"A ver cómo reaccionan", fue la premisa con la que se llevó a cabo la suspensión de vuelos del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). La maquinación planteaba la alternativa de un manejo displicente o una reacción violenta. Cualquiera de ambas actitudes habría supuesto que, el recién iniciado gobierno del Presidente Evo Morales Ayma, podía ser manipulado.

Ocurrió, al contrario, que el gobierno dialogó –primera premisa de su conducta- y, agotado este recurso, tomó las medidas, mesuradas pero firmes, que garantizarán el mantenimiento de la empresa, más allá de las triquiñuelas.

La aerolínea comercial más antigua de Latinoamérica, era uno de los pocos orgullos que podía ostentar Bolivia: certificados consecutivos de seguridad aérea, regularidad en sus vuelos, cobertura de todo el país. Así fue hasta la malhadada "capitalización" que entregó el LAB a una desacreditada empresa brasileña. Le bastó menos de tres años para saquearla y dejarla convertida en un guiñapo.

Una empresa valorada en más de 300 millones de dólares, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada la devaluó a menos de la mitad. VASP, firma brasileña que por entonces ya tenía problemas económicos conocidos, adquirió la mitad de las acciones –teóricamente, esa era la fórmula de la "capitalización"- en 60 millones y tomó posesión de todo el activo, dejando el pasivo en manos del Estado, que fue el regalo que les otorgó ese gobierno a las llamadas "capitalizadoras".

Un número de acciones que se manejan por Internet, no fueron valoradas a la hora de "capitalizar" al LAB, pero quedaron en manos de los directivos, que no vacilaron en monetizarlas y guardarse el dinero. Las instalaciones técnicas del LAB, la reserva de partes que almacenaba y los eficientes servicios que tenía, fueron usados por VASP en la atención de aeronaves de otras empresas, sin que hasta ahora se sepa qué destino tuvieron los ingresos por ese concepto. Luego desmantelaron los aviones en servicio, para seguir atendiendo el suculento negocio de atender a otras aerolíneas, hasta que no quedó una sola aeronave en condiciones de volar. La forma en que solucionaron la situación fue simple: alquilaron naves por el sistema llamado "lissing" aunque nunca hubo la intención de iniciar la compra de los mismos.

Por el tramposo sistema de la "capitalización", las Administradoras Financieras de Pensiones (AFP’s) tenían la fiscalización de las empresas "capitalizadas", por lo que sabían el estado económico de éstas. Un directivo de AFP, al tener noticia de la situación del LAB, ofreció un precio ridículo para apropiarse de la aerolínea: 10 millones de dólares; para hacerlo, por supuesto, utilizó a un palo blanco. La VASP sabía que, más temprano que tarde, la justicia boliviana caería sobre ella y se mostró, no sólo dispuesta, sino entusiasmada con la idea del traspaso. El habilidoso Raúl Garáfulic (próspero empresario y directivo de una AFP) y su avivado socio Ernesto Asbún (no tan próspero, pero empresario al fin y al cabo) negociaron el pago de sólo 2 millones de dólares, sobre la base de los resultados contables a la mano. Los brasileños aceptaron; de hecho, aceptarían cualquier cosa con tal de irse antes que estallase el escándalo.

Los nuevos propietarios mostraron ser tan duchos como sus antecesores. El primero le delegó al segundo el pago del monto acordado, comprometiendo la devolución en pocos días. El segundo, conociendo a su socio, dijo a la VASP que le entregaría sólo 1 millón y, días después, el saldo (¡sabía cómo venía la mano!). Entregó un cheque que, según se sabe, fue dificultosamente cobrado después de muchas idas y venidas. El de la AFP, entonces, pidió su parte y el no tan próspero le anunció que ya no eran socios. Se desató el escándalo. Entonces se supo de la devastación que había sufrido el LAB y, además, que los compradores habían comprometido su intervención para impedir que la justicia boliviana alcance a los directivos de la VASP.

Garafulic y Asbún se trenzaron en una disputa pública en la que aparecieron trapacerías de ambos personajes. El Congreso Nacional tomó cartas en el asunto. Una comisión especial investigó durante varios meses y, presentando un voluminoso informe, propuso la intervención de la empresa y un juicio contra los responsables. Con una eficaz maniobra, que contó con el aval de los partidos de gobierno, Asbún logró evitar que continuase el proceso. Pilotos y trabajadores del LAB amenazaron con paros, si se producía la intervención. Mientras tanto, en un accidente de aviación que tampoco ha sido investigado, murió Raúl Garafulic.

La empresa siguió en manos de Asbún, a quien parecía imposible fiscalizar. Para entonces, todas las naves que operaba el LAB eran alquiladas y, mientras las publicaciones de ésta proclamaban la bonanza y mejora del servicio, los balances mostraban pérdidas constantes.

Así fue que, a principios de febrero, los pilotos declararon huelga reclamando el pago de sueldos atrasados por varios meses.

Cuando, después de varios días de buscar entendimiento para superar el conflicto y reanudar los vuelos del LAB, el Presidente Morales Ayma decretó la intervención preventiva, demostró que no se dejará influir con las provocaciones.

Asbún anda diciendo que no entiende el sentido de esta intervención. Aún cree que puede salir indemne, e incluso tener ganancias, al término del conflicto. Sonriente, espera que el gobierno haya despejado los aeropuertos de cientos de pasajeros varados por la suspensión de los vuelos y, con absoluta tranquilidad, pueda embolsillarse el valor de los pasajes sin haber prestado los servicios correspondientes.

Pero Evo Morales ya dio señales de que, el propietario de la empresa, tendrá que enfrentar un juicio que, finalmente, determine su responsabilidad, la de sus socios y la de quienes le entregaron la empresa quebrada.

Pero, más que eso, lo que el Presidente han demostrado, es la forma en que encararán una tarea mucho más compleja: la firma de los nuevos contratos con las empresas que explotan gas y petróleo en Bolivia. Ya la empresa Petrobras anunció fuertes inversiones, una vez que firme su nuevo contrato.