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El capitalismo andino y la reemergencia de la COB
Erick Fajardo Pozo
La Haine
La crisis política en Bolivia es el cúlmen de un proceso de distanciamiento y
ruptura entre el gobierno y los movimientos sociales que construyeron el
empoderamiento del MAS.
Un proceso que –sin duda alguna– se inicia con el abandono del gobierno del
ministro de Hidrocarburos Andrés Solíz Rada y con la salida del viceministro de
Régimen Interno Rafael Puente, pero concluye con la reemergencia de la COB y el
retorno de la centralidad proletario-minera en las protestas sociales
emprendidas contra el gobierno por maestros asalariados y trabajadores de la
salud pública mese antes.
Las expresiones sociales que gestaron este nuevo "octubre negro", pueden ser
caracterizadas esencialmente por dos momentos: a) el sangriento choque entre
mineros de la empresa estatal Comibol y pequeño propietarios cooperativizados en
Huanuni, el pasado 3 y 4 de octubre; y b) la represión militar gubernamental en
la zona de cultivo tradicional de coca en Yungas de Vandiola. El escenario
político plantea la paradoja de un gobierno popular que de forma inexplicable
desoye las demandas de las principales organizaciones sociales del país; pero
también plantea un dilema estructural: la agenda política del MAS vs. la Agenda
de Octubre, dilema que impone leer más allá de la coyuntura para explicar el
momento político actual.
No es tan simple como que el MAS haya transado con los EEUU la reducción de
cocales a cambio de recibir una extensión muy poco probable del ATPDA (Acuerdo
de preferencias arancelarias a cambio de erradicación), declinando de la defensa
inclaudicable de la coca para erradicar los cocales más antiguos del país.
Tampoco se trata de que un gobierno que promovió una nacionalización del
patrimonio nacional, en términos de confiscación de la propiedad del gas y las
minas, haya simplemente resuelto "flexibilizar" su programa de estatización de
los recursos estratégicos.
En el fondo de ese giro, inicialmente incomprensible, está que el partido en
función de gobierno se ha desentendido de la agenda popular gestada por la
insurrección de octubre de 2003 y ahora pretende llevar a la práctica una tesis
de Capitalismo Andino que para nada representa romper el hilo de continuidad del
modelo de explotación de nuestros recursos naturales, históricamente ejecutado
por el poder transnacional, vía encomienda a las elites locales.
Así, la crisis actual no es producto de un error de cálculo gubernamental, sino
efecto de la resistencia natural de algunas organizaciones sociales a la
estrategia de poder de una elite racial y económica emergente que reclama para
si el derecho a constituirse en la nueva clase dominante.
Propósito que entra en contradicción estructural con la cultura política de la
izquierda boliviana, que no entiende sino como una actitud ahistórica y
contrainsurgente el que un gobierno encumbrado sobre el discurso de un estado
socialista pretenda ahora imponer un modelo capitalista-indigenista (un proyecto
esencialmente aymara de corte fundamentalista), desentendiéndose de la
expectativa de estatización de los recursos naturales de las grandes mayorías
nacionales, mientras pondera y alienta la constitución de la pequeña propiedad
privada en torno a la apropiación e intermediación en la extracción de las
materias primas.
Es en ese contexto que resurge el movimiento obrero, increpándole al MAS el
haber fracturado la unidad monolítica del sector minero, merced a su abierto
favoritismo hacia el cooperativismo, al que pretendía entregar la concesión de
los yacimientos de estaño de Posokoni, explotados por Comibol.
Restitución de la centralidad obrera
A pesar de la atípica evolución de la sociedad boliviana, que parece jamás haber
terminado de ingresar al estadío histórico capitalista, y al fracasado proyecto
de modernidad emprendido por el nacionalismo revolucionario, el marxismo ha sido
la columna vertebral de la organización política y sindical en la Bolivia
post-guerra del Chaco. Su centralidad ideológica tuvo una vigencia estatal de
más de medio siglo y pese a la debacle del sindicalismo minero con la
relocalización de 1985 (un despido masivo de más de 30 mil trabajadores
mineros), la reemergencia del movimiento obrero tras la masacre de Huanuni
testimonia hasta dónde la cultura política sindical se encuentra enraizada en el
imaginario popular.
Hoy la COB (Central Obrera Boliviana) se reincorpora, restituye la lucha de
clases en términos de la contradicción mayor y reclama la centralidad proletaria
en la conducción del movimiento popular ante un gobierno que plantea el absurdo
de una dialéctica en términos étnicos.
Fortalecida por las protestas de asalariados de la salud pública, maestros
urbanos, pero principalmente por el desconcierto de un sindicalismo minero que
no termina de entender cómo el gobierno rehusó nacionalizar Comibol (Corporación
Minera de Bolivia) para favorecer la cooperativización de la explotación del
estaño, la COB le reprocha al gobierno el haber travestido la Agenda de Octubre
(entiéndase nacionalización del gas y de las minas) por un proyecto sectorial de
país que pretende a todas luces gestar un nuevo tipo de propiedad privada y
consolidar una burguesía indígena que sólo logrará ahondar la fractura de la
alianza urbano-rural gestada en las jornadas de abril de 2000.
