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    Los días 15, 16 y 17 de febrero de 2006,  en el campus de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno La Cumbre Social por la Asamblea Constituyente, fue convocada por las organizaciones sociales de Bolivia, en vista a que en Noviembre del 2005 las Organizaciones Sociales que forman parte del Pacto de Unidad  vieron la necesidad de convocar a una Cumbre Social en Febrero del presente año, para encontrarse con Organizaciones Sociales Urbanas y consensuar una propuesta sobre Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y avanzar en la socialización de contenidos de la nueva Constitución Política del Estado.  En Diciembre del 2005 el Movimiento Nacional por la Declaración de Camiri y la Asamblea Constituyente se suma a este esfuerzo y poco a poco muchas otras organizaciones van sumándose a la
  convocatoria de esta Cumbre Social.
  La dirección del acto de clausura del tercer día estuvo a cargo de Gustavo Laberán y Pedro Nuni, el segundo hizo referencia la importancia de que los pueblos indígenas participen en la Asamblea Constituyente, por lo que ratificó la decisión del pacto de unidad de luchar por la habilitación de las circunscripciones especiales para garantizar la presencia de los pueblos indígenas de la amazonía y del oriente boliviano, así también de los afrobolivianos.
  Ramiro Galindo de la CPESC, pasó lista de las organizaciones sociales urbanas y rurales.
  Se conformó la mesa del presidium compuesto por los representantes de cada comisión. 
  CONCLUSIONES
  COMISIÓN.- LEY DE CONVOCATORIA:
   
   1. Fortalecer y consolidar el proceso de ARTICULACION SOCIAL construido en base al PACTO DE UNIDAD de las organizaciones indígenas, originarios y campesinas en fraterna alianza con LAS ORGANIZACIONES SOCIALES URBANAS, como garantía para que los procesos de cambio no se detengan, pese a cualquier intento que realicen las oligarquías criollas ligadas a los intereses transnacionales.  
   2. La Asamblea Constituyente, Fundacional, Soberana y Democrática es el mecanismo que debe reparar la exclusión histórica de mas de 500 años, de las naciones y pueblos indígenas y originarias, por lo tanto debe garantizar la presencia y participación de estos y consecuentemente con este planteamiento, se resuelve respaldar la propuesta de Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente del gobierno, si se incorporan circunscripciones indígenas especiales para 32 constituyentes: 16 constituyentes de Tierras Altas, designados por usos y costumbres y 16 constituyentes de Tierras Bajas y afrobolivianos, designados como candidatos por usos y costumbres y, elegidos como constituyentes por voto universal y directo.  
   3. Garantizar la representación paritaria de hombres y mujeres en la Asamblea Constituyente.  
   4. Expresamos nuestra solidaridad con los discapacitados de toda Bolivia y lucharemos para que la protección del Estado les alcance a todos.  
   5. Se dispone la movilización general y nacional, para garantizar la aprobación de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y la realización del evento a partir del 6 de agosto del año en curso.  
   6. Nos oponemos al carácter vinculante departamental del referéndum autonomico, porque la Asamblea Constituyente sera el escenario donde se resuelvan las condiciones de aplicacion de las autonomias departamentales, indígenas territoriales y municipales, sin afectar la unidad nacional y garantizando el beneficio de los recursos naturales para todo el pueblo boliviano.
  COMISIÓN 2.- Contenidos de la Constitución Política del Estado
  La mesa tuvo por objetivo socializar las diferentes propuestas de las organizaciones sociales, las que a continuación se desarrollan en los aspectos más relevantes:
   
   El carácter del estado. Tras la crisis del estado nación monocultural, todas las propuestas planteadas coinciden en que el estado centralista no va más. Al mismo tiempo, estamos alertas y rechazamos totalmente la posibilidad de que ese centralismo de las oligarquías se reproduzca, ahora bajo el disfraz de las autonomías departamentales. Frente a la perdida de legitimidad del sistema político de dominación de una minoría criolla sobre las mayorías indígenas y originarias, se plantea el estado plurinacional. Ello no significa desmembrar el país o el estado. Por el contrario, se plantea, en diferentes grados según diferentes propuestas, la necesidad de un estado unitario pero que responda plenamente a la pluralidad de naciones o, dicho de otro modo, un estado plurinacional que nos reunifique. Somos concientes que tal estado plurinacional no nace de la simple voluntad o de una declaración y que será el resultado de un proceso, pero al mismo tiempo es un proceso que ya iniciamos y que
 es irreversible. Asimismo mantenemos la definición de país plurilingüe y multiétnico. Esto supone la oficialización de los idiomas originarios existentes y su uso obligatorio en la administración pública y en todo el sistema educativo.  
