Latinoamérica

Constanza Vieira
IPS

La reacción del presidente colombiano Álvaro Uribe a un coche bomba que estalló en el principal cantón militar del país fue para muchos un movimiento impulsivo contra las FARC, a las que atribuyó el ataque. Pero quizás haya sido una respuesta de fondo a esa guerrilla insurrecta desde 1964.

El derechista Uribe habló 24 horas después y en el lugar de la explosión que dejó el jueves 23 heridos y lesionados y causó daños por unos 171.000 dólares en el cantón ubicado al norte de Bogotá, rodeado de sus oficiales, su ministro de Defensa y el alcalde capitalino, el ex líder sindical Luis Eduardo Garzón.

Allí renovó su declaración de guerra total a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), la bandera con la que ganó su primer mandato en 2002.

También ordenó el rescate violento del grupo de civiles rehenes y de uniformados que esa guerrilla mantiene cautivos, algunos desde 1997, para canjearlos por unos 500 rebeldes presos.

La sola idea horroriza a las familias. "Las posibilidades de éxito de un rescate son cero", según la reportera española Salud Hernández. Cada rehén o combatiente en manos de las FARC es vigilado por tres guerrilleros con orden de asesinarlo en caso de un acoso militar cercano.

Días antes de las elecciones que lo llevaron a su segunda Presidencia, Uribe dio señales de querer avanzar hacia dicho canje --apoyado abrumadoramente según encuestas--, que lograría la libertad, por ejemplo, de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, de ciudadanía colombo-francesa, y de tres contratistas estadounidenses capturados mientras actuaban en el marco de la asistencia militar y antinarcóticos que brinda Washington a Bogotá.

Asumido su segundo mandato el 7 de agosto, el gobierno afirmó que existían contactos con las FARC sobre el canje, pero el 24 de septiembre la guerrilla lo desmintió.

La cúpula de las FARC indicó que "sería lamentable que el gobierno sólo estuviera tratando de ganar tiempo para anillar más, con nuevos batallones, brigadas y paramilitares", las bandas ultraderechistas que actúan en apoyo de la fuerza pública, dos municipios en el suroccidental departamento del Valle del Cauca, que esa guerrilla juzga escenario apropiado para negociar el intercambio, previa desmilitarización.

Y aunque la guerrilla entregó un vídeo como prueba de supervivencia de 12 de los políticos rehenes, advirtió que el gobierno impedía la distribución de pruebas similares sobre los demás, en implícito reconocimiento de la presión militar a la que está sometida esa insurgencia campesina.

En los vídeos, los políticos se veían indignados con sus captores y con el gobierno, pero también "más flacos, más cansados y más desesperados", como comentó una familiar.

El 2 de octubre, Uribe instruyó a su alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, "adelantar de manera inmediata con las FARC un acuerdo para las condiciones propicias a fin de poner en marcha una zona de encuentro" para efectuar el canje.

El mandatario fue más lejos al proponer un proceso de paz que culminara con una asamblea constituyente, salida a la que aspiran tanto las FARC como la treintena de jefes paramilitares y narcotraficantes que Restrepo logró desmovilizar tras una negociación secreta durante el primer mandato Uribe.

La condición presidencial era que la propuesta no podía implicar "el debilitamiento de la política de seguridad democrática", su estrategia bandera, con la cual logró avances pero que analistas consideran estancada.

La seguridad democrática se basa en combinar la ofensiva militar con la participación de la población civil en las hostilidades, mediante distintas estrategias.

El 9 de octubre, el gobierno retrocedió en el canje.

La reversa coincidió con un mensaje de las FARC a los tres poderes del Estado, con siete condiciones para negociar la paz una vez hecho el intercambio, y 13 temas de discusión política que implicarían profundas reformas sociales y la devolución a los campesinos de bienes expropiados mediante la guerra, además de la depuración de la fuerza pública, entre otros puntos.

En la carta, las FARC daban por fracasado el Plan Patriota, la mayor ofensiva contrainsurgente iniciada en 2003 con apoyo estadounidense, y que ha buscado, hasta ahora infructuosamente, dar de baja o capturar a alguno de los 31 miembros del Estado Mayor de la guerrilla.

