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La reelección inmediata, la adopción de nuevas normas de agrupación partidista, y la incidencia directa del paramilitarismo, son algunos de los fenómenos que marcan la actual contienda electoral. La autora explora las particularidades del escenario político colombiano en el marco de las campañas 2006-2010.

El escenario donde se despliega la campaña electoral actualmente en curso en Colombia está marcado por los siguientes tres fenómenos:      
1) la adopción de la reelección inmediata que permite al presidente Uribe y al vicepresidente Santos convertirse en candidatos y participar en la contienda;
2) la aplicación por primera vez en el nivel nacional de las nuevas normas de agrupación partidista y de competencia política previstas en la reforma política del 2003; y
3) la incidencia directa de sectores paramilitares en política. Tanto por lo que se juega individualmente con cada uno de estos fenómenos, como por los resultados de su combinación, las elecciones legislativas y presidenciales del 2006 son particulares y serán claves para el futuro de la democracia colombiana.
      Con la reelección presidencial inmediata se estrenará una figura frente a la que históricamente los colombianos han tenido prevenciones. El hecho de que el cambio constitucional que permite la reelección se haya dado buscando garantizar la continuidad en el poder de un presidente favorecido por las encuestas y por los medios de comunicación y no como consecuencia de una reforma institucional coherente y acorde con las necesidades del país, hace que la campaña -aún sin empezar- muestre limitaciones en materia de garantías en el uso que el presidente candidato puede hacer del poder con que cuenta.
      De acuerdo a las normas, el presidente solo podría iniciar su campaña cuatro meses antes de la elección presidencial, es decir a partir del 28 de enero. Sin embargo ya varios hechos y actuaciones del gobierno han sido leídos como actos de campaña y como posibles incumplimientos de la ley. En un evento que puede ser indicativo del talante con el que el gobierno asumirá la campaña pero que no es ajeno al estilo ya mostrado por el presidente, se acusó a Rafael Pardo, precandidato presidencial por el liberalismo, senador y ex ministro de Defensa, de mantener supuestas conversaciones con las FARC para realizar una alianza en contra del presidente.
      Aparte de que la trayectoria del acusado lo libra de toda sospecha, la forma como se realizó la acusación a través de uno de los dirigentes de los partidos adeptos a Uribe, la supuesta tramitación de la denuncia enla Fiscalía, un organismo que no es competente para juzgar a los parlamentarios y la fragilidad de las pruebas aducidas, hacen dudar de las intenciones del gobierno con este tipo de acusaciones y presagiar una campaña sucia contra los opositores.
      Como a esto se une la evidencia de que -contrariando lo dispuesto por la Ley de Garantías- la Casa de Nariño se ha convertido en sede de la campaña y que el presidente desafió también las normas relacionadas con la utilización equitativa en los medios al conceder una larga entrevista a una de las principales cadenas radiales, parecen irreales las posibilidades no sólo de que se mantengan condiciones de relativa equidad, sino que desde el poder se cumpla lo que establece la ley.
      Aunque el presidente del Consejo Electoral ya anunció una acusación formal contra el presidente, el debate por el tema del acceso equitativo a los medios, ocasionó airadas protestas por parte de éstos en el sentido en que la libertad de prensa sería violada al obligárseles a incluir información proporcional de los diferentes candidatos. En medio del debate creado por la medida, de las agresiones de algunos periodistas al Consejo Nacional Electoral por la aplicación de la ley, y de las vacaciones decembrinas, el presidente aprovechó para dar otras cuantas entrevistas radiales.
      Aunque la situación parece anecdótica, la descripción vale la pena para demostrar cómo la reforma constitucional y la reglamentación de la misma dejan abiertas muchas grietas a través de las cuales se puede afectar la institucionalidad democrática. La regulación de la competencia política depende entonces no de normas e instituciones previamente establecidos -como es característica de un régimen democrático- sino del candidato que tiene más poder, o de la poco probable autorregulación de los medios.
      Sin ahondar en los efectos que la reelección puede tener en el mediano y largo plazo sobre el conjunto del sistema político al ser una rueda suelta en el ordenamiento institucional, la situación observada hasta el momento con su estreno resulta crítica.
