Incertidumbre en Colombia ante revelaciones del líder de los
paramilitares
Telesur
La confesión de Salvatore Mancuso despierta especial interés por las posibles
revelaciones sobre vínculos entre los paramilitares y la dirigencia colombiana,
en un escándalo que tiene en la cárcel a tres legisladores del oficialismo,
mientras que otros seis son investigados.
El máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso,
declaró este martes ante la justicia de Medellín, para convertirse de esta
manera, en el primer jefe paramilitar que se escuda en la llamada Ley de
Justicia y Paz, para logar una reducción de pena.
El ex jefe de las AUC presentó versión libre en el Palacio de Justicia de
Medellín, al noroeste de Colombia, donde llegó fuertemente custodiado desde la
cárcel de máxima seguridad de Itagüí, su sitio de reclusión desde hace 20 días,
donde otros 58 ex comandantes aguardan el inicio de sus procesos de confesión.
En la cita, no sólo lo esperaba el fiscal octavo de la unidad de Justicia y Paz,
encargado de tomarle la versión, sino que además llegó sorpresivamente el fiscal
general de la Nación, Mario Iguarán,
''La Fiscalía no va a tolerar algo distinto a la verdad, la verdad y nada más
que la verdad'', dijo el Fiscal en una intervención ante la unidad de fiscalias
ubicada en el piso 20 del edifico de la Justicia en la capital antioqueña.
A las afueras del el Palacio de Justicia de Medellín, familiares de víctimas y
activistas de derechos humanos lo recibieron en la entrada del edificio con
pancartas, fotografías y arengas que exigían ''verdad, justicia y reparación''.
Familiares de las víctimas estuvieron presente
A la audiencia de Mancuso, sólo tuvieron acceso los familiares de las víctimas
que desde hace varios meses habían reclamado sus derechos de reparación por los
delitos perpetrados u ordenados por Mancuso, quienes fueron instaladas en dos
salas contiguas donde escuchaban con atención las palabras del ex jefe del
Bloque Catatumbo, a través de un circuito cerrado de televisión.
Iguarán explicó que en el momento los despachos judiciales harán generalidades,
pero después los familiares de las víctimas podrán confrontar las versiones.
''Cada uno de los sometidos a la Ley de Justicia y Paz debe proceder a hacer una
relación de cada uno de los hechos que quieren confesar. En esta primera sesión
con Mancuso y alias ''El Arbolito'' se les advierte que se les señalará nuevo
día y nueva hora para enfrentar a las víctimas'', precisó.
El fiscal general exigió al líder de las AUC contar toda toda la verdad al
pueblo colombiano.
''Al señor Mancuso y al paramilitar que se conoce con el alias de ''Arbolito''
les hemos señalado que frente a la grandeza de la sociedad colombiana ellos
deben contar la verdad. No vamos a tolerar sino la verdad'', insistió el fiscal.
Agregó que ante la exigencia de la confesión veraz y completa que señala la Ley
de Justicia y Paz, ''tenemos unas víctimas a quienes les debemos hacer una
confrontación''.
"En Colombia hay más fosas comunes que en Chile"
El fiscal general Mario Iguarán, pidió paciencia a los familiares de las
víctimas de la violencia paramilitar en un proceso que calificó como "complejo",
pues, según el funcionario, los crímenes cometidos por paramilitares han sido
más numerosos que los atribuidos al régimen del recientemente fallecido dictador
chileno Augusto Pinochet.
''Nosotros ya iniciamos el procesos judicial, pero son miles de declaraciones,
centenares de hallazgos en fosas, son más fosas de las que se encontraron en
Chile por la dictadura de Pinochet y apenas estamos empezando con el proceso'',
les dijo Iguarán.
Mancuso, un rico hacendado de origen italiano, enfrenta medio centenar de
procesos por asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y despojo de
tierras, por los que recibiría una pena alternativa de cinco a ocho años de
cárcel si confiesa y repara económicamente a las víctimas.
La Ley de Justicia y Paz concede disminución de sentencia a paramilitares que
admitan su responsabilidad en crímenes relacionados a masacres y torturas.
Asimismo, la Ley evita la extradición a EEUU por acusaciones de narcotráfico, no
sólo de Mancuso, sino también de otros jefes paramilitares.
Dicho beneficio también anularía la condena de 40 años de cárcel que recibió en
ausencia por la masacre de 15 civiles en octubre de 1997 en Ituango (noroeste),
un caso por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado
a pagar indemnizaciones por 1,5 millones de dólares.
La declaración del jefe de las AUC, que durará varios días, ha generado
inquietud en círculos colombianos ante la posibilidad de que revele posibles
nexos con políticos.
En el marco de la declaración, grupos defensores de los derechos humanos
acusaron al gobierno de Uribe de ser indulgente con los paramilitares, y exigen
que los familiares de las víctimas sean indemnizados por sus pérdidas.
