Latinoamérica

La represión desatada en Oaxaca en los últimos días merece el repudio total y la más firme solidaridad con la APPO. El hecho de que los oficiales y policías locales pudieron actuar con tanta impunidad demuestra la falta de interés del gobierno federal en lograr una real solución política.
Las comparaciones con Chiapas son numerosas y preocupantes, porque demuestran una vez más la incapacidad del gobierno en reconocer demandas legítimas, como por ejemplo la renuncia de un gobernador que ha ordenado el uso de la fuerza para tratar de acabar con el descontento social.
En enero de 1994 el entonces presidente Salinas intentó aplastar a los zapatistas con acciones militares hasta que la sociedad civil se movilizó para exigir una solución política. Gran parte de la población reconoció que el EZLN era y es un movimiento con demandas justas y que su rebelión abrió un espacio importante en la lucha por la democracia en el país y no solamente en Chiapas. En Oaxaca, la demanda por la desaparición de poderes también busca algo más profundo que una simple alternancia de partidos en el gobierno. Son la democracia participativa, el mejoramiento del sistema educativo y la atención a las necesidades de los sectores más marginados, los aportes para lograr una verdadera transformación democrática.
En Chiapas, el cambio de poderes a finales de 1994 se dio en el contexto de una profunda crisis política y económica. El gobernador Eduardo Robledo no pudo evitar el rechazo de una parte importante de la población que siguió apoyando a un gobierno en rebeldía. Durante el sexenio de 1994-2000 Chiapas tuvo tres gobernadores, incluyendo dos interinos, que recurrieron al uso de la represión. Por su parte, Ernesto Zedillo trató de superar la crisis financiera con el apoyo del gobierno de Clinton y lanzó una nueva ofensiva contra el EZLN en febrero de 1995. De nuevo se movilizaron miles de ciudadanos y ciudadanas para exigir el diálogo y el fin a la represión. Cabe señalar que, al igual que Abascal y Fox, el gobierno de Zedillo utilizaba un doble discurso. Zedillo traicionó el diálogo y echó a andar un proceso de militarización que sigue teniendo efectos desastrosos para las comunidades indígenas chiapanecas.
En Chiapas, la falta de voluntad política del gobierno se reflejó también en la formación y actuación de grupos paramilitares vinculados al viejo régimen priísta y organizados y entrenados por las autoridades para atacar a los simpatizantes del EZLN. Tal fue la protección a estos grupos que las denuncias hechas por organismos de derechos humanos semanas antes de la masacre de Acteal en 1997 fueron ignoradas. Al contrario, la respuesta oficial a la masacre no fue el arresto de los autores intelectuales de este crimen, sino el incremento de las tropas federales en los Altos de Chiapas, bajo el argumento de que era necesario "restablecer el orden, la paz y la ley", o sea, el mismo discurso que el gobierno ahora aplica en Oaxaca. Acto seguido fueron los ataques a los municipios autónomos, la expulsión de extranjeros y el manejo clientelar de los fondos federales y de la atención médica. Como hemos visto en Chiapas, es imposible vivir en esta "normalidad" que el gobierno ha pretendido imponer por la fuerza. La militarización divide y polariza a comunidades, alejando cada vez más las posibilidades de la paz.
El gobierno y todos los partidos rehusaron en 2001 la oportunidad de ratificar los acuerdos de San Andrés. En vez de reconocer la autonomía indígena como un derecho constitucional, los legisladores dejaron a los pueblos indígenas sin posibilidades jurídicas de ejercer su autonomía en el uso y disfrute de sus recursos y territorios. Al mismo tiempo, el gobierno foxista promovió su Plan Puebla-Panamá (PPP), con el fin de construir la infraestructura necesaria (carreteras, puertos y aeropuertos, integración energética, represas, etcétera) para atraer a inversionistas interesados en aprovechar los recursos naturales, la mano de obra barata y la ubicación estratégica del sureste mexicano. Este modelo beneficia a los grupos en el poder y no a la mayoría de la población. El PPP encontró tanta resistencia en Chiapas y Oaxaca, además de San Salvador Atenco, que el gobierno dejó de hacerle propaganda a su plan, aunque siguió implementando varias de las obras. Ahora Felipe Calderón promete resucitar el PPP, lo cual provocaría más conflictos en una región ya de por sí convulsionada. El factor común entre Chiapas, San Salvador Atenco y Oaxaca es esta resistencia a la imposición de un plan de desarrollo excluyente e insostenible que fue formulado sin la aprobación de las comunidades directamente afectadas.
En estos días se convocan protestas en México y en el extranjero en contra de la represión. Por ejemplo, el lunes 30 de octubre hubo protestas frente a los consulados mexicanos en más de 15 ciudades estadunidenses y fue tomada la embajada en Barcelona. Por su parte, el EZLN ha llamado a la población a salir a manifestarse en contra de la represión los días primero y 20 de noviembre. Estas protestas no sólo muestran la falta de democracia en las instituciones, sino también la gran perseverancia de los movimientos sociales en la lucha por sus demandas legítimas.
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Fuente: lafogata.org