Gracias al apoyo de Washington, Uribe incrementó el pie de fuerza en 30 por ciento, creó tropas de elite contrainsurgentes y reforzó la inteligencia y la aviación de combate, cuyas incursiones bélicas son coordinadas por estadounidenses, según supo IPS, versión que ahora confirma el periodista colombiano Germán Castro Caycedo.

Ese día 9 de octubre, Uribe volvió a condicionar el canje a que los guerrilleros liberados no retornaran a filas, algo que no había vuelto a mencionar y que quienes trabajan por el canje consideran un obstáculo.

Entretanto, uno tras otro estallaban graves escándalos que han puesto en duda el publicitado éxito de la desmovilización paramilitar y han expuesto la participación de la fuerza pública en violaciones de derechos humanos, en corrupción y narcotráfico.

Operaciones de inteligencia con el aparente fin de evitar siete atentados terroristas en Bogotá quedaron en entredicho, mientras expertos cuestionaban las cifras oficiales en materia económica y social.

Entonces, la bomba estalló en el Cantón Norte. Minutos antes, según el programa de televisión Noticias Uno, dejaron de funcionar las ocho cámaras de seguridad en ese sector del complejo militar que alberga la Escuela Superior de Guerra, la Universidad Militar y la Central de Inteligencia del Ejército.

En su discurso del viernes, Uribe se apartó del lenguaje moderado que, según él, venía usando su gobierno para facilitar un acercamiento a las FARC. En 25 minutos pronunció 36 veces "terroristas" o "terrorismo". Los jefes guerrilleros con los que pensaba negociar son "cobardes", "fantoches", "vedettes internacionales".

El lenguaje moderado "crea confusión en la ciudadanía", "desorienta a la fuerza pública" y "facilita que los terroristas posen de personajes de la política", dijo Uribe. Canceló toda colaboración internacional con miras al canje y pidió, a cambio, apoyo militar.

"A alguien no le interesa que haya paz", dijo el director del programa radial de humor político La Luciérnaga, Hernán Peláez, y recordó que el gobierno impulsará esta semana en el parlamento un nuevo impuesto de guerra, que tendrá una vigencia de cuatro años por el que se espera recaudar 3,6 millones de dólares.

La reafirmación de la guerra total ocurre antes de la visita a Colombia de una delegación del Departamento de Estado (cancillería) estadounidense encabezada por Nicholas Burns, subsecretario de Asuntos Políticos, desde este martes hasta el jueves.

Estados Unidos se opone en público al canje aunque ha buscado acercamientos discretos con las FARC, recurriendo incluso a periodistas a quienes ofrece dinero por colaborar, como insólitamente consta a esta reportera. "Los arreglos con el terrorismo motivan más terrorismo", ha dicho el embajador de ese país, William Wood.

Mientras, en Washington avanza desde la semana pasada el juicio a "Simón Trinidad", nombre de guerra del economista especializado en Harvard Ricardo Palmera, ex jefe de uno de los frentes de las FARC, extraditado por Uribe hace 22 meses y sin cuya liberación y la de la guerrillera de alias "Sonia", también extraditada, no habrá canje, según la insurgencia.

El lunes 16, el general John Craddock, quien dejó el jueves la jefatura del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, dijo que "los colombianos están ganando", lo que justifica la anunciada reducción de la financiación estadounidense de la guerra, que suma 4.700 millones de dólares desde 2000 y que ha sido "crucial" para poner a las FARC "a la defensiva".

El gobierno del Partido Republicano prevé reducir esa suma a la mitad para 2010 pero, según el analista Daniel García-Peña, con un triunfo del opositor Partido Demócrata en las elecciones legislativas de noviembre, la disminución de recursos a Uribe "ya no sería tan gradual".

De la visita de Burns, el gobierno colombiano espera "que la cifra de cooperación no disminuya, por el contrario, si es posible que aumente", dijo este lunes la canciller María Consuelo Araújo.

Los temas a tratar con Burns "incluyen el mantenimiento de la ayuda social y militar a Colombia (...) la protección de los derechos humanos y los avances en el proceso de reinserción de los desmovilizados" paramilitares, anunció la cancillería colombiana. El domingo, 1.500 militares arremetieron en la cordillera central de los Andes mediante la "Operación Sagaz" con el fin de rescatar a los "canjeables".
 
Fuente: lafogata.org