      A pesar de que el presidente se escuda en su papel institucional, legalmente y en la práctica, parece haber perdido la facultad de ser representante de todos los colombianos y arbitro en sus disputas. El actual escenario no esta exento de un escalamiento de actuaciones y comentarios de parte y parte que inciten a la violencia.
      Ahora bien, como resultado del estilo presidencial, de su gestión de gobierno y del proceso de aprobación de la reelección, es posible observar una alineación bastante clara: por una parte, los "uribistas" de todo tipo, adeptos al proyecto y las políticas del presidente o sumados oportunista y coyunturalmente al tren que parece ganador y, por otra, la oposición.
      Se sale de este esquema el exalcalde y candidato presidencial Antanas Mockus, quien ha intentado posicionarse ante la opinión pública como avalando algunas de las políticas consideradas exitosas de Uribe, pero distanciándose de otras que no lo son. En todo caso, todos los candidatos uribistas que pudieron tener aspiraciones declinaron sus intereses y pasaron a apoyar al presidente desde otros escenarios.
      El Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo (surgido del acuerdo celebrado a fines del año pasado entre el PDI y Alternativa Democrática), son las principales fuerzas de oposición. Este último tendría como candidato único a Carlos Gaviria , dirigente de Alternativa Democrática, si Antonio Navarro (PDI) mantiene su desición de retirarse de la consulta. Por su parte, el Partido Liberal cuenta con 4 precandidatos (Horacio Serpa, Rafael Pardo, Rodrigo Rivera y Andrés González), después de la renuncia de Cecilia López, quien aceptó liderar la lista al senado. El Partido Liberal escogerá por consulta a su candidato único en las elecciones parlamentarias del 12 de marzo.
      A pesar de lo adverso de las encuestas y de las desigualdades reales en materia de medios de comunicación, recursos de poder y de capacidad de incidir en la agenda pública, muchos en la oposición le apuestan a la estrategia de pasar a una segunda vuelta, caso en el cual existiría la posibilidad -no exenta de prevenciones y diferencias- de hacer alianzas entre las diversas fuerzas liberales y de izquierda.
      El esquema uribismo-oposición se refleja igualmente en el caso de la alineación de fuerzas con miras a las elecciones parlamentarias, pero en este caso la campaña está también influenciada por la existencia de un nuevo marco normativo derivado de la Reforma Política del 2003 (Acto Legislativo 01 de ese año) que por primera vez se aplicará en el nivel nacional.
      Con el ánimo de atacar la atomización partidista y el personalismo, dos de los peores problemas del sistema de partidos en Colombia, y de propiciar la reagrupación partidista, dicha reforma obliga a la presentación de listas únicas por partido (antes un partido podía avalar infinidad de listas) y establece un umbral mínimo para poder acceder a la repartición de curules. A esto se suma el cambio de la fórmula electoral de cocientes y residuos, por la de cifra repartidora que privilegia a los partidos con mayores votaciones. En conjunto, la reforma política ha propiciado un proceso de reagrupación de fuerzas que hará que no sean más de quince los partidos en competencia.
      En las parlamentarias se juega entonces el inicio de un proceso incipiente de formación de grandes agrupaciones partidistas en Colombia, que a la vez será una demostración de cómo están las diferentes fuerzas con miras a las elecciones presidenciales de mayo y de lo que ocurrirá posteriormente. Mientras los uribistas le apuestan a rodear al presidente en un segundo mandato para que éste saque adelante sus proyectos, la oposición entiende que solo una bancada numerosa puede detener los intentos de desmonte del Estado Social de Derecho o de implementación de políticas neoliberales que benefician a sectores ya favorecidos de la población.
