Latinoamérica

Declaración Final Ante la agudización de la crisis humanitaria de las comunidades  indígenas en Colombia, las principales organizaciones indígenas de  Colombia,  congregadas en el Consejo Nacional Indígena de Paz,  convocaron a una Misión  Internacional de carácter independiente para  hacer seguimiento a las recomendaciones  hechas en el 2004 por el  Relator Especial de las Naciones Unidas para los  derechos humanos y  las libertades fundamentales de los pueblos indígenas,  Rodolfo  Stavenhagen. Esta Misión Internacional de Verificación sobre la  Situación Humanitaria y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de  Colombia entre el 19 y 29 de septiembre de 2006 tuvo como propósito verificar el estado  de  cumplimiento de las recomendaciones y la situación actual de los   pueblos indígenas, producir un informe para que la comunidad  internacional  pueda instar al gobierno de Colombia el cumplimiento de  los acuerdos y  compromisos internacionales y de orden nacional, en  materia de respeto a los  derechos de los pueblos indígenas.
La Misión estuvo conformada por organizaciones de derechos humanos y  de  la sociedad civil de Europa, América Latina, Estados Unidos, y  Canadá, con observadores de las agencias de las Naciones Unidas, la  Embajada de  Suiza, la Embajada de Alemania, la delegación de la  comisión europea, y la  MAPP-OEA.
La Misión visitó cinco regiones: la Sierra Nevada de Santa Marta, el  Alto Sinú en Córdoba, el departamento de Arauca, el departamento del  Cauca y el departamento del Guaviare. En cada región la Misión sostuvo  entrevistas  con las comunidades indígenas y sus organizaciones,  recibió testimonios de indígenas víctimas de violaciones de los  derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y se  entrevistó con autoridades locales y departamentales, cívicas,  militares y de organismos de control del  Estado. En el ámbito  nacional, la Misión se entrevistó con entidades del Sistema  de  Naciones Unidas y con miembros del Cuerpo Diplomático congregados en  el  G24, con autoridades del gobierno central y con los organismos de control  nacional.
Adicionalmente, la Misión participó en el foro nacional de mujeres  indígenas y en el foro nacional por la vida de los pueblos indígenas y  tuvo acceso  a estudios de caso, informes de violaciones de derechos  humanos a los  pueblos indígenas, testimonios, documentos y análisis  de expertos, que le  permitieron obtener una visión integral de la  situación actual por la que  atraviesan los pueblos indígenas de  Colombia.
Una vez concluida la visita en terreno, la Misión emite la siguiente  declaración: CONSTATACIONES 1. La Misión constató que los pueblos indígenas (hombres, mujeres,  niños y niñas, y sus organizaciones) están siendo víctimas de  violaciones a los derechos humanos fundamentales y de crímenes de lesa  humanidad, tales  como: asesinatos políticos, detenciones masivas y  arbitrarias, torturas y  tratos crueles, desapariciones forzadas,  allanamientos, señalamientos, judicializaciones y acusaciones  infundadas, retenes permanentes y limitaciones a la movilidad.  Igualmente se violan su derecho al debido proceso, el respeto a su  autonomía, costumbres y territorios. Las medidas implementadas en  el  marco de la política del actual gobierno, tales como: la red de  informantes, los soldados campesinos, los batallones de alta montaña,  las brigadas  móviles, los escuadrones antidisturbios, y los grupos de  operaciones especiales, agravan la ya difícil situación que enfrentan  los pueblos indígenas y  sus territorios.
