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La ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti consideró improcedente el pedido realizado por el doctor José Luis González, el abogado de Juan Gelman, solicitando una ley interpretativa para anular la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y reabrir así el caso de la nuera del poeta, María Claudia García, asesinada en Uruguay luego de dar a luz a una niña que fue anotada como propia por un comisario de policía.
 
Preguntada al respecto, la secretaria de Estado se manifestó contraria a lo solicitado por González, pues lo considera innecesario. Explicó que el Poder Ejecutivo ha estado trabajando, dando la interpretación correcta a la Ley de Caducidad" y que "Con ese sistema y con una voluntad política fuerte de llegar a la verdad y a la justicia, hemos estado avanzando felizmente". El presidente Vázquez está excluyendo de los beneficios de esta ley de impunidad a todos los casos que se le ponen a consideración; sin embargo, la investigación de lo sucedido a María Claudia debió detenerse debido a una resolución de la fiscalía que consideró el asunto "cosa juzgada", pues había sido incluído dentro de los delitos amparados por la ley de Caducidad por el gobierno anterior.
 
La semana pasada, Uruguay compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para responder a la denuncia sobre la detención de las investigaciones del asesinato y desaparición de su nuera presentada por Juan Gelman. Conocido el alegado, el abogado de Gelman, estimó que la respuesta del gobierno uruguayo estuvo basada en generalidades y que -en definitiva- fue elusiva respecto a la denuncia en sí. "Hace un balance de las diversas etapas procesales (...) pero no responde concretamente a nuestro pedido", dijo González.
 
El informe presentado ante la CIDH hace hincapié en los nuevos criterios del Poder Ejecutivo frente a las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Uno de ellos refiere a que -a diferencia de las anteriores- esta presidencia ahora solicita a la justicia una investigación previa antes de decidir si esos delitos están incluídos en la Ley de Caducidad o no. Otro nuevo criterio es no incluir en su amparo a los delitos cometidos fuera del territorio nacional, como sí lo hizo el ex presidente Julio Sanguinetti con los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw, ocurridos en Buenos Aires en 1976, por ejemplo.
 
De todas maneras, el caso de María Claudia García quedó en un callejón sin salida, ya que fue la propia fiscalía (que depende del Poder Ejecutivo) la que determinó su archivo. Por eso el doctor González reclamó "Una ley interpretativa donde a texto expreso se determine que no hay cosa juzgada en materia de actos del Poder Ejecutivo en estos casos particulares". Eso podría permitir el desarchivo de la causa, pero -como se ve- no es intención del gobierno acceder al pedido.        

Fuente: lafogata.org