      Los denominados partidos uribistas están conformados por fuerzas variopintas que no han logrado unificarse a pesar de diversos intentos en ese sentido. Entre ellos se encuentra Cambio Radical, liderado por el Senador Vargas Lleras, el recientemente creado Partido de la U, que dirige Juan Manuel Santos, Colombia Democrática del senador Mario Uribe y el recientemente fusionado Alas - Equipo Colombia donde confluyen los senadores Alvaro Araujo y Luis Alfredo Ramos, este último el principal elector en el Congreso en la pasado legislatura. El Partido Conservador también permanece como aliado de Uribe. Las diversas vertientes de la oposición se han unificado en el PDA y el Partido Liberal, mientras que unos pocos senadores y movimientos han decidido actuar como independientes. Enrique Peñalosa, ex alcalde de Bogotá y quien salió recientemente del liberalismo, y Antanas Mockus se hayan en el proceso de recolección de firmas que les permitan tener sus propios movimientos y congresistas (Por la Colombia que Soñamos y Visionarios, respectivamente).
      Ahora bien, es obvio que a pesar de las diferencias entre estos partidos y movimientos, muchos de los agrupamientos se vienen realizando en torno a consideraciones puramente electorales y pragmáticas, lo cual se observa en la conformación de las listas. Como una particularidad del sistema electoral colombiano, la reforma dejó a discrecionalidad de los partidos escoger entre una lista abierta con voto preferente o una cerrada que teóricamente implica mayor coherencia ideológica. Es muy probable que la mayoría de estos partidos opten por la lista abierta que les permitirá movilizar electorados cautivos y reordenar la lista de acuerdo al número de votos que obtenga cada candidato.
      En todo caso lo cierto es que como consecuencia de la reforma se introducirá un nuevo sistema sobre el que no se ha hecho suficiente pedagogía política. Con las experiencias previas de fraude electoral en las pasadas elecciones de Congreso, la implementación de estos nuevos mecanismos es también un reto para la democracia colombiana.
      Un último fenómeno que se presenta como sombra sobre las elecciones del 2006 y sobre la democracia es la incidencia de los paramilitares en la política, cuyas posibles consecuencias han sido comparadas por algunos con lo que generó el denominado proceso 8000, que permitió el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña del presidente Samper en el año 1994.
      Indefiniciones del proceso de negociación con estos grupos que siguen delinquiendo desde la zona de ubicación, expresiones de sus dirigentes sobre el interés de acceder a cargos de representación del Estado y de aumentar el 35% de representación que dicen tener en el Congreso, evidencias claras de control territorial con comprobados cambios en las tendencias electorales en las elecciones del 2002 y 2003 y amenazas, hostigamientos y asesinatos presentes en la actual contienda, son indicadores de que la preocupación al respecto tiene un origen real.
      Aunque, a instancias del presidente Uribe, Cambio Radical y el Partido de la U iniciaron una especie de sanción moral a través de purgas en sus listas y expulsaron a cinco candidatos acusados de tener vínculos con el paramilitarismo, existe una sensación de que éstas son medidas tardías y puntuales. Nunca antes el gobierno se pronunció sobre el tema ni sobre el apoyo brindado a sus proyectos por congresistas con este tipo de nexos.
      Algunos de ellos siguen en las listas y se sabe de jefes paramilitares que han realizado reuniones para incidir en la conformación de éstas. En medio de la falta de transparencia del proceso de desmovilización no se conoce qué tanto de la democracia colombiana se haya negociado en Ralito y hasta dónde un candidato en campaña con una política de seguridad cuestionada por atentados de las FARC pueda desligarse de un proceso que ha defendido aún en contra de la comunidad internacional, de las victimas y de las organizaciones preocupadas por la impunidad que se está generando.
      Así pues, otro de los retos del actual proceso electoral -sino el mayor- es evitar que sea el poder de las armas de estos grupos de derecha el que defina la conformación del parlamento colombiano para el período 2006-2010.
      Resulta trágico que en un escenario tan complejo las comisiones para ofrecer garantías y presentar quejas impulsadas por el gobierno, tengan como garantes a uno de los candidatos (el vicepresidente), y a quien, según se ha conocido, fue invitado a ser el jefe de la campaña reeleccionista (el ministro del Interior y la Justicia). En contraste con esto, Colombia requiere con urgencia veedurías nacionales e internacionales independientes que contribuyan a denunciar y poner freno a este tipo de hechos.        

Fuente: lafogata.org