Un tribunal público la responsabiliza de graves atentados sociales, culturales, ambientales y económicos

Lucía Sepúlveda Ruiz
Rebelión

Un tribunal público condenó a la transnacional Barrick Gold Corporation a ser expulsada de los territorios en que opera en Chile, Argentina y Perú, por ser responsable de graves atentados ambientales, sociales, culturales y económicos, producto de sus políticas, programas y acciones. El juicio popular se realizó el 26 de noviembre, durante el II Foro Social Chile realizado en Santiago en el campus de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile.
Pascua - Lama, el controvertido proyecto binacional de explotación a tajo abierto de oro de Barrick ya aprobado en Chile por CONAMA, aun espera el pronunciamiento final de Argentina. Allí, la autoridad ha objetado el Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa, entre otras razones por vacíos en la información relacionada con el glaciar ubicado en esa área. Por el lado chileno, el proyecto se ubica en la III Región, a unos 150 km de Vallenar, en la Provincia de Huasco, mientras que por el argentino se encuentra en la Provincia de San Juan. "Pascua", la parte chilena del proyecto, está en la comuna de Alto del Carmen, en la Región de Atacama, de ambiente semidesértico. En Chile se condicionó la aprobación a que no se afecten los glaciares, condición que en la práctica destruirá los glaciares Toro 1, 2, y Esperanza. No hay precedentes en el mundo de una explotación a tajo abierto, con voladuras, que deje indemnes glaciares presentes en la zona impactada.
La sentencia condenatoria contra Barrick fue pronunciada por el tribunal conformado por Miguel Palacín Quispe, de la Coordinadora Andina de Pueblos Indígenas, Juan Carlos Cárdenas del Centro Ecocéanos, y la Hermana Cristina Hoar, del Departamento Paz Justicia y Ecología de la CONFERRE (Confederación de Religiosos), con el voto en contra del representante de Amnistía Internacional Eduardo Saavedra Díaz. Sin embargo, Saavedra suscribió todos los restantes acápites del veredicto, entre los cuales está la exigencia a Barrick de indemnizar a las víctimas y restaurar los ecosistemas afectados. La hermana Cristina Hoar, de nacionalidad indonesia y miembro de la Congregación Misioneras Siervas del Espíritu Santo, conoce los glaciares, ubicados a 4.600 metros sobre el nivel del mar, donde llegó invitada por los mineros que realizaban sondajes en el lugar desde 1985. Ella trabajó varios años con su congregación en Alto del Carmen, interiorizándose del proyecto y sus efectos en el Valle del Huasco. Por su parte, el Centro Ecoceanos para la Conservación y el Desarrollo Sustentable, que dirige Juan Carlos Cárdenas, es una organización ciudadana independiente, que trabaja por la conservación y el manejo sostenible de los recursos y ecosistemas costeros y oceánicos así como por el fortalecimiento de la participación informada y propositiva de la sociedad civil.