   Varias de las propuestas contienen también sugerencias sobre la reorganización de los poderes del gobierno central, la forma de elección de presidente y vice, la eliminación del Senado y la creación de un sistema unicamaral con representación territorial, la creación de un Concejo nacional de pueblos indígenas y otras iniciativas. El modelo económico nacional sugerido plantea el eje de la reciprocidad y la redistribución.  
   El proceso de construcción de ese estado plurinacional supone la reconfiguración territorial del país. Hasta ahora se ha basado en departamentos, provincias y municipios como resultado de la implantación de un modelo europeo y de un sistema de administración político-militar, de un territorio ocupado. Un número de propuestas plantea la desaparición de los actuales departamentos y provincias y la creación de un nuevo modelo de organización territorial. Otras plantean un modelo binario donde las prefecturas estén bajo la fiscalización de un concejo de las unidades territoriales indígenas. Este modelo se basa en el reconocimiento de los sistemas políticos plurales que han permitido que subsistan hasta ahora formas de autogobierno en los pueblos indígenas y originarios, y también en las organizaciones campesinas. Se plantea, con diferentes nombres, la introducción de la figura de la Unidad Territorial Indígena Autónoma -UTIA- (APG), o Entidad Territorial Indígena Originaria - ETIO-
 que incluye los municipios indígenas (Raqaypampa), o Territorios y Municipios indígenas (OICH). Es necesario todavía establecer con más claridad la relación entre dichas entidades territoriales político administrativas y las formas de propiedad territorial como son las TCOs.  
   El reconocer estas formas propias de organización política y autogobierno, se basa en el concepto de lo que en las propuestas se denomina autodeterminación de los pueblos indígenas y originarios. Esto supone el rechazo del concepto de autonomía, por considerar que aceptar ese concepto podría llevarnos a legitimar de alguna manera la demanda autonómica del Comité Cívico de Santa Cruz la cual es rechazada de forma rotunda. La autodeterminación apunta principalmente al control sobre los recursos naturales, tanto de suelo, subsuelo y vuelo. Sin embargo, otras posiciones, sobre todo de las organizaciones urbanas, apuntan a que es el gobierno central quien debe ejercer el control sobre los recursos naturales, pero en acuerdo con las organizaciones y pueblos indígenas en cuyos territorios se encuentran.  
   El concepto de autogobierno implica el reconocimiento de la pluralidad jurídica, es decir, de la vigencia de los usos y costumbres. Bajo ese marco se establece el sistema de autoridad propia, el sistema de justicia comunitaria y la normativa de la convivencia cotidiana. El funcionamiento de los órganos de gobierno puede o no implicar una división de poderes (ejecutivo, legislativo o judicial) ya que la base de tal funcionamiento es la asamblea, cabildo u otras formas de reunión de las comunidades que toman sus decisiones en expresiones de democracia directa, donde el pueblo delibera y gobierna.  
   Sin embargo, esto no significa que se declinan los derechos ciudadanos, por el contrario varias de las propuestas enfatizan la necesidad de la igualdad ante la ley, del acceso gratuito a la justicia y de la independencia del poder judicial del estado (CONAMAQ). Una de las propuestas incluye la elección directa de los jueces (APG) quienes deben reconocer los usos y costumbres. Se plantea modificar la actual relación entre derechos individuales, sociales y colectivos, dando mayor preeminencia estos últimos.  
