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Latinoamérica

El gobierno de Álvaro Uribe y el ELN no pudieron llegar al anunciado "acuerdo base"

Gerardo Arreola
La Jornada

El gobierno del presidente Alvaro Uribe y el Ejército de Liberación Nacional (ELN, segunda guerrilla de Colombia) no pudieron llegar aquí al anunciado "acuerdo base", pero por primera vez en 10 meses de diálogo "exploratorio" lograron pactar temas centrales de una eventual agenda de paz.
El alto comisionado Luis Carlos Restrepo y el comandante guerrillero Antonio García difundieron este jueves aquí el resultado de seis días de discusiones, en un ambiente en que predominó la cautela sobre el futuro del proceso.
El acuerdo esencial de la cuarta ronda de diálogo fue definir dos "ejes estructurantes hacia un acuerdo base": la creación de un ambiente político para la paz y la participación de la sociedad en el mecanismo.
A partir de esos dos grandes temas, las partes discutirán los puntos de su posible agenda de negociación y se reunirán una vez más en La Habana, en principio en la primera semana de diciembre próximo.
Al hablar con la prensa, tanto el enviado oficial como el líder rebelde acentuaron la importancia de que haya un modesto avance, pero confirmaron las diferencias de fondo que aún mantienen.
Persisten discrepancias sobre cómo y en qué momento se debe producir un cese de acciones armadas, además del esquema de participación de la sociedad civil en el mecanismo de diálogo y la caracterización del conflicto.
Moritz Ackerman, uno de los seis personajes colombianos garantes del diálogo, afirmó a La Jornada que "todos aspiramos a que vayamos a un ritmo mejor, pero creo que se ha acumulado confianza".
"El acuerdo base es posible", dijo. "Hay un gran avance: cuando tenemos diferencias, precisar por qué las tenemos es muy importante. Se ha avanzado sensiblemente".
Restrepo y García ofrecieron conferencias de prensa sucesivas, de las cuales se desprende una conclusión común: han quedado atrás 10 meses de preparativos y ahora empieza el momento de tomar decisiones sustanciales.
El enviado del gobierno dijo que el diálogo entra "a un momento muy delicado, pero muy interesante, de mucha oportunidad, pero de mucha vulnerabilidad". Es una fase "de máxima tensión", agregó.
El líder insurgente estimó que se trata de un periodo "de transición" y que quizá "no es el ritmo que todos quisiéramos, pero eso no depende sólo de nuestros deseos".
De las discrepancias de fondo, la que más consumió discusión en esta ronda fue la participación de organizaciones sociales en el diálogo. Este asunto obligó a las partes a sesionar esta tarde, aun después de concluida formalmente la ronda.
Hasta ahora, grupos sociales han intercambiado opiniones con el ELN, que insiste en que los resultados de esos encuentros formen parte de un acuerdo general.
El gobierno se interesa en definir en detalle la participación y la agenda de esos grupos, incorporar el tema a la mesa bilateral y precisar la iniciativa insurgente de Convención Nacional.
Sin embargo, la diferencia de mayor hondura es sobre el cese del fuego, que la guerrilla acepta discutir en la mesa, junto con el caso de los desplazados, el desminado de territorios y una amnistía, entre otros puntos. "Pensamos evolucionar conjuntamente con el gobierno, examinando cada uno de los aspectos", dijo García.
Para el gobierno, una suspensión de la violencia debe ser el primer paso, que sería acompañado por la reciprocidad del ejército colombiano y otras medidas. "Sin decisiones sobre este tema, el proceso no es viable", dijo Restrepo.
Millonaria recompensa
El presidente colombiano, Alvaro Uribe, ofreció este jueves una recompensa de 5 mil millones de pesos (2 millones de dólares) por información que permita dar con el paradero de personas secuestradas en todo el país, sin precisar si el monto se distribuirá entre los distintos informantes o es el valor unitario de la recompensa, señaló un despacho de la agencia Afp fechado en Santafé de Bogotá.
El anuncio se enfoca al rescate de 58 rehenes que las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ofrecieron canjear por unos 500 rebeldes en prisión y es otra de las reacciones oficiales a la explosión en un complejo militar la semana pasada.
Familiares de los rehenes rechazaron el ofrecimiento de recompensa; según organismos humanitarios, unas 4 mil personas se encuentran secuestradas en Colombia, donde además de las guerrillas, la delincuencia comete ese delito.
En al menos cinco municipios de la frontera con Venezuela hubo renuncia masiva de alcaldes, quienes dijeron que son amenazados por las FARC.   

Fuente: lafogata.org