2. La Misión constató que los pueblos indígenas están sufriendo los  efectos de las graves infracciones al derecho internacional  humanitario cometidas  por los actores armados en el contexto del  conflicto armado interno (la Fuerza Pública, los grupos guerrilleros y  paramilitares o desmovilizados). La  Misión tuvo conocimiento y pudo  observar en el terreno que la fuerza pública  ha construido puestos  policiales y militares, garitas, trincheras y puntos  de avanzadas, en  medio de los sitios de vivienda de los indígenas, en  lugares  ampliamente poblados y en territorios pertenecientes a los resguardos  indígenas. Realizan retenes militares y controles en los que se  despoja  a los indígenas de alimentos, medicinas y otros implementos  necesarios para  su supervivencia. Los grupos armados ilegales  practican el reclutamiento forzado de jóvenes indígenas. Todos los  actores armados han asesinado a hombres  y mujeres indígenas y ocupan  zonas humanitarias y sitios de asamblea  permanente, designados por  las comunidades indígenas como lugares de protección  frente a los  efectos del conflicto. Ejecutan operaciones militares que no guardan  los principios básicos de distinción y proporcionalidad, afectando   gravemente a la población indígena.
3. La Misión constató que el actual proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y las normas creadas para ello, no garantizan la verdad,  justicia y reparación de los crímenes cometidos por los paramilitares   contra los pueblos indígenas, que continúan en una situación crítica.  La  Misión recibió testimonios que indican que en varios de los  territorios  indígenas los paramilitares no se han desmovilizado  efectivamente y siguen cometiendo crímenes e intimidando a la  población; en otros casos, se informó a la  Misión que los  paramilitares desmovilizados han conformado nuevos grupos  armados y  desarrollan las mismas prácticas anteriores contra las comunidades;  así mismo, se recibieron testimonios sobre el control social, las  actividades de infiltración, información, y hostigamiento que los  paramilitares desmovilizados realizan contra las comunidades, organizaciones y  líderes indígenas.
4. La Misión constató que en los territorios indígenas se están implementando megaproyectos sin que se respete el procedimiento de consulta previa y    los criterios para ello establecidos por los convenios  internacionales de  la OIT, de las Naciones Unidas y por los propios  mecanismos internos de  concertación establecidos entre el estado  colombiano y las autoridades indígenas.  Estos proyectos incluyen:  infraestructura vial, fluvial y marítima,  extracción de minerales e  hidrocarburos, construcción de represas y grandes proyectos  hidroeléctricos,  control y explotación de la biodiversidad, y  proyectos agroindustriales como los monocultivos de palma aceitera y  caucho.  Estos megaproyectos, además de generar graves e irreparables impactos   ambientales, rompen el equilibrio natural y espiritual que los pueblos  indígenas han mantenido por años, desestructuran el territorio,  perjudican la salud y afectan los ciclos productivos, alimenticios y  la convivencia de las comunidades indígenas.
PREOCUPACIONES  ESPECIALES 5. La Misión pudo constatar que las violaciones a los derechos  fundamentales de los pueblos indígenas están acompañados de  violaciones a sus  derechos colectivos y que se está creando un marco  jurídico normativo que  agravaría esta situación. En este sentido, la  Misión expresa su preocupación  especial por las leyes más  recientemente aprobadas y por las que están en  trámite, tales como la  ley forestal, la ley de aguas, la ley de páramos, y ley  de desarrollo  rural, que retroceden en derechos conquistados por los pueblos  indígenas y apuntan a generar mayores niveles de exclusión   sociocultural y violencia, y configuran claros escenarios de extinción  de los pueblos  indígenas.
6. La Misión pudo observar la situación particular de la educación y  la  salud de las comunidades indígenas y manifiesta su preocupación  por la  desatención de parte de las entidades regionales y del Estado  central y por la  ausencia de mecanismos de concertación con miras a  respetar y apoyar las propuestas  de las comunidades indígenas desde  su cosmovisión, sus prácticas  tradicionales, su sabiduría ancestral y  sus proyectos de educación y salud propia.