   La reintegración territorial, la re-territorialización o el reconocimiento de los territorios indígenas y originarios supone al mismo tiempo la solución al problema del latifundio. El latifundio improductivo debe ser revertido y aquellos latifundios que atentan contra la continuidad territorial de las unidades territoriales indígenas deben ser expropiados por el estado y dotados a las comunidades y pueblos originarios e indígenas.  
   La CPM-B plantea que las Unidades Territoriales Etnico Culturales (UTEC) suponen la completa disponibilidad, uso y goce de los recursos naturales en su territorio. El estado debe consultar para poder explorar o explotar dichos recursos.  
   Diversas propuestas se refieren a la necesidad de una educación propia, dado que las funciones de autogobierno suponen jurisdicción sobre los sistemas de educación y de salud. Sin embargo, al mismo tiempo se enfatizó que el estado a través del gobierno central es el responsable en primer término de la educación y la salud de la población en todo el territorio del país. El gobierno central mantiene la función de planificación.
  COMISIÓN 3.-  ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA DE CAMIRI
  DECLARACION DE CAMIRI
  Sobre la Asamblea Constituyente:
  Reafirmamos la Asamblea Constituyente como una demanda definitivamente nuestra, una demanda de los pueblos, conquistada con el sacrificio de hombres y mujeres, y rechazando el intento de  relegitimación  y manipulación de los aparatos partidarios y todos los que nos han negado esta oportunidad y ahora se quieren apropiar de ella.
  Proponemos y acordamos fortalecer  la Coordinadora Nacional por la Asamblea Constituyente y la Declaracion de Camiri, con todas las organizaciones sociales urbanas y rurales para defender la Asamblea  Constituyente y exigir la aprobación inmediata de la ley de convocatoria.
  Esta Coordinadora Nacional deberá ser la encargada de garantizar el cumplimiento de las resoluciones de esta Cumbre Social y vigilar todo el proceso encaminando hacia la Asamblea Constituyente, para que la misma se desarrolle según los objetivos planteados por el pueblo boliviano.
  La aprobación de la ley de convocatoria tiene que ser AHORA.
  Ratificamos el apoyo al proyecto de ley de convocatoria de Asamblea Constituyente presentado por el Pacto de Unidad de las Organizaciones Indígenas, Originarias y Campesinas con las siguientes aclaraciones: la ratificación de la paridad y alternancia para garantizar la presencia de las mujeres e incluyendo además una participación equitativa para las y los jóvenes a partir de los 18 años como candidatos y candidatas. No es un imposible. Sabemos que se puede.
  Se debe impedir, mediante la Ley de Convocatoria, que los que han sido diputados, senadores, ministros o alcaldes y todos aquellos políticos corruptos del sistema puedan postular como candidatos a constituyentes.
  Exigimos que se reconozca en la ley de convocatoria a las organizaciones locales, regionales, con personería jurídica y socialmente reconocida, (de) pueblos indígenas, originarios, afrodescendientes  sin exclusión  por sexo, religión o impedimento físico  para que puedan proponer sus candidatos en las circunscripciones "uninominales".
  Exigimos que la Ley de Convocatoria defina que los principios de rendición de cuentas, revocabilidad y transparencia sean mandatarios para los constituyentes electos.
  En la Constituyente demandaremos y vigilaremos que se logre lo siguiente:
  RECUPERACION DE TODOS LOS RECURSOS NATURALES (Y) ESTRATEGICOS PARA LAS BOLIVIANAS Y BOLIVIANOS, MEDIANTE EL EJERCICIO DEL DERECHO PROPIETARIO INALIENABLE DEL ESTADO, BASANDO SU ADMINISTRACION EN LOS PRINCIPIOS DE SOLIDARIDAD Y RECIPROCIDAD.
  Por lo tanto rechazamos la firma de cualquier Tratado de Libre Comercio, nos declaramos en emergencia ante la traicionera manipulación con la que se pretende firmar en Colombia un texto de acuerdo de los gobiernos andinos.