La antítesis de la coca
Del mismo modo, la decisión de un gobierno que se dice cocalero, de militarizar
y erradicar coca en una zona legal y tradicional de cultivo como Yungas de
Vandiola, para evitar suprimir cultivos excedentarios dentro del enclave masista
de Chapare, revela un sectorialismo fratricida y una cruda instrumentalización
del discurso de defensa de la coca, en cuya lógica la muerte de dos cocaleros de
la subcentral Icuna parecen ser un "costo aceptable".
En semanas posteriores a las protestas de los cocaleros el gobierno alegó que se
trataría de cultivos excedentarios pero según el Censo Nacional de Población y
Vivienda 2002, las plantaciones de coca en Yungas de Vandiola representan apenas
400 hectáreas y la data del cultivo en esa zona es de más de seis siglos, es
decir, muy anterior a la fundación de Bolivia.
Por otro lado, el gobierno protege los cultivos excedentarios de coca en el
trópico de Cochabamba, dónde el volumen de producción de la hoja es doce veces
mayor al de zonas legales de cultivo y donde los asentamientos de colonos datan
de apenas dos décadas atrás.
La explicación podría estar en que las denominadas Seis Federaciones de
Cocaleros del Trópico de Cochabamba constituyen el ejército sindical de reserva
y el soporte económico del MAS, mientras que las zonas de cultivo tradicional,
al estar respaldadas por la legalidad, jamás se afiliaron a los sindicatos que
controla el gobierno.
Y es precisamente en ese sector campesino disidente del MAS que la Central
Obrera Boliviana tiene el desafío de mostrar su capacidad de articular lo
tradicional y lo emergente del movimiento social boliviano. Una de las mayores
debilidades del sindicalismo ortodoxo fue su reticencia a articular sectores
sociales no asalariados, es decir al margen de la relación obrero-patronal, lo
que llevó a la COB a considerar por mucho tiempo al campesinado como un sector
pequeño propietario y potencialmente burgués, al que se alió muy esporádicamente
en momentos de lucha, pero que siempre estuvo al margen de su horizonte
revolucionario.
No obstante, la consolidación de las colonias de pequeño propietarios
cultivadores de coca del Chapare parece darle razón a la doctrina. En 20 años de
cultivar y comercializar ingentes cantidades de coca, sin destino establecido, y
de beneficiarse de las generosas cuatro cosechas anuales de la hoja, la primera
generación de colonizadores que se asentaron en el trópico se beneficiaron
además de los millonarios subsidios de diversos programas de Desarrollo
Alternativo de la cooperación internacional y son ahora potentados latifundistas
que controlan el ciclo completo del proceso de producción de la coca.
Tras una férrea disciplina sindical, los potentados de la coca han tomado el
control político de los municipios del trópico y han diversificado su economía a
sectores como los bienes raíces, el transporte, la hotelería, el comercio
mayorista y otros; es el caso del actual viceministro de Defensa Social del MAS,
el cocalero Felipe Cáceres, ex alcalde de Villa Tunari (ciudad del Chapare) y
próspero empresario hotelero.
Esta burguesía emergente de colonizadores, que junto a los cuentapropistas
mineros constituyen el sujeto de la tesis del Capitalismo Andino, tiene doble
residencia (su lugar de origen en la zona andina y sus plantaciones en el
trópico) y han reproducido las mismas condiciones de producción y relaciones de
explotación respecto de las posteriores generaciones de colonizadores, que ya no
accedieron tan fácilmente a la propiedad de la tierra y son contratados como
peones para la faena de la coca, sin mejores condiciones laborales.
Pero la amenaza de supresión del ATPDA, que en Bolivia representaría llevar al
desempleo a por lo menos 100 mil trabajadores sólo en las ciudades de La Paz y
El Alto, obliga al gobierno de Evo Morales a ser obsecuente con la exigencia de
erradicar cocales. Ahora, si bien el MAS está dispuesto a mostrar a EEUU avances
en la erradicación, no lo hará despojando a su sector matriz, la emergente
burguesía de la coca excedentaria. Para ese fin le resulta más atractivo
erradicar los centenarios cocales de Yungas de Vandiola una cabecera de valle
próxima al Parque Nacional Carrasco, cuyo cultivo está reconocido por Ley.
Son estas incoherencias doctrinales y políticas, sumadas a otras como la
obsecuencia gubernamental con las transnacionales Repsol y Petrobrás en el tema
nacionalización, las que han definido el divorcio entre las organizaciones
sociales y el MAS, un partido que sedujo electoralmente a las masas declarándose
socialista y popular, pero que una vez en el poder patrocina la consolidación de
sus clientes electorales en la nueva burguesía pequeño-propietaria, en
detrimento del mandato social de reestructurar un estado fuerte para todos.
A causa de todo ello Bolivia testimonia una ruptura programática, sin
posibilidad de reconciliación, entre el MAS y las organizaciones sociales
históricas del país; pero también la reemergencia de una identidad obrera que
tendrá la difícil tarea de mostrar que ha evolucionado de su ortodoxia clasista
para reunificar a los sectores populares y plantear la estrategia de
recuperación de los recursos naturales y su reinversión en la construcción de la
utopía de un aparato productivo nacional.
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