaro Uribe cumplirá cuatro años en la Casa de Nariño. Pero su principal bandera, el aniquilamiento de la guerrilla, está lejos de flamear victoriosa.

El gobierno colombiano quedó envuelto esta semana en una crisis política y castrense que se llevó puesto al comandante del Ejército, general Reynaldo Castellanos. Con él renunciaron otros dos generales, solidarios con su jefe. El espasmo aún no ha concluido pues diez coroneles tenían redactadas sus dimisiones y el propio Castellanos les pidió no concretarlas.

¿Por qué tantos pases a retiro en la cúpula armada? En este caso no se trata de bajas impuestas por la guerrilla de las FARC, al menos no en forma directa. Resulta que saltó con mucha fuerza un feo asunto que hasta ahora no tenía reconocimiento oficial: la tortura de 21 soldados por parte de los instructores del propio Ejército.

Los golpes, torturas, quema con tizones ardientes y abusos sexuales se habían producido en la última semana de enero último en el centro de instrucción de la VI Brigada del Ejército, en el Departamento de Tolima.

El escándalo saltó a los medios de comunicación cuando un informe médico oficial fue divulgado por Radio Caracol. El ejercicio de instrucción consistía en que los soldados, con sus ojos vendados, debían intentar una evasión de sus supuestos captores. En ese momento fueron objeto de severas golpizas y hasta agresiones sexuales que dieron con ellos en el hospital.

Los familiares de la tropa agredida fueron la punta de lanza de las denuncias. Se trata de gente de humilde condición social, que envía sus hijos al Ejército para obtener la 'libreta militar' indispensable para aspirar a conseguir un trabajo, generalmente mal remunerado.

El grave incidente le costó el puesto al general Castellanos. Un boletín oficial de la presidencia lo puso patitas en la cale antes que él mismo presentara su renuncia.

Los sucesos permiten sacar conclusiones. Una, elemental, es que si los oficiales del Ejército tratan así a sus propios soldados, ¿cómo se comportarán con los guerrilleros? La otra remite a la matriz de la tortura, que no es otra que los manuales de la CIA y el accionar de los instructores militares estadounidenses, alrededor de mil, que operan en el país en el marco del llamado 'Plan Colombia' o 'Plan Patriota'.

Hasta el momento de la salida de Castellanos, eran once los generales que habían sido despedidos o habían renunciado a lo largo de la gestión Uribe. Ahora son catorce. De este modo se hace polvo la presuntuosa declaración presidencial, hecha al inicio de su mandato, en el sentido de que seguiría adelante con todos sus funcionarios, como si su equipo fuera compacto y también imbatible.

Esos generales debieron irse en algunos casos porque sus brigadas perdieron tropas y pertrechos en enfrentamientos con la guerrilla, que en 2005 realizó fulminantes contragolpes imprevistos por la propaganda oficial.

Otros militares fueron apartados por 'malos manejos presupuestales', léase metidas de mano en la lata de los abundantes dinerillos aportados por Washington para la guerra civil contrarrevolucionaria (1.300 millones de dólares anuales). Esos fondos vinieron durante el gobierno del anterior mandatario, Andrés Pastrana (1998-2002) y continuaron fluyendo para el de Uribe.

Ese manejo corrupto habría tenido el general Gabriel Ramón Díaz, separado de la Brigada II del Ejército 'en medio de un escándalo por la supuesta pérdida de una tonelada de cocaína en el Atlántico', según reportó el oligárquico diario 'El Tiempo', el de mayor tirada nacional.

El general Castellanos tenía fama de 'estratega' militar y será reemplazado por un colega con fama de 'tropero' y de usar prioritariamente la fuerza, a como dé lugar. Se trata del general Mario Montoya Uribe, quien tuvo como último destino el Comando Conjunto del Caribe, que coordina al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en esa zona.

El nuevo jefe había estado en 2002 en el Batallón Antinarcóticos localizado en la base militar de Tres Esquinas, en el Departamento de Caquetá. El lugar es uno de los instrumentos claves del 'Plan Colombia', junto a la base de Manta en el vecino Ecuador, ambas modernizadas con inversiones y equipos estadounidenses.

Valoraciones políticas al margen, tanto recambio en la plana mayor del Ejército colombiano es una señal de las dificultades de esta fuerza para llevar adelante con éxito su principal función desde hace muchos años: el exterminio de las fuerzas insurgentes.

El conflicto colombiano se escaló desde que en febrero de 2002, en el ocaso de su mandato, Pastrana dispuso el fin de las negociaciones de paz con las FARC en la zona de despeje en San Vicente del Caguán. Ya con Uribe en la presidencial Casa de Nariño, sólo hubo intercambio de disparos entre las dos partes. De hablar, ni una palabra..

Ni siquiera se pudo realizar un canje humanitario propuesto por los rebeldes: el gobierno debía desmilitarizar los municipios de Florida y Pradera, en el Departamento del Valle. En tal eventualidad, con todos los reaseguros para ambas partes y presencia de veedores nacionales e internacionales, las FARC entregarían sus 59 'retenidos' y el gobierno liberaría a 500 presos políticos. Entre los detenidos que mantienen los frentes farianos comandados por el legendario Manuel Marulanda Vélez están varios legisladores, oficiales del Ejército y de la policía, y tres agentes estadounidenses de la CIA que viajaban en un avión espía abatido por fuego rebelde.

En ese lote hay una precandidata presidencial, Ingrid Betancourt, de cuya captura hoy se cumplen cuatro años. Lamentablemente las exhortaciones de los familiares de estas personas a concretar el canje de prisioneros han caído en saco roto. El jefe de Estado no quiere desmilitarizar esos municipios porque junto a sus generales entiende que sería una muestra de debilidad extrema. Cree que esa negociación pondría a las FARC como fuerza beligerante en la consideración nacional e internacionalmente, y en una alternativa de poder frente al establecimiento legal.

No hace falta ser un lince para ver que una negociación en los términos planteados por los representantes de la guerrilla sería la sepultura de la doctrina de la 'Seguridad Democrática' oficial.

Uribe ha logrado habilitar la posibilidad de su reelección, hasta ahora prohibida en la Constitución del país, tras varios fallos de la justicia y votaciones en el Congreso. Las elecciones serán el 28 de mayo próximo y hasta ahora las encuestas le sonríen más que a los otros ocho precandidatos conservadores, liberales y de la centroizquierda del Polo Democrático, por lo que sueña con quedarse en Nariño hasta 2010.

Perdido por perdido, el actual mandatario quiere mantener su imagen de enemigo frontal de la guerrilla y negociador amable de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el gran proveedor de fondos millonarios para el 'Plan Colombia'.

Aunque los planes reeleccionistas tengan hoy una perspectiva favorable, los campos de batalla contra la insurgencia arrojaron en 2005 resultados muy adversos para Uribe. En su edición de ayer, El Tiempo, de la familia del vicepresidente Francisco Santos, estimó que 'los descalabros militares que se registraron en el 2005 (Iscuandé, Mutatá, Arauca, Putumayo y Vista Hermosa) desencadenaron los reclamos públicos del Presidente' contra sus generales.

Sólo en el último enfrentamiento, el 27 de diciembre último en Vista Hermosa, la Brigada Móvil nº 12 del Ejército tuvo 29 muertos luego de chocar con frentes farianos.