  Nos sumamos a la Movilización Andina de rechazo al TLC y  expresamos que el actual Presidente de la República no puede firmar ningún acuerdo de libre comercio. Cualquier tratado o convenio internacional debe ser con consulta previa o por iniciativa consensuada del pueblo boliviano, como ser aquellos acuerdos regionales que nos  beneficien.
  Exigimos al actual gobierno nacional la abrogación inmediata de los 4 decretos de contrareforma agraria, concesiones forestales y títulos a latifundistas, promulgados por los gobiernos de Carlos D. Mesa y Rodríguez Velze a favor de latifundistas. Para ello se debe hacer un  cambio en los administradores de justicia para garantizar estos y otros procesos.
  Que el actual gobierno acelere la tramitación de las TCOs dotándolos de plenos derechos para construir un país plurinacional, teniendo en cuenta usos y costumbres.
  Demandamos reconocimiento pleno de los derechos al territorio de los pueblos indígenas, naciones originarias y afrodescendientes, respetando los derechos de todos los trabajadores y sectores empobrecidos por el modelo neoliberal ya sea en la ciudad o en el campo. Se propone la realización, previa a la Asamblea Constituyente, de un referéndum proponiendo la inmediata reversión de todo latifundio y la redistribución de la tierra a las comunidades campesinas, indígenas y originarias con tierra insuficiente y a los campesinos sin tierra.
  Demandamos al Estado el derecho al territorio, que incluya el derecho al control social de la educación en todos los niveles, respetando la sabiduría de pueblos indígenas originarios y la sabiduría popular, el control a la  salud y a todas las políticas sociales para que beneficien a todas y todos, mujeres, hombres, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidades, de cualquier generación, origen u opción quienes se beneficiarán de esos servicios sin discriminación alguna y de manera gratuita.
  Exigimos el derecho a consulta y veto de la población ante cualquier decisión del
  Estado en todos sus niveles y ámbitos que atente los derechos colectivos y humanos.
  Reconocimiento de la ciudadanía plena de la niñez y la adolescencia en todos los mecanismos de decisión y  participación en la ciudad y en el campo. Proponemos que la educación y la salud no sólo sean políticas soberanas sino plurales, controladas por el conjunto de la sociedad y con pleno derecho de la niñez, la adolescencia y las mujeres así como todo sector discriminado a la plena participación y al ejercicio de la ciudadanía.
  No es difícil de entender lo que  decimos. Pero lo dejaremos más claro todavía.
  Este país es nuestro y lo queremos para nosotras y nosotros. Para todas y todos los que vivimos en Bolivia.
  Sobre nuestros Recursos Naturales Estratégicos:   HIDROCARBUROS  Declaramos que el Segundo Encuentro Social Alternativo enaltece y valora la lucha de los movimientos sociales en Bolivia por la nacionalización de sus recursos naturales como un derecho soberano de los pueblos.
  Por lo tanto demandamos:
   
   1. Los recursos naturales son propiedad inalienable de los pueblos y la base de su desarrollo. Su entrega ilegal e inconstitucional a cualquier persona jurídica, nacional o extranjera, pone en peligro la existencia de las naciones.  
   2. La vocación nacional en materia de hidrocarburos NO es su exportación como materia prima, sino su industrialización en el territorio nacional, de manera que sólo se exporte productos industrializados. Sin nacionalización no hay industrialización.
  Una verdadera nacionalización del gas y el petróleo debe entenderse como el ejercicio del derecho propietario del Estado en todas la fases de la cadena hidrocarburifera (explotación, transporte,  comercialización,  refinación e industrialización), derecho que debe practicarse con actos de posesión, dominio y usufructo directo a través de YPFB y desde el Ministerio de Hidrocarburos, la formulación de políticas sobre el gas y el petróleo y la fijación de precios, asi como el establecimiento de mecanismos de participación  de la sociedad civil en la elaboración de las líneas maestras energéticas y en la fiscalización del funcionamiento de las instituciones señaladas.
