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Ecuador: Trasnacionales mineras a la ofensiva
Eduardo Tamayo G.
Comunidades de cinco provincias afrontan la arremetida de transnacionales
mineras, que, en su afán de apoderarse del cobre, oro, molibdeno y otros
metales, han procedido a dividirlas e incluso a agredirlas a través de grupos
armados privados, se denunció en los Foro de los Pueblos Afectados por la
Minería, que se realizó en la Universidad Andina Simón Bolívar de la ciudad de
Quito.
El Ecuador , al igual que otros países de América Latina, (1) está en la mira de
poderosas transnacionales mineras que despliegan sus actividades protegidas por
una ley de minería aprobada en el gobierno de Gustavo Noboa (2000-2002) bajo los
auspicios del Banco Mundial. Un 20 por ciento del territorio ecuatoriano se
encuentra concesionado para minería, lo que equivale a 5 millones y medio de
hectáreas aproximadamente, de las cuales 2 millones se encuentran en bosques
protectores "con funciones ecológicas irremplazables", sostiene la organización
ecologista Acción Ecológica.
Los asistentes al foro de afectados por la minería acusaron a las empresas
transnacionales canadienses Corrientes Resources y a la Asdendant Cooper
Corporation de intimidar a los dirigentes, incumplir la ley, agredir a quienes
se oponen a sus propósitos y de dividir a las comunidades mediante dádivas y
sobornos. La primera opera bajo el nombre de Ecuacorrientes en la cordillera del
Cóndor, al sur país, en la zona limítrofe con el Perú, y la segunda despliega
sus actividades en la zona de Intag, provincia de Imbabura, sierra- norte del
Ecuador, donde habría grandes reservas de cobre.
El foro pidió al gobierno del Ecuador que presente una demanda contra "el
gobierno de Canadá y organismos internacionales, por la actuación de las
empresas canadienses en las comunidades (…) por patrocinar distintas estrategias
que han generado una conflictividad social violenta".
Persistente resistencia
En la región de Intag, la Asdendant Cooper obtuvo una concesión del Estado de
980 hectáreas y ha estado haciendo grandes inversiones para adquirir, en ciertos
casos en 20 veces más de su valor, las tierras de los empobrecidos campesinos,
según ha señalado la organización ambientalista Defensa y Conservación Ecológica
de Intag (DECOIN).
El gerente de la Asdendant Cooper, Francisco Ventimilla, ha informado a la
prensa que la empresa pretende invertir entre 870 y 1200 millones de dólares y
que las reservas de cobre y molibdeno, que guarda la cordillera de Toisán, Intag,
tendrían un valor de 73.000 millones de dólares, superando incluso a las de
Chile. Su aspiración es explotar las minas durante 30 años. De darse la
explotación minera, casi todo se llevaría la empresa canadiense pues, según la
ley de minería vigente, las empresas mineras no pagan regalías y abonan apenas
16 dólares por patentes de exploración y explotación.
Las organizaciones sociales, sin embargo, acaban de frustrar el plan de la
Asdendant Cooper de implantarse en el norte de Ecuador usando la fuerza. A
partir del 2 de diciembre, grupos armados de la Asdendant Cooper, a través de su
empresa terciarizadora Falericorp, han incursionado en varias ocasiones en la
zona de Intag, considerada como una de las de mayor biodiversidad del país, para
"tratar de posesionarse del área concesionada para entrar con sus ingenieros
para hacer la fase de exploración", señala Polibio Pérez, presidente del Consejo
de Desarrollo Comunitario, que agrupa a 9 comunidades del sector.
Las comunidades campesinas capturaron a 56 hombres armados (entre los cuales hay
ex militares, pero también 14 militares en servicio activo), los retuvieron por
unos días y los entregaron luego a la policía nacional. Cabe indicar, que esta
acción de los pobladores de Intag se inscribe en una larga trayectoria de lucha
y resistencia: en 1997 expulsaron a la empresa japonesa Bushimets, subsidiaria
de Mitsubishi Corporation, la cual, sin embargo, abrió el camino para que se
estableciera la Asdendant Cooper.
Los campesinos aducen que la Asdendant Cooper ha incumplido el artículo 88 de la
Constitución que determina que "toda decisión estatal que pueda afectar el medio
ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo
cual ésta será debidamente informada. La ley determina su participación". Es
decir, autoridades provinciales, cantonales y actores locales no fueron
previamente informados ni consultados, por lo que el Ministerio de Energía y
Minas le pidió, el 8 de diciembre, que se abstenga de "realizar actividades
mineras hasta que se apruebe el estudio de impacto ambiental" que la empresa no
lo ha conseguido.
