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LA PAZ, Bolivia.
El presidente de la República, Evo Morales, pidió este lunes al presidente
estadounidense, George W. Bush, que expulse de Estados Unidos al ex mandatario
Gonzalo Sánchez de Lozada para que pueda ser juzgado en Bolivia por violación a
los derechos humanos.
Morales hizo el llamado a su "colega Bush" y a su gobierno para hacer justicia
"juntos por el pueblo", después de participar de la misa que se ofreció en honor
a los caídos por la guerra contra el impuestazo ocurridos el 12 y 13 de febrero
de 2003, en la Catedral Metropolitana de la ciudad de La Paz.
Al acto asistieron el Presidente, el vicepresidente Álvaro García Linera, el
ministro de Defensa, Walker San Miguel y de Gobierno, Alicia Muñoz, además de
los Jefes del Alto Mando Militar y Policial.
"Que mejor que el gobierno de Estados Unidos pueda retirar el asilo y expulsar a
estos personajes que han dejado en Bolivia mucha confrontación. Si somos
gobiernos democráticos no tenemos por que proteger a delincuentes", señaló
morales.
Asimismo, el Presidente pidió al Tribunal Constitucional (TC) acelerar el fallo
sobre las resoluciones congresales que sepultaron la opción de procesar a
Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros por "febrero negro" y la ampliación de
juicio en el caso "octubre" por daños económicos.
Morales señaló que se tuvo que apelar al TC mediante un amparo para que así se
pueda ampliar el juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada y
sus colaboradores. "A nombre del Gobierno nacional, a nombre de los familiares,
no sólo de los muertos civiles, sino también de los militares y de la policía
quiero pedir con mucho respeto y conociendo la institucionalidad del TC,
acelerar el fallo correspondiente", manifestó el Presidente.
Por su parte, los familiares de los fallecidos y heridos, además de los
impulsores de la ampliación del juicio de responsabilidades, esperan que el TC
se pronuncie a favor del recurso contra las resoluciones congresales.
El abogado de Derechos Humanos, Cristian Sanabria, dijo que "es algo histórico
esperar este tema para que en definitiva volvamos a reabrir un juicio de
responsabilidades en contra de Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Sánchez de Lozada
por los delitos cometidos en las jornadas de febrero".
Así también, los familiares de las víctimas, luego de escuchar una misa en honor
a los caídos exigieron justicia para los muertos y sanciones para los
responsables. "Estamos seguros de que el gobierno sí va a cumplir. Para nosotros
Febrero ha sido el inicio de ese cambio talvez, pero fue muy doloroso para
muchas familias", señalaron.
Por su lado, el Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, lamentó que el mecanismo
protectivo creado en torno de los responsables fuera tan fuerte. "Ojalá en esta
coyuntura política diferente, con el apoyo de los poderes del Estado se pueda
materializar de una buena vez la sanción penal contra quienes han provocado
estas muertes", aseveró Albarracín.
En la víspera, el presidente de la Cámara de Senadores, Santos Ramírez, asumió
públicamente el compromiso de luchar para que los responsables de esa matanza no
queden en la impunidad y aseguró que el efecto sólo se aguarda el fallo del TC.
"Como Senadores y Diputados salidos de la voluntad del pueblo estamos en nuestro
compromiso firme y decido, no sólo de luchar por la democracia, sino de levantar
la memoria de esos hombres y mujeres que cayeron como victimas de los
neoliberales en el mes de febrero", señaló Ramírez.
En agosto de 2004, se presentó una solicitud de ampliación del juicio de
responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ex - ministros por daño
económico al Estado en el caso "octubre negro" y un nuevo proceso por los
sangrientos hechos de febrero de 2003
Dicha solicitud fue admitida por el Fiscal General y fue puesta en conocimiento
del Congreso de la República.
Después de más de un año el 8 de diciembre del pasado año, en lo que se denominó
como el re-arme de la megacolaición, en sesión plena, el Congreso se pronunció
por la "no" autorización para que se investiguen estos delitos, lo que provocó
el repudio de gran parte de la sociedad boliviana y por supuesto la indignación
de las victimas de estos hechos.
Ante esta situación un recurso fue presentado por el Movimiento Al Socialismo
(MAS) el 9 de enero pasado ante el TC. El mismo ingresó posteriormente a la
Cámara revisora de estos recursos el 19 de enero. A partir de esa fecha el TC
tiene 30 días hábiles para responder a ese tipo de recursos, por lo que se
espera que en los próximos días de su pronunciamiento oficial.
En febrero de 2003, a raíz de la propuesta del impuesto al salario lanzada por
el ex presidente Sánchez de Lozada, entre el 12 y 13, se produjo el
amotinamiento de los efectivos policiales, situación que derivó en la muerte de
31 personas entre uniformados y civiles, y casi un centenar de muertos.
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