Latinoam�rica

El triunfo empresarial y la complicidad de Lagos
La gran estafa universitaria

Miguel Faur� Polloni
Rebeli�n

Un simple "error inform�tico" desat� la pol�mica. Sin embargo, los �ltimos reveses gubernamentales en relaci�n al financiamiento estudiantil evidencian la verdadera magnitud de la crisis. La Concertaci�n se enfrenta a los costos de continuar con el modelo educacional heredado de Pinochet. Ricardo Lagos, en un gesto claro de la p�rdida de poder por parte del Estado, reconoce esta semana que su gesti�n fue est�ril frente a la presi�n de los due�os de universidades privadas. Apel� a la autonom�a de �stas al momento de definir los criterios econ�micos seg�n los cuales se regula el mercado educacional. �Qu� clase de autonom�a es �sa? -le preguntaron los periodistas- "no voy a explicar aqu� lo que es autonom�a", respondi� el Presidente. Ya se sabe qui�n manda a qui�n. Un barniz de honestidad.
El anuncio hecho por Sergio Bitar en el tercer trimestre del a�o pasado, en relaci�n a la reforma del sistema de cr�ditos universitarios, gener� una buena acogida en los medios. Ingenuamente, se atravesaban en las pantallas distintos dirigentes universitarios, confiados en que el anuncio gubernamental era fruto de las movilizaciones estudiantiles de mayo. Sentados en la misma mesa, Bitar y los presidentes de cinco federaciones pro-Concertaci�n, daban cuenta de los acuerdos a favor del nuevo modelo crediticio. Parec�a producirse lo que la FECh denomin� un "acuerdo hist�rico".
El acuerdo, sin embargo, posibilit� una amplia libertad de maniobra para el Gobierno. Zanjadas las tensiones entre el Ejecutivo y los estudiantes de instituciones p�blicas, Bitar y su equipo ministerial se lanzaron a dar una respuesta al gran empresariado vinculado a la educaci�n privada. El n�mero de estudiantes de la esfera p�blica era, por primera vez en su historia, menor a los pertenecientes a centros de estudio privados. El mercado de "carteras estudiantiles" creci� sin freno en la medida que la m�nima regulaci�n estatal retroced�a frente al poder�o econ�mico del empresariado. Era el instante de "reajustar" las reglas del juego.
El surgimiento del "Cr�dito con Aval del Estado" (CAE) responde, primeramente, a la necesidad de legitimar la entrega de t�tulos universitarios por parte de entes privados. En el �ltimo tiempo eran comunes los cuestionamientos al bienestar del "negocio" de la educaci�n privada en contraste con las sucesivas crisis de las universidades estatales. �C�mo es posible la existencia de una subvenci�n estatal a una iniciativa cuyo fin era el simple y llano lucro? �C�mo era posible que se argumentara la carencia de recursos del Estado para remediar los forados del Fondo Solidario, cuando se entrega -a trav�s del Aporte Fiscal Indirecto- miles de millones de pesos a instituciones privadas? Era necesario, entonces, apagar las cr�ticas.
La administraci�n de Lagos se aferr� al argumento viciado que apunta a la presencia mayoritaria de j�venes de clase media en las instituciones privadas. Con ello se pretend�a echar tierra a la causa que obliga a cientos de j�venes de recursos medios y bajos a inscribirse (y endeudarse) en universidades privadas: la desigualdad originada en la educaci�n secundaria, ra�z de los bajos puntajes que marginan a estudiantes de escasos recursos de las universidades tradicionales. Son, en estos momentos, j�venes provenientes de la clase media-alta quienes ingresan a centros de estudios estatales de tradici�n como la Universidad de Chile, Universidad Cat�lica o la Universidad de Concepci�n. Los de menores ingresos copan, adem�s, centros de formaci�n t�cnica e institutos profesionales como alternativas de menor rango, pero de f�cil acceso y precio m�dico. �stos �ltimos, eso s�, de car�cter privado en su totalidad. Para acercarse a la igualdad de oportunidades, seg�n Lagos y C�a., era preciso ofertar posibilidades crediticias en estos centros de estudios.
La cr�tica de los sectores m�s radicales del estudiantado consiste en que esta maniobra pretende, bajo la careta de "igualdad", sepultar toda posibilidad de retomar la gratuidad de la ense�anza superior en Chile. "Lo que pasa es que son ego�stas", afirmaba Bitar ante las movilizaciones de miles de estudiantes a lo largo del pa�s. Sin embargo, la cr�tica estudiantil echaba luces en la ra�z del conflicto y alertaba de la truculenta tentativa del Gobierno. Cuando la situaci�n estaba en su m�ximo punto de tensi�n, con m�s del 60% de las universidades estatales en toma, sectores vinculados a la Fuerza Social y la Surda (conocidos por ser "colchones de contenci�n" de la movilizaci�n social) declaran su acuerdo con el Gobierno, con el fin de apagar el fuego. Desde la Federaci�n de Estudiantes de la Universidad de Chile se anuncia el fin de la movilizaci�n nacional y se abre paso a la "mesa de negociaci�n" con el Ejecutivo.
Al pasar de los meses, se suma la Confesup, ente que agrupa a un conjunto de federaciones estudiantiles de universidades privadas. �stos �ltimos, una amalgama de presidentes de org�nicas fr�giles, de f�cil manipulaci�n por parte de los rectores y con fuerte presencia concertacionista. "Milagrosamente", la Confesup se pone en sinton�a con la Confech y se da curso libre a la reforma de Bitar. Hoy vemos los resultados. La complicidad de estos sectores qued� de manifiesto ante la pasividad de la Confech frente a la grotesca alza de aranceles hecha p�blica a comienzos de a�o tanto por las instituciones p�blicas como privadas. "El acuerdo no corre ning�n riesgo, pues el gobierno tiene que cubrir con cr�ditos y becas el arancel de referencia y las universidades deben hacerse responsables del financiamiento de la brecha entre el arancel de referencia y los aranceles reales", sosten�a Nicol�s Grau (Presidente FECH y militante de Nueva Izquierda, brazo universitario de Fuerza Social). De esta forma se encubr�a la responsabilidad pol�tica que le corresponde al reci�n electo dirigente universitario, heredada de su camarada Felipe Melo.
Lo que resalta de los �ltimos hechos es la patente crisis del modelo concertacionista, el cual pretendi� seguir la l�nea "modernizadora" que impuso la Dictadura. �sta modernizaci�n trajo consigo la desregulaci�n del negocio de la educaci�n junto con la aparici�n de leyes de amarre que asfixian la esfera p�blica. Actualmente, son cinco las universidades estatales en serio riesgo de quiebra (Universidad de Atacama, Universidad de Santiago, Universidad de Los Lagos, Universidad de Playa Ancha y Universidad Tecnol�gica Metropolitana), las cuales no soportar�n los nuevos lineamientos impuestos por las pautas del Banco Mundial, hechas carnes en el paquete de "leyes malditas" aplicadas por la Concertaci�n: Ley de Financiamiento y Ley de Acreditaci�n. Los resultados comenzar�n a hacerse visibles lenta, pero progresivamente. Los responsables, entonces, deber�n dar cuenta al pa�s. Por el momento, dar�n cuenta los estudiantes, frente a la Banca que no posee ning�n escr�pulo al momento de cobrar las deudas universitarias. La Banca, a la que no le interesa precisamente "crecer con igualdad". Pero que, de seguro, les dir� a los estudiantes y sus familias "Estoy Contigo".  

Fuente: lafogata.org

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