Los campesinos sostienen que las autoridades estatales deben suspender las
actividades de la transnacional canadiense puesto que la actividad minera
tendría graves impactos ambientales y sociales, afectando la flora y fauna de
una de las regiones de mayor biodiversidad del país y se contaminarían las
fuentes de agua de dos provincias. "En un estudio de impacto que se hizo en 1990
por parte de la empresa japonesa, Bushimets, hablaban de reubicar a 6
comunidades para comenzar el proyecto minero, ellos hablaban de la
desertificación del suelo de toda la zona de Intag, entonces 7 parroquias del
cantón Intag, con 14.000 habitantes, tendrían que desaparecer para dar paso al
saqueo de una transnacional", sostiene el dirigente Polibio Pérez.
El cantón Cotacachi, donde opera la Asdendant Cooper, ha sido declarado por el
Municipio encabezado por su Alcalde, Auki Tituaña, como cantón ecológico. Los
pobladores y campesinos quieren que se respete esta decisión para seguir
viviendo en paz de la agricultura y el ecoturismo.
El impacto es sobre todo social
Otro foco de conflictos sociales y ambientales es la Cordillera del Cóndor en
donde las poblaciones se oponen a las actividades de la transnacional
Ecuacorriente y de la empresa Hidroabanico, que generaría electricidad para las
mineras. Ecuacorriente tiene una concesión de 60.000 hectáreas para un
megaproyecto de minería de cielo abierto en una de las zonas de mayor
biodiversidad del planeta y que también es territorio del pueblo shuar.
Ecuacorriente engañó a las comunidades a fin de obtener la aprobación para sus
proyectos. El dirigente poblacional Rodrigo Aucay dice que la transnacional
canadiense "entró a la zona, obtuvo la licencia de medio ambiente pero la
población y especialmente las comunidades ancestrales nunca ha sido consultadas.
Un día, llevaron maquetas, pusieron películas bonitas y luego formaban filas de
hombres a quienes les daban un sánduche y un refresco, y recogían las firmas… y
eso había sido la autorización que había estado dando el pueblo. Cuando
reclamamos el porque del engaño, empezó a comprar a líderes de todas las
organizaciones grandes o pequeñas, de hecho o de derecho, y empezó a generar
fuertes divisiones en el pueblo".
La trasnacional "esconde información, dice ante el público que quieren explotar
cobre, pero en su página Web está que va a explotar oro, plata, zinc, en total
17 minerales, y por lo tanto ella simplemente va a moler y llevar el concentrado
a su país ".
Tras largas y sacrificadas jornadas de paros y protestas de las provincias de
Zamora Chinchipe y Morona Santiago, se firmó, el 12 de noviembre, un "acta
compromiso" con el Ministro de Trabajo José Serrano, delegado del presidente
Alfredo Palacio, en la que se acordó la suspensión inmediata de las actividades
de la Corriente Resources, sin embargo esta continuó laborando. Cuando unos 2000
pobladores fueron a reclamar al campamento de la empresa fueron duramente
reprimidos por los empleados de la misma que actuaron conjuntamente con los
militares del batallón Gualaquiza. No solo se lanzó bombas lacrimógenas contra
los manifestantes y se hirió a varios de ellos sino que 13 fueron secuestrados
por unas horas por efectivos militares que los trasladaron a las instalaciones
de la Corriente Resources. Entre los secuestrados estuvo el diputado indígena
Salvador Quishpe, del movimiento Pachakutic, quien fue objeto de burlas racistas
y maltrato.
Durante el foro de afectados por la minería, varios líderes comunitarios
coincidieron en señalar que el Estado, con todas sus instituciones jurídicas,
legislativa, militares, policiales, etc. siempre ha actuado en defensa de las
transnacionales mineras y no de las poblaciones locales. Las transnacionales,
con el enorme poder financiero que cuentan, son capaces de remover cualquier
obstáculo que les impida apoderarse de las enormes riquezas que esconde el
subsuelo ecuatoriano. Particularmente, se cuestionó la actividad de las Fuerzas
Armadas, que según el dirigente Polibio Pérez, "están tergiversando su papel:
ellas tienen que salvaguardar la soberanía nacional y lo que están haciendo es
defender la soberanía de las transnacionales". Los líderes sociales, de otro
lado, solicitaron que se declare la nulidad de todas las concesiones mineras
otorgadas por el Estado. (2)
El diputado Quishpe dijo que la solución a los conflictos mineros no pasa por la
reforma de la Ley Minera, ya que no se puede esperar nada de un Congreso como el
actual e incluso del que se instalará el próximo mes de enero, pues está
controlado por partidos tradicionales que defienden "la inversión extranjera".
Según el diputado indígena se debe empujar la Asamblea Nacional Constituyente
promovida por el presidente electo Rafael Correa para lograr cambios
sustanciales en los ámbitos de la minería y el medio ambiente.
(1) Ver "América Latina: Boom minero, desastres y resistencias", América Latina
en Movimiento Nº 412, septiembre 2006.
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