Testigos de cargo

El tribunal, convocado por los movimientos sociales, principalmente organizaciones y redes de campesinos, pequeños productores y ciudadanos de los tres países afectados, apoyados por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, operó teniendo como fiscal al periodista argentino Javier Rodríguez Pardo, de la Unión de Asambleas Ciudadanas Frente a la Minería y temprano detractor de la transnacional Barrick en su país. Rodríguez Pardo, dirigente del Movimiento Antinuclear del Chubut, fue el primero en revelar los nexos y turbios negociados de George Bush padre con la minera.
La defensa de la parte demandada –que se excusó formalmente por carta de acudir al juicio al que fue citada- la asumió el abogado Jaime Gallardo, designado "de oficio" por OLCA. Contundentes testimonios fueron entregados entre otros, por la integrante de la comunidad diaguita Adriana Campillay, el concejal de la comuna de Alto del Carmen, Luis Faura, Juan Navarro, de la Confederación Nacional de Comunidades frente a la Minería de Perú y Ana Gloria González, de Vecinos Autoconvocados de Famatina, de Chilecito (La Rioja, Argentina), donde Barrick realiza faenas de exploración.
Por más de cuatro horas, centenares de jóvenes y adultos participantes en el Foro Social se mantuvieron atentos al juicio, realizado en el auditórium de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, en una tórrida tarde de verano en que era innecesario recordar que el agua vale más que el oro.
Los asistentes escucharon por ejemplo al economista chileno Julián Alcayaga que expresó su esperanza de que la Corte de Apelaciones declare ilegal el funcionamiento del puesto de aduana de Pascua-Lama, financiado por Barrick. El proyecto contempla sólo la extracción del mineral en Chile, el que sería enviado a través de un túnel ya construido a Argentina, para su tratamiento. Está pendiente la respuesta a un recurso de nulidad de derecho público contra el decreto 116, que autoriza a la transnacional a pagar los servicios del SAG y funcionarios de aduana que deben estar en el túnel, así como también la propia construcción del puesto de aduana. Alcayaga informó además que Sergio Jarpa, vicepresidente de CODELCO Norte desde mayo de este año, fue gerente de Barrick el año 2000, por lo que sostuvo que los hombres de Barrick están en el gobierno de Bachelet.
El ingeniero de minas sanjuanino Hugo González dio a conocer el deficiente trabajo de las contratistas de Barrick en la mina Veladero, que ya lleva un año de funcionamiento. Un informe de control de calidad sobre el aislamiento de las napas subterráneas que están recibiendo los 250 millones de toneladas de escombros tóxicos, sostiene que se está usando equipo pesado que provoca fisuras en la geomembrana, lo que genera contaminación del agua. Reveló también que los socios de Barrick en Veladero son empresas fantasmas de las Bermudas e Islas Caimanes.

Convenios Internacionales

El veredicto final exhorta al nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a considerar aplicable las normas de Derecho Internacional en materia de derechos humanos, a las empresas. Entre ellas está el Convenio de Lugano de 1993 sobre responsabilidad civil por los daños causados por actividades peligrosas para el medio ambiente, y el Convenio 169 de la OIT. Asimismo, exige a los Estados latinoamericanos modificar su legislación para posibilitar sanciones carcelarias para los responsables de daños ecológicos como los cometidos por la minera Barrick Gold Corporation.

Acogiendo un argumento de la defensa sobre la responsabilidad de los gobiernos democráticos que han suscrito protocolos como el Tratado de Integración y Complementación Minera con Argentina (1997, gobiernos de Eduardo Frei y Carlos Menem), el tribunal propuso realizar un juicio ético a esos gobernantes y otros funcionarios públicos. El público había aplaudido una parte de la intervención de la defensa, en que Gallardo sostuvo que los principales responsables eran los gobiernos democráticos, que legislaron para autorizar este tipo de emprendimientos.
Los daños comprobados
El veredicto especifica que Barrick expulsa de sus territorios ancestrales a comunidades de productores pequeños y medianos, sin traer beneficios económicos a las zonas afectadas y generando trabajo inseguro, mal remunerado, con vulneración de los derechos sindicales y represión a las luchas salariales. Hay 14 trabajadores de Barrick muertos en el lado chileno, en diversos accidentes del trabajo y hay muertos en Perú como parte de la represión a demandas por mejores salarios.
La explotación a tajo abierto, sumada a los procesos de lixiviación con energía y agua subsidiadas, utilizados por Barrick, destruye ecosistemas frágiles y bienes comunes no renovables, como las cuencas hídricas del valle del Huasco, y las aguas cordilleranas del departamento de Ancash, Perú (mina Pierina), de las provincias de San Juan y La Rioja (afectadas por Pascua-Lama, Veladero y el proyecto Famatina). Acusa el veredicto que además del oro se extraen minerales no denunciados, a los que denominan "tierras raras", y que son minerales críticos y estratégicos requeridos, entre otras, por la industria cibernética.

