Latinoamérica

Las pruebas de supervivencia de los doce diputados del Valle del Cauca en poder de las FARC, conocidas el domingo 24 de septiembre pasado, son un gesto de buena voluntad de la guerrilla, aunque falta que ésta cumpla el compromiso de dar también las señales de vida de los retenidos en el sur del país, que según explican sus voceros no ha sido posible por los operativos del Plan Patriota en el área.
Este acontecimiento demuestra que el acuerdo humanitario o canje de prisioneros es inevitable. El Gobierno Nacional no puede seguir postergando el despeje de los municipios de Pradera y Florida en el Valle del Cauca, que es la garantía para el desplazamiento de los voceros de las FARC al encuentro con el Gobierno. Todo indica que la decisión estaba tomada hace dos semanas, un día antes que estallara el escándalo de los autoatentados y montajes de la inteligencia de la XIII Brigada, pero el alto mando militar y el vicepresidente Francisco Santos, presionaron para que se condicionara a una declaratoria unilateral de cese de fuego por parte de las FARC. Una manera de obstaculizar las garantías plenas para el cara a cara entre el Gobierno y la insurgencia.
Como lo dicen los doce diputados en el video, la Casa de Nariño sigue acariciando la idea del rescate a sangre y fuego, lo cual coloca en inminente peligro la vida de los retenidos en poder de la guerrilla. De lo contrario hubiera decretado ya el despeje, pero no sólo se niega a hacerlo, sino que desafiando el clamor nacional e internacional, decidió militarizar la región, donde hay combates con las fuerzas rebeldes. Además, como por arte de magia, según los reportes militares, fueron descubiertos laboratorios para la producción de cocaína. Nunca antes se conocieron estos hallazgos, pero ahora los presentan como prueba de la imposibilidad de retirar la Fuerza Pública del territorio de los dos municipios.
Carlos Holguín Sardi, ministro del Interior y de Justicia, declaró al conocer las pruebas de supervivencia, que la guerrilla debe hacer nuevas manifestaciones de buena voluntad, que es la manera de seguir dilatando la determinación gubernamental. Refleja la ausencia de voluntad política en el Gobierno. Los instrumentos jurídicos para el acuerdo humanitario existen, el apoyo nacional e internacional también, entonces ¿qué más espera el presidente Uribe Vélez para concretarlo? Exigir nuevos gestos de buena voluntad, sin demostrar los propios, es la forma torpe como el Gobierno le saca el bulto a la decisión del despeje, porque es él y no otro el que debe decretarlo. El país -y no sólo los familiares de los retenidos- está a la espera que esto suceda en los próximos días.     

Fuente: lafogata.org