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Llegada de la PFP al zócalo de la ciudad de Oaxaca, ayer Foto Notimex  Una revisión contractual de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha devenido en el conflicto político y social más importante del país desde el levantamiento zapatista en Chipas.
La lentitud e incluso desdén del gobierno federal; la cerrazón de un gobernador -Ulises Ruiz- aferrado al poder, amparado en la fuerza y el entramado de intereses políticos de PAN y PRI, que han privilegiado sus acuerdos mutuos de garantizar la toma de posesión del presidente electo Felipe Calderón a cambio de mantener la inamovilidad de Ruiz, han sido el contexto de un conflicto social que ha ocasionado ya 15 muertes.
La apuesta a que postergar la solución generaría el desgaste se ha revertido para el gobierno federal, y se ha resumido claramente en la confesión presidencial de Vicente Fox, quien tras cinco meses de tensión y conflicto en Oaxaca por fin reconoció: "tenemos el tiempo encima". Y esa premura al parecer precipitó la intervención de la PFP, para resolver la situación antes que Calderón asuma el poder, aunque se encarezca el costo.
 Inicio del conflicto El lunes 22 los 70 mil maestros que conforman la sección 22 del SNTE iniciaron lo que parecía una más de sus movilizaciones anuales en demanda de mejoras contractuales. En esta ocasión, el comienzo de un paro de labores se sustentaba en el reclamo de rezonificación de los mentores por vida cara, dado el alto grado de carestía en esa entidad turística; la atención al rezago educativo de más de 20 años en los 11 subsistemas ante la insuficiencia de infraestructura básica, y plazas de docentes y personal de apoyo.
Originalmente el paro convocado era por 72 horas, que para el 29 de mayo se convirtió en indefinido, ante la falta de respuesta. El día 25 las marchas de los maestros se ampliaron a varios puntos del estado y del país, añadiendo otro reclamo: el rechazo a la Reforma a la Educación Secundaria.
La insuficiencia en la respuesta inicial a las demandas del sindicato rápidamente radicalizó la actitud de los maestros que, por conducto de un grupo, lograron el cierre, por ese día, de la televisora estatal.
Eran apenas los albores del conflicto y Ruiz hacía declaraciones a la prensa sugiriendo que la administración a su cargo ya estudiaba la posibilidad de usar la fuerza pública, fijando desde entonces la orientación de lo que sería su forma de manejar el conflicto. El ofrecimiento económico de 60 millones de pesos -acotó- era definitivo "y no habría vuelta atrás". No voy a cometer, añadía, la irresponsabilidad de ofrecer recursos que el gobierno no tiene.
La dirigencia magisterial acusó recibo de la amenaza y desde entones denunció el comportamiento de Ruiz Ortiz: "el gobernador muestra su carácter represivo e intolerante ante los reclamos sociales; ésa ha sido la tónica de su gobierno".
 Intensificación La movilización magisterial convocada a finales de mayo comenzó a intensificarse en los primeros días de junio: bloqueos de carreteras, plantón en el zócalo de la capital oaxaqueña; manifestaciones a las puertas de la Casa de Gobierno y una marcha de 80 mil personas, donde participaron ya el Frente Sindical de Organizaciones Democráticas, la Promotora de la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo y la Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños.
A las reivindicaciones magisteriales se añadieron peticiones de esclarecer el asesinato de Moisés Cruz, dirigente de esas organizaciones, victimado, según denunciaron, por pistoleros al servicio de caciques priístas. En respuesta, Ruiz emplazó al magisterio a retornar a clases, amagando con retirar su ofrecimiento económico para la rezonificación, lo que ocasionó la reacción inmediata del magisterio: no al levantamiento del plantón ni retorno a clases; en cambio, anunció movilización.
Dos días después, el 7 de junio, se celebró una megamarcha que convocó a 120 mil personas que repudiaron al gobierno, acción complementada con tomas momentáneas de edificios públicos, entre ellos el Congreso del estado. La respuesta oficial estatal y federal: inicio de procesos penales contra dirigentes magisteriales, mientras Ruiz revelaba a empresarios que habría "mano dura".
La madrugada del 14 de junio, el rumbo del conflicto adoptó su orientación definitiva e inició un asecenso incesante: Ruiz ordenó el desalojo del plantón que los mentores mantenían en el zócalo. En el operativo intervinieron fuerzas policiacas especiales del gobierno estatal y del ayuntamiento de la ciudad, apoyados en un helicóptero que lanzó gas lacrimógeno.
La polarización obligó a una primera intervención de la Secretaría de Gobernación, que convocó al magisterio oaxaqueño al diálogo para distender el conflicto. En este marco, Ruiz accedió a liberar a 10 profesores detenidos en el enfrentamiento; suspender órdenes de aprehensión y solicitar a la Secretaría de Hacienda una partida extraordinaria para la rezonificación de profesores.
