Latinoamérica

La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Louise Arbour, ha resuelto iniciar conversaciones con el gobierno colombiano en vista de revisar los métodos de trabajo y efectuar «conjuntamente» los ajustes que sean necesarios llevar a cabo en su Oficina en Colombia, según indicó su portavoz en Ginebra, José Luis Díaz. El anuncio desata la polémica sobre el proyecto mas antiguo y relevante de la ONU en materia de derechos humanos a escala planetaria, implantado desde 1996. La misión involucra a decenas de expertos internacionales distribuidos a lo largo del territorio colombiano, dirigidos por el uruguayo Juan Pablo Corlazzoli.
Por lo pronto, la respuesta de Arbour satisface el requerimiento del enviado especial del gobierno colombiano, Carlos Franco, quien el pasado 18 de septiembre propuso a la Alta Comisionada, cuando se iniciaran las deliberaciones de la presente sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, emprender una "reflexión conjunta" sobre el futuro de esa Oficina. Franco declinó exponer las aspiraciones del gobierno, pero aclaró que la prolongación de la autorización en curso relativa a la actuación de la Oficina era por un año, y que para después dependía si se alcanzaba un entendimiento con la ONU, como si su gobierno recurriera a una tacita presión para torcer el destino de la intervención de Naciones Unidas en su país.

Sin embargo, las posibilidades que disponen Louise Arbour y el gobierno colombiano susceptibles de cambiar el perfil de la Oficina se limitan al acuerdo suscripto entre ellos en noviembre de 1996, para implementar el mandato otorgado por la ahora difunta Comisión de Derechos Humanos de la ONU, cuya continuidad ha heredado el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU, un órgano compuesto por 47 Estados elegidos por la Asamblea General de la ONU, que Colombia no integra. Solo dicho Consejo podría modificar tal mandato, un dispositivo pactado oportunamente con la anuencia de las autoridades colombianas, que en el decurso de estos diez años, se ha convertido en una singular presencia de funcionarios civiles de la ONU, desprovistos de los típicos "cascos azules" pero con inmunidades parecidas.
El gobierno colombiano viene insistiendo en reducir ese mandato a actividades de asistencia técnica, dejando de lado las tareas de monitoreo, una parte esencial de la labor de Naciones Unidas en Colombia. El documento de la ONU que creo la Oficina en Colombia hace una década estipula que su objetivo es contribuir a que el gobierno elabore "políticas y programas para la promoción y protección de los derechos humanos", como así también "observar las violaciones de los derechos humanos en el país, presentando informes analíticos" anuales. Luego de buscar infructuosamente renegociar ese mandato, el gobierno impulsa ahora evaluar el rol de la Oficina, para de esa manera abrir la puerta a una revisión del accionar de la ONU.

La decisión de Arbour emerge tras una discreta reunión mantenida en la mañana del pasado jueves en su despacho del Palacio Wilson de Ginebra, con el Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el mexicano Luis Alfonso de Alba, y con el ministro de relaciones exteriores de España, Miguel Angel Moratinos. A la salida de ese encuentro, Moratinos declaró a El Tiempo que su país está empeñado en ayudar al gobierno colombiano, considerándolo un defensor de los derechos humanos. "Lo que hace falta es combinar el enorme éxito del Presidente Uribe, que está logrando en construir más Estado de Derecho, y al mismo tiempo ampliar las capacidades de la Oficina; no es contradictorio y yo creo que debemos caminar en ambas direcciones", resumió.
Las ONG internacionales y colombianas se temían este giro de Arbour, que había eludido pronunciarse concretamente hasta hoy. A lo largo de los debates de este Consejo que culmina su segunda sesión anual esta semana en Ginebra, las ONG han denunciado que la política del Presidente Uribe persigue amputar a la Oficina las funciones de supervisar la situación de derechos humanos y señalar las medidas o conductas del gobierno que transgredan las recomendaciones de la ONU. "Uribe no quiere que la Oficina hable dentro del país y tampoco que venga aquí a Ginebra a informar lo que está pasando", manifestó un abogado colombiano que participa en estas deliberaciones y que solicitó guardar el anonimato. "Lo único que aceptan nuestros gobernantes es una asistencia técnica sobre cuestiones que ellos pidan, rechazan la supervisión y las iniciativas de la ONU para proteger a las víctimas", concluyó.
Estas ONG internacionales y colombianas han presentado al Consejo un balance de las violaciones de los derechos humanos durante los primeros cuatro años de presidencia de Alvaro Uribe. Afirman que bajo el actual gobierno los derechos continúan degradándose. A tal efecto, y según las cifras comunicadas al Consejo, fueron asesinadas o desaparecidas sin participar en combates 11.084 personas entre 2002 y 2006, es decir casi 8 personas por día, atribuyendo la responsabilidad de los hechos al Estado en el 74,5% de los casos. Estos datos, mas 6912 detenciones arbitrarias al cabo de ese mismo periodo, o sea sin las garantías regulares de los estandares democráticos, demostraría a ojos de las ONG que, por análisis comparativo en relación al pasado, el respeto a los derechos humanos prosigue su deterioro en Colombia y que la base de datos de la vicepresidencia de la República, que pretende demostrar lo contrario, "es mala".

* Juan Gasparini es periodista acreditado ante la ONU en Ginebra.      

Fuente: lafogata.org