Latinoam�rica

La Federaci�n Internacional de Derechos Humanos (FIDH) expresa su rechazo a las torturas y tratos inhumanos y degradantes a los que fueron sometidos 21 soldados en el Centro de Instrucci�n y Entrenamiento (CIE), compa��a del Batall�n Patriotas del Ej�rcito Nacional, en Piedras, departamento del Tolima.
 Seg�n lo revelaron diferentes medios de comunicaci�n en Colombia el lunes 20 de febrero y lo reconoci� el Gobierno colombiano, el pasado 25 de enero, durante una sesi�n de entrenamiento, del curso de formaci�n por el que tienen que pasar todos los soldados en los primeros cuatro meses de entrada al ej�rcito; los soldados del CIE deb�an pasar una prueba, llamada "pista de evasi�n y escape," que consist�a en un ejercicio para aprender c�mo escapar de la guerrilla y qu� hacer en caso de ser atrapados.  En esta prueba participaron 65 soldados de los cuales 44 lograron huir en el momento del simulacro y 21 fueron atrapados por los supuestos miembros de la guerrilla quienes eran sus superiores.
La FIDH constata con gran preocupaci�n los numerosos maltratos de los que fueron v�ctimas los 21 soldados.  En efecto, los soldados fueron sometidos a violentos ataques f�sicos: fueron golpeados con pu�os, patadas, palos y piedras, y objeto de agresi�n verbal.  Igualmente fueron quemados en numerosas partes del cuerpo, con hierros para marcar ganado, algunos, seg�n los certificados del Instituto de Medicina Legal presentaron quemaduras de segundo grado, adem�s fueron sometidos a pruebas de asfixia y ahogamiento, y a violencias y humillaciones sexuales.
 Es todav�a mas alarmante el hecho que estos soldados que ingresan al Ej�rcito por convicci�n o necesidad personal, no teniendo m�s oportunidades laborales o profesionales, tienen un promedio de edad entre los 18 y los 20 a�os, provienen de humildes familias campesinas y carecen de formaci�n sobre sus derechos, lo cual los hace a�n m�s vulnerables.
 La FIDH manifiesta su preocupaci�n por la forma en que los soldados formados de esta manera tratar�an a sus prisioneros y a la poblaci�n civil en general que se considere "colaboran con el enemigo".
 Igualmente la FIDH encuentra sorprendente la tardanza con que lo ocurrido fue dado a conocer a la opini�n p�blica y al mismo gobierno, manteniendo la denuncia por tortura oculta entre los altos mandos del ej�rcito hasta el pasado 20 de febrero.
 La FIDH se suma a la denuncia hecha por diferentes medios de comunicaci�n en Colombia y urge al Estado de Colombia a continuar las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos ocurridos, tomar las medidas adecuadas para que estos hechos de tortura sean investigados y condenados por la justicia ordinaria, respetando las sentencias de la Corte Constitucional que indican que este tipo de violaciones de los derechos humanos no se pueden considerar como propias o con ocasi�n del servicio militar, a�n cuando las v�ctimas son soldados.
 Es de p�blico conocimiento la existencia de cursos de derechos humanos y derecho internacional humanitario al interior de las Fuerzas Armadas, incluso seguidos por los superiores de los involucrados directamente en los hechos, lo que demuestra la inocuidad de tales medidas, si no se acompa�an de la voluntad pol�tica de tener unas fuerzas armadas realmente comprometidas con el respeto de los derechos humanos.
 Las sanciones penales y disciplinarias a los directamente responsables de las torturas realizadas no son suficientes, tampoco lo es la separaci�n del servicio del Comandante del Ej�rcito, General Reynaldo Castellanos, lo que est� en cuestionamiento es el tipo de instrucci�n que est� recibiendo la fuerza p�blica, por tanto la FIDH pide al gobierno de Colombia que conforme una comisi�n independiente para investigar el tipo de formaci�n f�sica, sicol�gica y acad�mica que recibe la Fuerza P�blica colombiana en la preparaci�n para la lucha contrainsurgente u operaciones de orden p�blico.
 La FIDH llama la atenci�n sobre el hecho que lo ocurrido sucede pocos d�as despu�s de la publicaci�n del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situaci�n de los derechos humanos en Colombia, el 20 de enero de 2006.  En �l se resalta un incremento de las denuncias por violaciones de los derechos humanos atribuidas a miembros de la fuerza p�blica y particularmente al Ej�rcito colombiano.  Denuncia igualmente torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes que involucran a miembros de la polic�a, del Ej�rcito, y a personal de centros de detenci�n.  Otras denuncias, seg�n el informe, hacen referencia a la utilizaci�n de la tortura en interrogatorios de personas capturadas o detenidas.  Este caso de torturas en el interior del Ej�rcito se suma a la violaci�n por parte del mismo del irrespeto de los principios internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario como se ha denunciado anteriormente.  Sin embargo resulta sorprendente que el vicepresidente colombiano al dar a conocer las observaciones a este informe, el pasado 20 de febrero, mencione que "las Fuerzas Militares han dado instrucciones permanentes, formaci�n y capacitaci�n para que la totalidad de sus miembros act�e con pleno respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario," sin tomar en consideraci�n los deplorables hechos acontecidos al interior del Ej�rcito en los d�as anteriores.
 La FIDH se encuentra extremadamente preocupada por el incremento de las violaciones de derechos humanos imputables directamente a la Fuerza P�blica en particular el Ej�rcito, sobre los hechos aqu� denunciados el Estado vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, as� como la Convenci�n contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ratificada por Colombia el 8 de diciembre de 1987, en especial el art�culo 3 que estipula que frente a los casos de tortura los responsables no pueden invocar el cumplimiento de una orden de un funcionario superior como justificaci�n contra la tortura.
La FIDH alienta al Estado Colombiano a cumplir el art�culo 4 seg�n el cual todo Estado parte castigar� esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad, y el art�culo 12 que se�ala que todo Estado parte velar� por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicci�n se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigaci�n pronta e imparcial.   

Fuente: lafogata.org

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