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Europa Press

El enfrentamiento minero en la localidad boliviana de Huanuni, que se saldó ayer con 21 fallecidos y más de 50 heridos, puso en evidencia la débil gestión del ministro del área, Walter Villarroel, quien defendió a los cooperativistas en detrimento de los obreros estatales de la compañía Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en el conflicto que mantienen por las tierras de esta región y en la crisis por la que atraviesa el sector minero del país.
Al menos diez personas murieron ayer, entre ellas dos mujeres, y otras 57 resultaron heridas cuando mineros que trabajan por cuenta propia en cooperativas atacaron con dinamita a obreros estatales del subsuelo en la localidad andina de Huanuni, según anunció el portavoz presidencial, Alex Contreras. En este municipio se encuentra el más rico yacimiento de estaño del país, que está encerrado en los bolsones del cerro Posokoni.
Según los informes de prensa, parte de los 4.000 mineros cooperativistas que se han asentado en Posokoni, situado a 288 kilómetros de La Paz, atacaron a unos 1.000 mineros de Comibol, que trabajan para el Estado y a quienes se llama 'sindicalizados'.
La pelea por el control de las minas comenzó a materializarse la semana pasada, cuando centenares de cooperativistas ocuparon por la fuerza el centro estatal minero de Colquiri y tomaron por asalto los almacenes de la mina Viloco, mientras miles de sus compañeros bloqueaban las principales carreteras del occidente boliviano, logrando paralizar el alza de impuestos para la minería privada y frenando el potenciamiento de la Comibol. Estas acciones provocaron la reacción de los mineros y campesinos de Huanuni.
La postura de los mineros estatales constituye la concreción práctica de la decisión asumida en la asamblea general del pasado 4 de julio, donde proclamaron la necesidad de nacionalizar sin indemnización todas las minas manejadas por las transnacionales y los consorcios privados, de consolidar a Comibol como la única encargada de explotar los recursos mineralógicos para beneficiar al pueblo y de gestionar la empresa a través del control obrero colectivo, explica la prensa local, recogida por Europa Press.
Debido a lo ocurrido ayer, el Ejecutivo ordenó el repliegue de los soldados apostados en Huanuni hace cuatro meses, cuando los cooperativistas, que ya habían tomado parcelas, intentaron apropiarse de más sectores de la mina local ante el rechazo de los mineros estatales. Los militares se retiraron porque, según explicó el ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, estaban siendo 'hostilizados, provocados' por los mineros.
Para hacer frente a la situación, que se vio desbordada ayer con el enfrentamiento con dinamita, armas de fuego, palos y piedras, la Administración de Evo Morales envió una comisión de 'pacificación' a la zona para intentar apaciguar este 'enfrentamiento fratricida'.
INSATISFACCIÓN DEL SECTOR Pero la respuesta gubernamental no fue bien acogida por los trabajadores públicos de la empresa Comibol, ya que le acusaron de estar a favor de los cooperativistas, que suman unos 63.000 en todo el país, porque habían apoyado la campaña de Evo Morales a la Presidencia. Así, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), el minero Pedro Montes, acusó al mandatario de tener responsabilidad en la tragedia por no detener el conflicto con tropas oficiales.
'Dicen que no van a mandar a los militares, ahora... que den cajones para los muertos', señaló Montes, quien exigió a Morales que deje de 'mancharse las manos con sangre', y anunció que podría ordenar un bloqueo de carreteras en el oeste del país en señal de protesta.
Los trabajadores de la compañía estatal acusan también al Gobierno de ser el responsable de las supuestas arbitrariedades de los cooperativistas, que tienen en el ministro de Minería, Wálter Villarroel, a uno de sus antiguos dirigentes. De hecho, éste acusó a los empleados de Comibol de ser los responsables de la violencia por no estar de acuerdo con ceder más espacios a los cooperativistas.
EL MINISTRO SE DEFIENDE Esta posición en contra de los trabajadores públicos podría ser un serio obstáculo a la hora de pacificar el centro minero, pero Villarroel se defendió alegando que su autoridad 'en ningún momento se ha parcializado' y confirmó que no renunciará a su cargo a pesar de que los obreros le habían advertido de que Huanuni era una 'bomba de tiempo' y que podría 'costar' la Presidencia a Evo Morales.
Por todo ello, el cargo de ministro de Minería está ahora en el aire en Bolivia debido a todo lo ocurrido en Huanuni y, además, por las declaraciones que realizaron distintas autoridades del Ejecutivo. Por un lado, el vicepresidente, Álvaro García Linera, declaró anoche que el Gobierno no ha considerado por el momento cambios en el gabinete.
Por su parte, el portavoz presidencial, Alex Contreras, reconoció que se tendrá que analizar con detenimiento la incapacidad de algunas autoridades de la minería para prevenir sucesos como los de ayer. Según avanzó, una vez que se pacifique la región se iniciará una minuciosa revisión de la gestión de Villarroel, ya que consideró que el Gobierno 'no puede permitir que por una actividad minera, campesina, obrera o estudiantil se registren víctimas fatales, hechos que deben ser evitados a toda costa sobre la base del diálogo y la búsqueda de consenso'.
Mientras se producía este cruce de declaraciones, el Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, viajó hasta Huanuni, donde reunió a los dos bandos del enfrentamiento y, en la iglesia de la localidad, se llegó a un acuerdo preliminar que abrió paso a la pacificación y desarme simultáneo entre cooperativistas y trabajadores asalariados del Estado, según informa la prensa local.
El principio de acuerdo comprometía a los líderes de ambos sectores a calmar a sus bases, las cuales, mientras tenía lugar el diálogo, continuaban atrincheradas en los alrededores al pueblo de Viluyo, entre Huanuni y la ciudad de Oruro. 'Inicialmente el acuerdo es de paz', declaró Albarracín, quien viajó a la región junto al presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Guillermo Vilela.
DIEZ FALLECIDOS MÁS Sin embargo, todo esto cambió a lo largo del día de hoy, cuando se registraron en Huanuni otros diez fallecimientos por la violencia desatada en las minas, lo que elevó a 21 los muertos y aumentó el número de heridos, según confirmó al diario 'La Razón' el Defensor del Pueblo.
Minutos antes de este anuncio, los ministros de Gobierno, Alicia Muñoz, y de Defensa, Walker San Miguel, y el comandante de la Policía, general Isaac Pimentel, anunciaron el envío de 700 policías al centro minero con el objetivo de lograr la pacificación y crear las condiciones necesarias para instalar una mesa de diálogo que evite más enfrentamientos en esa localidad.
Asimismo, el Defensor del Pueblo emitió un comunicado desde Oruro en el que aseguró que hoy no ha habido avances en la negociación entre las partes iniciada ayer y que posibilitó él mismo. Según explicó, no existe predisposición de los dos bandos del conflicto para impulsar el diálogo.
El problema podría agravarse aún más si fueran ciertas las informaciones de hoy de la emisora local 'Ebrol', en las que destaca que al menos cuatro autobuses con trabajadores de las cooperativas habían llegado esta mañana (por la tarde en España) a Huanuni, aunque Albarracín subrayó que este extremo ya había sido desmentido.

Fuente: lafogata.org