Tambo Grande o Fuenteovejuna

Tambo Grande, un territorio con profunda identidad cultural que arranca de tiempos de los incas, es un valle frutícola ubicado al Norte de Perú, con riego regulado de 42.000 hectáreas y alta producción de frutales. Sus habitantes expulsaron a la Barrick. Sobre ello conversamos con Miguel Palacín Quispe, quien fuera presidente por dos períodos de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería. El lidera ahora la Coordinación de Organizaciones Indígenas de América, que agrupa a organizaciones indígenas que habitan en Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Argentina y Chile y llevará esa voz a los foros internacionales en temas globales y procesos de integración.
¿Cuál es la situación actual de los dirigentes de Tambo Grande?
"Muchos dirigentes mineros hoy están en prisión. Nos consideran terroristas. Alan García retomó las prácticas de Fujimori. El pueblo de Tambo Grande logró sacar de su territorio a Barrick y su proyecto Manhattan. Pero la paradoja es que ahora 150 hombres y mujeres van a ser sentenciados en Piura. Cuando los jueces los llamaron para leerles la sentencia llegaron 3000 pobladores y tuvieron que cerrar el lugar. Lo mismo ha ocurrido ya en cuatro ocasiones porque toda la comunidad quiere ir a declarar".
El dirigente quechua explica que se les acusa de la quema del campamento de Barrick durante el paro que hicieron 70.000 comuneros contra la empresa en enero del 2002, cuando la enardecida población desarmó a los 1.200 policías enviados para reprimirlos. Los dirigentes se excusaron por no poder controlar a la masa.
"El año 2003, Tambo Grande hizo un plebiscito en que el 98% votó por la opción de vivir en un pueblo agrícola y no en uno minero. En esas circunstancias, Barrick no consiguió reunir inversores para cumplir la promesa de inversión presentada junto con el proyecto y el gobierno lo canceló".
La lucha en Tambo Grande había comenzado en 2001, el mismo día que Barrick llegó a la localidad sin que hubiera ningún tipo de consulta previa a la población respecto de su interés por ser un pueblo minero. En esa oportunidad, pobladores quemaron dos camionetas de la empresa. Cuando se acordó el paro comunal, los dirigentes fueron invitados a dialogar a Lima por el gobierno, que les solicitó bajar el paro. Los comuneros se negaron, aduciendo que eso era una decisión del colectivo, por lo que el gobierno se desentendió de su suerte en Lima y debieron volver por sus propios medios, luego de ser expulsados del hotel donde se les había alojado. Al llegar a Tambo Grande, informaron a la comunidad, que decidió seguir adelante la lucha con más fuerza aun. Ese es el pueblo que hoy, cual Fuenteovejuna, se niega a permitir que se castigue a 150 de sus habitantes y afirma que todos ellos están dispuestos a ir a juicio.
Interrogamos a Miguel Palacín sobre porqué es importante coordinar las luchas contra las trasnacionales. El sostuvo:
"Las mineras emplean en todos los países la misma política de engaño, compra de conciencias y arremetida contra el pueblo que se pone de pie. La lucha de los pueblos tiene que ser articulada, porque las compañías son las mismas, y también sus prácticas; ellos están dirigidos por el Consejo Internacional de Minería y es muy fácil que manden funcionarios de un lado a otro…Además asisten a foros donde están presentándose como ’los buenos".
Palacín participó en mayo de 2006 en Viena, en un Tribunal de los pueblos contra Majás, compañía inglesa en fase de exploración del único páramo que existe en la frontera entre Perú y Ecuador.
"La condena fue un golpe moral para esta compañía.. Hubo una baja de las acciones, que le dificulta la búsqueda de socios nuevos y los otros comenzaron a retirarse. Este tipo de actividad permite unificar la lucha, difundir la ‘moral’ de Barrick y sobre todo, lograr que los pueblos sientan que no están solos en sus luchas."
El dirigente quechua está participando actualmente en las movilizaciones de presión por la declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de América, cuyo congreso constituyente tuvo lugar en julio de este año, tiene entre sus miembros fundadores a la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y a ECUARUNARI, así como a ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia, la CONACAMI de Perú, la Unión de Naciones Aymaras de Perú, la confederación Nacional Agraria de Perú, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Kollasullu, la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación de Mujeres Indígenas Bartolomé Sisa, y la Federación de Colonizadores de Bolivia. Por Chile participa la Identidad Territorial Lafkenche, y por Argentina la Organización Nacinal Indígena de Argentina.

La mafia de Barrick