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El Foro en Defensa de los Derechos Indígenas (FDDI) manifiesta su repudio a los recientes actos del gobierno federal que, según la entidad, evidencian una intencionalidad de desmantelar la política indigenista, "con flagrantes violaciones de los derechos consagrados de los pueblos indígenas". Por ejemplo la invasión y agresión de la Policía Federal a los Tupiniquim en Aracruz, Espírito Santo; la expulsión de los Guaraníes de sus tierras en Nhanderu Marangatu, Mato Grosso do Sul; las presiones contra el pueblo Pataxó-Hã-hã-hãe, en el sur de Bahía y contra el pueblo Macuxi, en Roraima; la determinación de proseguir con la transposición y la construcción de más hidroeléctricas en el Río São Francisco, en detrimento de los pueblos indígenas y otras comunidades de la región; la tentativa de anular el Decreto de homologación de la Tierra Indígena Jacaré de São Domingos, del pueblo Potiguara, en Paraíba; y la falta de atención generalizada de la salud de los pueblos indígenas en distintas regiones del país (Vale do Javari, sur de Pará, Maranhão, Roraima, Tocantins, Amapá, entre otros).
Según el Foro, se suman a estos hechos las recientes declaraciones del presidente de la FUNAI (Fundación Nacional del Indio), Mércio Pereira Gomes, que sostuvo públicamente su apoyo a la intervención del Supremo Tribunal Federal para limitar las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas y, para quienes, "hasta ahora, no existen límites para sus reivindicaciones territoriales".
 
El FDDI considera inadmisible que el gobierno brasileño asuma y corrobore, por intermedio de algunos de sus representantes, políticas antiindígenas llevadas a cabo por hacendados, gobernadores y políticos ligados al agronegocio, con apoyo de segmentos de los Poderes Judicial y Legislativo. "Afuera se ve la desastrosa ejecución de acciones de salud, con un número asustador de muertes ya ampliamente divulgado por los medios de comunicación nacionales e internacionales, y la falta de reconocimiento e implementación de una educación escolar indígena verdaderamente diferenciada, la parálisis de los procesos de reconocimiento de tierras indígenas es un ejemplo inminente de este alineamiento".
 
La movilización del Abril Indígena, ocurrida en abril de 2005, solicitó a las autoridades del gobierno federal, en especial al Ministro de Justicia, Márcio Thomaz Bastos, medidas para la conclusión de los procesos administrativos para la demarcación de 14 tierras indígenas, que se encontraban en análisis en el Ministerio de Justicia, esperando tener sus límites declarados a efecto de su demarcación administrativa. Pasados 10 meses de esa solicitud, no hubo ninguna respuesta por parte del Ministerio y solamente una tierra indígena, Yvy Katu, del pueblo Guarani-Nhãndeva, en Mato Grosso do Sul, tuvo sus límites declarados.
 
Al contrario de lo que había prometido, en audiencia realizada con líderes de la movilización indígena de abril, el Ministro de Justicia ha retardado las medidas administrativas para la demarcación de las tierras indígenas, convirtiendo en práctica común la devolución de los procedimientos a la presidencia de la Funai. Fueron tratados de esta manera, entre otras, las siguientes Tierras: Manoki (Mato Grosso), Morro dos Cavalos (Santa Catarina), Toldo Imbu (SC), Balaio (Amazonas), Pitaguary (Ceará), Cachoeirinha (MS) y Kariri-Xokó (Alagoas). En total son 29 las tierras indígenas con procedimientos paralizados.
 
La Funai también ha reducido el número de Grupos Técnicos (GT) destinados a la identificación y delimitación de las tierras indígenas. En el primer semestre de 2005, ningún nuevo GT de identificación y delimitación de tierras indígenas fue creado. Sólo una pequeña tierra fue delimitada, Sapotal, del pueblo indígena Kokama (AM). La Funai no le dio continuidad a los 28 estudios de identificación realizados en los dos últimos años. Quedaron sin seguimiento también los Grupos de Trabajo creados para rever los límites de 18 tierras indígenas. Largas prórrogas de plazo para la entrega de informes de identificación están siendo concedidas; por ejemplo las tierras Tapeba (CE), prorrogada por 638 días, Tumbalalá (Bahía) por 308 días y Karintiana (Rondônia) por 306 días. Además existen cerca de 240 Tierras Indígenas reivindicadas por los pueblos indígenas que están en la Funai esperando que este órgano tome iniciativas para su regularización y de las cuales sólo 64 tuvieron sus procesos administrativos para su demarcación iniciados.
 
Para el Foro, como consecuencia de esta parálisis, se constata el crecimiento del número de conflictos por la posesión de la tierra indígena, exponiendo a miembros de las comunidades y líderes indígenas a la violencia y al exterminio, que cuenta con el apoyo resultante del avance acelerado de la devastación ambiental promovida por el agronegocio y por las companías de explotación minera sobre las Tierras Indígenas.
 
"Por lo tanto, se puede afirmar que hasta ahora el saldo de la política indigenista del actual gobierno es negativo. El gobierno brasileño no demarca más las tierras indígenas, lleva adelante una política de abandono en la atención de la salud indígena, no garantiza una educación escolar indígena verdaderamente diferenciada, y no cumple su obligación legal de asegurar a los pueblos indígenas su participación en la elaboración y ejecución de políticas públicas que traten sobre sus intereses".
 
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com 

Fuente: lafogata.org