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¿Hacia un intercambio de prisioneros y un proceso de paz en Colombia?
César Jerez
Agencia Prensa Rural
De nuevo pareciera abrirse un camino de esperanza que posibilite un intercambio
de prisioneros de guerra entre las FARC-EP y el estado colombiano.
La guerrilla marxista, en una carta abierta a las tres ramas del poder público,
anunció recientemente los primeros pasos para iniciar un diálogo de paz con el
gobierno de Uribe Vélez.
"La paz, la solución política del conflicto, sigue siendo el más caro anhelo en
el alma colectiva de los colombianos. No ha sido posible porque los de arriba no
quieren ceder a sus privilegios, ni desean compartir, atrincherados en su
democracia excluyente", han manifestado los rebeldes en la carta firmada por el
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, una especie de ejecutivo
guerrillero.
Los insurgentes han exigido al gobierno actual "otorgar garantías plenas para
adelantar el canje de prisioneros de guerra, desmilitarizando por 45 días los
municipios de Florida y Pradera (en el departamento del Valle del Cauca). Una
vez liberados todos ellos, quedará al orden del día la búsqueda de acuerdos para
superar el conflicto social y armado que azota al país". Con el intercambio
humanitario, las FARC entregarían a unos 59 políticos y militares que mantienen
retenidos, algunos desde hace diez años, a cambio de unos 500 subversivos que se
encuentran presos.
Las FARC habían expresado durante la campaña electoral la imposibilidad de
llegar a acuerdos con Uribe. Con la reelección del mandatario, la guerrilla
retoma la iniciativa política, insiste en el intercambio humanitario y expone
las condiciones para llegar a un nuevo proceso de paz. Entre éstas,
desmilitarizar los departamentos de Putumayo y Caquetá, en la Amazonia
colombiana.
Las FARC le han propuesto al estado colombiano retomar la agenda común del
anterior y fallido proceso de paz que buscaba introducir cambios estructutales
en el orden político, económico y social del país e incluir en la discusión el
tratado de libre comercio con Estados Unidos, la reparación integral a las
víctimas del conflicto y la extradición de nacionales colombianos a los Estados
Unidos. Este último tema ha cobrado mayor importancia con la extradición de los
guerrilleros Sonia y Simón Trinidad a ese país, sindicados de narcotráfico y con
la pretensión de los Estados Unidos de llevar a las cárceles gringas a
prácticamente todos los dirigentes guerrilleros. Las FARC han reconocido
públicamente cobrar un impuesto al comercio de pasta de base de coca que se da
entre campesinos y narcotraficantes, pero niegan participar en la cadena
internacional del tráfico de cocaína.
Por su parte las FARC mantienen en su poder desde hace más de tres años a tres
ciudadanos estadounidenses, que fueron hechos prisioneros cuando los
guerrilleros derribaron una avioneta que realizaba labores de inteligencia
contrainsurgente en el marco del Plan Colombia.
El canje de gringos por guerrilleros sería uno de los temas más difíciles de
abordar ante una eventual negociación de intercambio de prisioneros, pues la
administración de los Estados Unidos ha desechado públicamente esta salida y
prioriza el rescate militar de sus agentes.
Pese al entusiasmo que ha despertado el cruce de cartas abiertas entre las
partes (el gobierno incluso ha llegado a ofrecer una asamblea constituyente al
final de un proceso de paz con las FARC) en algunos sectores de la sociedad
colombiana, es necesario tener en cuenta las trabas al intercambio de
prisioneros y al proceso de paz:
1. La política de "seguridad democrática" del gobierno de Uribe, que ha logrado
unificar en la fórmula de la guerra a la oligarquía colombiana y que le ha dado
un manejo retórico y demágogico a la paz, mientras busca afanosa pero
infructuosamente el debilitamiento militar de las FARC con el apoyo
incondicional de la administración Bush.
2. El papel determinante de los Estados Unidos (con su escenario centroamericano
de una guerrilla derrotada en una mesa de negociación), pues es quien realmente
dictamina la política de guerra para poder mantener el statu-quo regional que
posibilite su saqueo de recursos estratégicos de Colombia.
Mientras tanto, Uribe, contando con la manipulación de los medios de
comunicación, ha sabido dar una apariencia de seguridad y paz hacia dentro y
hacia fuera del país. Legalizó e institucionalizó las estructuras paramilitares
de guerra sucia y terrorismo de estado ligadas al narcotráfico, que él mismo
ayudó a crear, y se encuentra en un proceso de acercamientos con la guerrilla
del ELN, con la cual iniciará el próximo 16 de octubre una cuarta ronda de
conversaciones en La Habana.
Mientras tanto, la guerra cotidiana se traga la vida a cada instante: Colombia
es el país del mundo donde más se asesina a campesinos, maestros, líderes
sindicales y periodistas. En la actualidad hay tres millones de colombianos
desplazados de sus tierras.
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