7. La Misión escuchó abundantes testimonios sobre la situación  específica de las mujeres indígenas. La Misión quedó altamente  preocupada y denuncia  las prácticas de acoso, abuso sexual,  violación, engaño y seducción contra  mujeres y niñas indígenas, por  parte de miembros de la fuerza pública. La  Misión recibió testimonios  sobre menores que han quedado embarazadas sin que  exista  responsabilidad alguna asumida por los militares y/o policías   responsables.
8. La Misión recibió testimonios e información sobre la fumigación aérea sobre territorios indígenas, que se llevaron a cabo sin la consulta previa  de  las comunidades, donde existían o no cultivos de uso ilícito  dentro de los territorios indígenas afectadas. Las fumigaciones están  agravando la inseguridad alimentaria que existe en varias comunidades  indígenas por  los daños que causa a los productos de pan coger y por  los afectos  negativos en la salud. La Misión observó que las  comunidades tienen serias dificultades  para acceder a los fondos de  reparación por los daños ocasionados por las fumigaciones a sus  territorios y cultivos de pan coger. La Misión  observa que no  encontró propuestas alternativas reales y concertadas con las   comunidades, por parte de las autoridades responsables.
9. La Misión constató que los pueblos indígenas han iniciado una  campaña encaminada a la "liberación de la madre tierra" y que tiene  que ver con  la necesidad y exigibilidad de ampliación de sus  territorios para  garantizar su supervivencia. La Misión tuvo  información y datos sobre los altos  índices de concentración de la  tierra y la propiedad en Colombia, en los últimos  años y las muertes  que la defensa del derecho a la tierra y al territorio ha  causado  para los pueblos indígenas. De igual forma, la Misión conoció que el   Gobierno colombiano ha incumplido, reiteradamente, acuerdos firmados  con las organizaciones indígenas  encaminados a devolver y titular  tierras  ancestrales que han sido usurpadas a los pueblos indígenas.
10. La Misión lamenta no haber podido encontrarse con algunas de las  principales entidades gubernamentales y estatales colombianas, tales como la  Vicepresidencia, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, y    el Ministerio de Minas y Energía. Los miembros de la Misión lo   interpretan como una falta de voluntad política por parte del gobierno  colombiano de  cumplir con sus obligaciones de respetar y proteger los  derechos de los pueblos indígenas de Colombia.
CONCLUSIONES 10. Por las constataciones anteriormente señaladas, la Misión  concluye: Que las recomendaciones presentadas por el Relator Especial de la ONU para los  derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos   indígenas no han sido atendidas de manera oportuna y eficaz por las  autoridades gubernamentales y estatales.
Que, desde la visita del Relator (2004), la situación de los pueblos  indígenas de Colombia se ha agravado a tal punto que configura un  escenario no  sólo de una grave crisis humanitaria, sino de amenaza  cierta de extinción ante  lo cual, la Misión, hace un llamado urgente  a la comunidad internacional y  al Estado Colombiano a que hagan todo  lo necesario para detener este  riesgo.
Que la sistematicidad de las violaciones de los derechos humanos y de  del derecho internacional humanitario y de los crímenes de lesa  humanidad a  los que han sido sometidos los pueblos indígenas de  Colombia prefiguran un genocidio contra estos pueblos, que ni siquiera  las Medidas Cautelares  y Provisionales, emanadas por la Comisión  Interamericana y la Corte Interamericana de derechos humanos han  podido detener.
RECOMENDACIONES 11. La Misión recomienda al Relator Especial de la ONU para los  derechos humanos y las libertades fundamentales de los Pueblos  Indígenas  realizar una pronta visita de seguimiento al cumplimiento  de sus recomendaciones,  con miras a exigir al Estado Colombiano  respuestas eficaces ante la gravedad de  la situación de estos pueblos.
12. La Misión recomienda a la Unión Europea y al G24 hacer un  seguimiento más detallado a la situación de los pueblos indígenas, en  el marco de las  cumbres de Londres y Cartagena sobre los derechos  humanos y al cooperación internacional en Colombia.
13. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano no dilatar el  cumplimiento de acuerdos con las comunidades y organizaciones  indígenas respecto de la titulación de tierras y territorios e  implementar mecanismos de  solución negociada antes que los de la  represión policial y las  judicializaciones.
14. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano retirar de los pueblos  y lugares de vivienda de los indígenas los cuarteles, trincheras y  otras  formas de ocupación militar que pongan en inminente riesgo a la  población  civil indígena.
15. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano considerar los  resguardos indígenas como territorios de paz y diseñar una política  integral para proteger a los pueblos en riesgo de extinción.
16. La Misión recomienda a los grupos armados ilegales respetar los  derechos de los pueblos indígenas a su territorio, vida, y autonomía y  todos los principios del derecho internacional humanitario.
17. La Misión recomienda a las organizaciones sociales, nacionales e  internacionales y a los pueblos indígenas solicitar una moratoria en  la implementación de megaproyectos, en territorios y resguardos  indígenas,  mientras no se cumplan los mecanismos y acuerdos, tanto  internacionales  como nacionales, entre ellos, la de la consulta real  y efectiva a las  comunidades y organizaciones indígenas.
18. La Misión recomienda a la cooperación internacional apoyar a los  planes de vida, a las estrategias de gobierno propio y autoprotección  de las  comunidades indígenas.
19. La Misión extiende su solidaridad a las comunidades  afrodescendientes y campesinas que se enfrentan condiciones similares  a las de los pueblos  indígenas.
Esta declaración está acompañada de un informe detallado de la Misión  sobre cada una de las regiones visitadas.
Dada en Bogotá, el 28 de septiembre de 2006.
Participantes de la Misión: Michel Neveu - Alcalde y Consejo General de Loire - Atlantique  (Francia).
Beverly  Jacobs - Presidenta, Asociación de Mujeres Indígenas de Canada.
Efraín Calapucha - CONAIE ( Ecuador ).
Franklin Toala - CONAIE ( Ecuador ).
Charlie Roberts - Comité para los Derechos Humanos de Colombia a  Washington (USA).
Oswald Iten -periodista Suizo (Neue Zücher Zeitung NZZ).David Bruer -  Interpares (Canadà).
Natalia  Cardona - Comité Andino de Servicios (Estados  Unidos).
Andrew Fandino - Coordinador Proyecto Defensa de los U`wa, Amazon  Warch (Estados Unidos).
Anne  Vereecken - comité Daniel Gillard (Belgica).
James Patton - Comitè Andiono de Servicios (Estados Unidos).
Giuseppe de Marzo - Asociaciòn A Sud  (Italia).
Maria Eugenia Cardenas - Derechos y Democracia ( Canadà).
Jessica Eby - Wola (Estados Unidos).
Richard Solly - Colombia Solidarity Campaign (Gran Bretaña).
Michel Thuaul - Asociación Campesina (Francia).
Vemund Olsen - Human Rights Everywhere (Noruega).
Carmen Maria Lang - Ayuda Popular Noruega (América Latina).
Philippe Matray -  Cooperante Belga (Bélgica).
Nieves Laborda - Presidenta, Acción Solidaria Aragonesa (España).
José Antoio Gutiérrez - Latin American Solidarity Centre (Irlanda).
Dunja Van Kleef - Fucai (Holanda).
Dag Kavlie - Universidad de Bergen (Noruega).
Otros con trabajo en Colombia: PCS. SUIPPCOL, COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPO, CENSAT,  HUMANIDAD VIGENTE, CECOIN, DIAL.
OBSERVADORES: PNUD, OACNUDH, ACNUR, OCHA, EMBAJADA DE SUIZA, EMBAJADA DE ALEMANIA,  DELEGACION DE LA COMISION EUROPEA, MAPP-OEA.
-- CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Av. Los Granados 10 275 y Av. 6 de Diciembre. Quito. Ecuador. Sudamérica.
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Fuente: lafogata.org