  La ESTRATEGIA para la nacionalización es la siguiente:
   
   a. Dado que tanto los contratos de riesgo compartido (caso de las productoras) como los de concesión de ductos (caso Transredes) no fueron aprobados por el congreso boliviano, exigimos al gobierno que envíe los mismos al parlamento, quien deberá rechazarlo definitivamente por ser contrarios al interés nacional.  
   b. Realizar paralelamente cambios en la ultima Ley de hidrocarburos.  
   c. Simultáneamente, el Ministro de Hidrocarburos y las instancias pertinentes del poder ejecutivo deberían iniciar una querella criminal e intervenir en contra de Transredes, Chaco, Andina y Repsol por los delitos de defraudación tributaria, contrabando y grave contaminación del medio ambiente, utilizando para ello las pruebas hechas publicas por diversas reparticiones oficiales y medioambientales. Esta empresas deben indeminizar al Estado Boliviano por los daños ocasionados.  
   d. Paralelamente exigir al Estado la intervención de las empresas petroleras mediante la administración de YPFB.  
   e. Continuar con la movilización social manteniendo la autonomía de las organizaciones sociales respecto al gobierno nacional, como la unica manera de garantizar que el proceso de nacionalizaci+on sea efectiva
   
   3. La política hidrocarburífera debe producir el cambio del modelo económico neoliberal imperante, generador de atraso y dependencia, por un modelo de desarrollo nacional, de contenido liberador, basado en una economía productiva y sostenible, que sea socialmente equitativa. Para ello necesitamos nacionalizar las estructuras políticas del Estado boliviano.  
   4. Bolivia debe convertirse en el eje energético del subcontinente, produciendo energía eléctrica, priorizando el consumo interno y exportando los excedentes a los países vecinos. La integración energética sólo puede darse en el marco de la nacionalización de los hidrocarburos.  
   5. Ratificamos que la recuperación total, que significa la nacionalización de nuestros hidrocarburos sin indemnización, en aplicación de la CPE, es una medida fundamentalmente política que requiere imprescindiblemente de la unidad y permanente movilización del pueblo, como única garantía para efectivizar el proceso, por lo que los representantes elegidos, deberán responder positivamente a esta demanda ciudadana.  
   6. Los hidrocarburos deben constituirse además en un mecanismo de integración regional latinoamericana que comprenda desde la integración energética hasta la integración política, social, cultural, económica y comercial de nuestros pueblos, garantizando el manejo sostenible del medio ambiente.  
   7. La refundación de YPFB, en el marco de la nacionalización, contemplará la asignación de los recursos financieros y tecnológicos suficientes para que reasuma todas las actividades de la cadena productiva, sin intermediación de las transnacionales, ni ingerencia política. Todo ejecutivo y dirigente sindical que haya participado en el proceso de la capitalización, y aquellas personas que han atentado contra los intereses nacionales y/o tengan cargos directivos en las transnacionales, no serán admitidos en el nuevo YPFB. El gobierno debe exigir a las AFP's que de inmediato efectivice la devolución de las acciones Serie A que corresponden a YPFB.  
   8. La política hidrocarburífera, en el contexto de la nacionalización, al margen de lo señalado, debe garantizar:
   
   a) precios diferenciados para el consumo interno (costo real) y para la exportación (precio del mercado internacional),  
   b) debe reflejar la vocación industrializadora y sólo exportar excedentes que nos garanticen seguridad energética en el largo plazo,  
   c) el respeto a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales .
   
   9. El gobierno nacional debe entregar toda la información fidedigna, de forma transparente y oportuna, que permita la adecuada participación y control ciudadano en la auditoría social y ambiental.  
   10. La nueva política hidrocarburífera debe garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas originarios y campesinos, establecidos en el Convenio 169 de la OIT, homologado mediante Ley 1257, y establecer la participación de los indígenas en el Directorio de YPFB.  
   11. La actividad hidrocarburífera debe promover un modelo de desarrollo equilibrado en todo el territorio nacional. Los proyectos de industrialización deben afincarse prioritariamente en el chaco boliviano.  