La condena de los profesores a la represión de corte "fascista" fue seguida de una nueva megamarcha cuyo reclamo central dejó de ser la reivindicación contractual para centrarse en la renuncia de Ruiz. Las primeras reuniones en Gobernación dejaron claro a los maestros que el gobierno federal no negociará la salida de Ruiz en una mesa.
El 17 de junio, el movimiento magisterial, que hasta entonces había recibido el apoyo de otras organizaciones sociales, dio un vuelco radical al anunciarse la creación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que se fijó el objetivo de iniciar una lucha prolongada para la destitución de Ruiz y la desaparición de poderes, ante el carácter represivo de la administración estatal.
Gobernación insistió en no negociar la caída de Ruiz y al mismo tiempo admitió que las reivindicaciones magisteriales son justas. A finales de junio, la dependencia señaló que las demandas económicas del magisterio estaban satisfechas, pero el reclamo que se había vuelto central, la salida del gobernador, no obtuvo respuesta.
 Comicios, diálogo y violencia Julio comenzó aún con el amago del boicot a los comicios federales, mismo que no se concretó. En cambio, el magisterio decretó una tregua en sus movilizaciones hasta que se definiera la elección presidencial. El 10 de julio, el magisterio anunció el regreso a clases, aunque en asamblea extraordinaria anunció que intensificaría sus acciones de protesta para evidenciar la ingobernabilidad en la entidad, lo que se complementó con la petición a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de un procedimiento de desaparición de poderes.
La Guelaguetza se convirtió entonces en motivo de disputa. Las movilizaciones magisteriales en torno a esta festividad ocasionaron la cancelación de la misma, ante la irritación de Ruiz, quien negó que fuera un triunfo del magisterio: "fue una derrota de Oaxaca".
En los albores de agosto, los maestros tomaron radiodifusoras y estaciones de televisión, comenzando con las oficiales, al tiempo que secuestraron 20 vehículos oficiales. Ruiz rechazó renunciar y dijo que el asunto estaba en manos del Congreso, que determinó heredar la decisión para la siguiente legislatura.
Las complicaciones electorales y la importancia del PRI como aval de la victoria oficial de Felipe Calderón propiciaron que el conflicto en Oaxaca cobrara otra dimensión: la permanencia de Ruiz a cambio de la garantía de que Calderón asuma sin contratiempos. El Senado comenzó a enredarse entre los intereses partidistas de PAN y PRI, con lo que el conflicto social oaxaqueño tomó un carácter estratégico en la política nacional.
La APPO intensificó su actividad: obligó al Congreso del estado a sesionar en hoteles y asfixió al gobierno estatal con la toma de palacio de gobierno, en tanto ampliaba su protesta en la ciudad. Los signos de ingobernabilidad eran evidentes, pero el Senado no encontró motivos para intervenir, en ese momento.
A partir de entonces, la operación de presuntos grupos paramilitares apoyados por el gobierno del estado comenzó a cobrar víctimas en la APPO, mientras las negociaciones entre Gobernación y la asamblea oaxaqueña se prolongó indefinidamente sin resultado. Aparecieron presuntos grupos armados; explotaron petardos en bancos, mientras la APPO radicalizaba sus posturas incrementando las barricadas en la ciudad.
En este contexto, sobrevuelos militares y la llegada de efectivos al estado prefiguraban ya la salida decidida, aunque entonces no se dio por cancelada la negociación. La convocatoria de Gobernación a una negociación amplia de todos los sectores fracasó cuando la APPO determinó no acudir a la convocatoria.
Así, mientras las gestiones de Gobernación se tornaban tan interminables como inútiles, ante el atrincheramiento priísta, amparado en su carta de negociación -la toma de protesta de Calderón-, llegó el turno del Senado, que se topó con la misma vaina. El PRI no cedería a la remoción de Ruiz.
Y mientras las muertes en Oaxaca aumentaban, el Senado concluyó que no decretaría la desaparición de poderes aunque existían "condiciones graves de inestabilidad e ingobernabilidad en Oaxaca".
Tras la determinación del Senado, el PRI cerró filas en torno a Ruiz con un encuentro entre legisladores y gobernadores para reivindicar al oaxaqueño.
El PAN reorientó su discurso y, pese al sentido de su voto, comenzó a pronunciarse por la salida del gobernador.
Paradójicamente, cuando los maestros han decidido el retorno a clases, signo de que el diferendo original ha sido totalmente desplazado, nuevas muertes en el estado precipitan la decisión del centro: la intervención de la Policía Federal Preventiva, para que Ruiz pueda gobernar.     
 
Fuente: lafogata.org