   12. Los aspectos esenciales en materia de recursos naturales deben necesariamente insertarse en la NCPE que surja de la AC.  
   13. Exigimos la abrogación de la Ley de Capitalización, Ley 3058 y de los 76 contratos firmados con las empresas transnacionales, por ser nulos de pleno derecho.
  AGUA   
   1. El agua natural es un bien social de propiedad del Estado boliviano por tanto no puede ser privatizado ni objeto de lucro.  
   2. La protección y utilización de las aguas superficiales y subterráneas debe estar normada por una ley que proteja este recurso en beneficio del país.
  MINERIA  1.   Abrogación del Código minero (Ley 1777) por tener una carácter inconstitucional y antinacional que permite la expropiación de recursos naturales por empresas privadas, e intereses individuales, que no benefician al pueblo boliviano. Por permitir la explotación de materia prima fundamental para la acumulación de capital por parte del Estado y el desarrollo industrial del país. Por que la explotación de estos recursos en manos de empresas privadas dejan un mínimo de regalías para el Estado (ICM =  1 al 3%).  Por ir en contra del medio ambiente y las leyes que lo regulan, provocando una serie de desastres ecológicos y atentados ala salud, por sobreponerse el derecho territorial de pueblos indígenas y comunidades campesinas, a las cuales se les expropia de sus derechos de acceso a recursos aguiferos, forestales y tierra.
   
   2. La recuperación de los recursos mineros mediante el ejercicio del derecho propietario inalienable del Estado.
  3.   Crear una política nacional de minería, sobre la base de la intervención directa del Estado, en el proceso de explotación, industrialización y comercialización de los minerales, considerados un sector estratégico de la economía nacional.
  4.   SUSPENDER LA LICITACIÓN DE LOS YACIMIENTOS DEL MUTUN EN TANTO NO SE ABROGUE EL ACTUAL CÓDIGO MINERO, se ejecute una política nacional de minería y se constituya una empresa estatal que intervenga en la explotación, industrialización y comercialización del hierro, manganeso y otros minerales de este yacimiento, como única forma de acumulación de capital por parte del Estado, un polo de industrialización de la región y la redistribución de ingresos sobre la base de las necesidades nacionales.
  Finalmente:
  Nuestro gobierno no debe suscribir ningún convenio o tratado internacional, tales como ALCA, TLC u otros que comprometan los recursos naturales renovables o no renovables del país.
  Exigimos que las leyes y la explotación de los recursos naturales deben respetar los derechos de los pueblos  indígenas y comunidades campesinas (de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, homologado en el país mediante la Ley 1257), especialmente los referidos a la consulta, participación de beneficios control y monitoreo socioambiental, compensación e indemnización.
  Resoluciones de la Cumbre
   
   1. Se reconoce el legítimo derecho de los actores sociales que habitan en la Región del Chaco, al cual respaldamos en su proceso de construcción colectiva hacia la consolidación de la propuesta de la creación del décimo departamento del país. Además reconocemos la demanda de los hermanos y hermanas chiquitanas en relación a la creación del décimo primer departamento en su territorio ancestral.  
   2. Exigimos la inmediata reapertura del juicio de responsabilidades a Gonzalo Sanchez de Lozada, responsable de la masacre de nuestro pueblo y la gestión inmediata de la extradición de Goñi y sus complices. Para garantizarlo es necesario constituir una comisión evaluadora del Poder Judicial para eliminar los agentes gonistas que impiden la prosecución del juicio.  
   3. La Cumbre Social resuelve DESCONOCER al Comité Pre Autonómico de Santa Cruz porque no representa al Pueblo. Se repudia el maltrato físico y sicológico a las Organizaciones Campesinas e Indígenas que realiza la Unión Juvenil Cruceñista, brazo criminal del Comité Civico de Santa Cruz.
  Por la Cumbre Social por la Asamblea Constituyente y la Agenda de Camiri, 17 de febrero del año del 2006.