Latinoamérica

Rafael Sanseviero

Mantener viva la tensión sobre las representaciones de lo público y develar los sentidos políticos presentes en múltiples esferas de lo privado es una dimensión central en la lucha por la radicalidad democrática. De lo contrario deja de ser lucha para convertirse en crónica, porque "lo sistémico" en la gestión de los conflictos sociales tiende al mantenimiento del statu quo –especialmente en el plano de las violencias invisibles, aun cuando los protagonistas disientan del statu quo–. Vaya lo anterior como fundamento de este "poner en estado público" un debate, hasta ahora restringido a la "privacidad" de una lista de correo electrónico, que sostuve con el presidente del directorio del Banco de Previsión Social (bps) a propósito del proyecto de ley de reparación a ex perseguidos políticos de la dictadura. Los asuntos en juego se me reclaman públicos.

EL FIN DE LA HISTORIA INGENUA. El gobierno progresista promovió en pocos meses una ruptura radical con el "sentido común" que hasta ahora presentó la convivencia con los efectos del terrorismo del Estado dictatorial como una "fatalidad de Estado". Ello supone una oportunidad para desplegarnos en mayores libertades que las alcanzadas desde 1985; libertades que duelen. Fue largo y costoso el recorrido hasta encontrar lo conservado en la tierra de los cuerpos de algunas mujeres y hombres asesinados. Duele re-vivirlo, aunque se asuma la necesidad de entregar la evidencia del asesinato y la desaparición deliberada de compatriotas, esas maneras privadas –por secretas– que el Estado implementó como argumentación de violencia para ordenar nuestra vida pública durante la dictadura. Las voces de testigos calificados pueden incorporar información más dolorosa aun, si se quiere, sobre la gramática de aquella argumentación terrorista: el secuestro, la tortura, la muerte, el "desaparecimiento"... y más.* Para las familias de las personas descubiertas al cabo de décadas de lucha, este momento colectivo representará –de concretarse– la dolorosa conclusión de un recorrido. Para la sociedad no.
Los vergonzantemente llamados "hallazgos" representan un paso de gigante únicamente por ser propiciados desde un Estado que, al hacerlo, rompe con el estado de minusvalía ética en el cual se mantuvo hasta el presente; pero que hayan mediado veinte años de democracia para llegar a este punto exhibe la hegemonía de una moralidad pública que avergüenza. Aceptar el "hallazgo de los desaparecidos" como el extremo necesario y suficiente para "dar vuelta la página, olvidar y vivir en paz" es un argumento "intoxicado" de un olvido que es, en verdad, una forma de ocultamiento que bloqueó el acceso, ni más ni menos, que a nuestra propia realidad. Lo que hoy se nos presenta oficialmente evidente, reclama abrir de nuevo el libro y empezar a escribirlo a partir de principios de realidad que rompan con una versión naíf de nuestra historia reciente en la que permanecemos atrapados. Son necesarios nuevos espejos y ángulos de mira para recoger imágenes propias. Por ejemplo, aprehender los contenidos del terrorismo de Estado uruguayo, que a diferencia de Argentina y Chile, no tuvo como línea maestra la desaparición forzosa ni el asesinato colectivo, sino la tortura sistemática y la prisión prolongada aplicadas en forma masiva. La "historia ingenua" tuvo la virtud de banalizar nuestra propia experiencia colectiva, disociando el tiempo –pasado– del terrorismo de Estado del "presente de la dictadura" y, por ello, desvincular la gramática terrorista de ayer de la re-significación de sus consecuencias actuales en las personas y nuestras vidas cotidianas.

NOSOTROS VERSUS NOSOTROS. Hace veinte años las víctimas de la persecución dictatorial recibimos un denso y reparador reconocimiento en (a)brazos y manos tendidas desde una sociedad que venía de vivir bajo el terrorismo de Estado. En ese lapso Uruguay contabiliza cinco gobiernos diferentes y el mundo registra radicales cambios, ya se mire la configuración de las relaciones internacionales o las formas de sociabilidad predominantes... sin embargo nosotros, aquellas personas, somos las mismas. Quiero decir que nada de lo sucedido en "el mundo y sus aledaños" borró los efectos de las experiencias bajo el terrorismo, y el paso del tiempo no avanzó en la reparación, sino que obstruyó su despliegue. En la sociedad uruguaya se legitimó la irresponsabilidad colectiva frente a las consecuencias de la violencia dictatorial, desde los planos más generales hasta sus dimensiones más íntimas y personales. Ello remite genéricamente a la ley de caducidad en tanto acto jurídico que "confisca" el espacio público como lugar para la expresión, reconocimiento y reparación de los actos de terror estatal. Sin embargo, la impunidad incautó el espacio público sin extinguir los hechos ni sus efectos, de manera que esa experiencia humana –confinada al ámbito de lo privado– es parte del "capital cultural democrático" con el cual debe entendérselas el gobierno de izquierda. Si re-habilita el espacio público para la circulación de ese capital de dolores hasta ahora silenciado, hará más amigable la vida en sociedad para un grupo social discriminado: las y los ex presos políticos. No es nada nuevo para el discurso político progresista. No obstante, hoy se debate la cuantía de una leve reparación a los perseguidos políticos de la dictadura, articulada mediante una ley jubilatoria, en términos de "privilegio".

LLAMADAS AL ORDEN. El presidente del Banco de Previsión Social respondió a una crítica formulada desde la asociación de ex presas y presos políticos, respecto a una resolución del directorio que preside sobre la "ley de reparación", con un llamado al orden moralizante: "Pienso y creo que no luchamos y sufrimos para tener beneficios mayores a los del conjunto de la población, y menos aun, mayores al conjunto de los más desprotegidos. Por lo menos por eso creí que yo lo hacía...", escribió.
Vamos por partes. La discusión acerca de un proyecto de ley siempre implica debate, confrontación de ideas, tensión de fuerzas y negociación. Ahora no me ocupa el proyecto de ley sino la descalificación introducida por el presidente del bps, que se despega de la discusión de una ley para proyectarse como un balance de sentidos de vida ("Creo que no luchamos y sufrimos por... [a lo cual agregó] ...mi preocupación mayor es el millón de pobres, el millón con problemas de empleo, los 750 mil sin seguridad social y el que exista transparencia..."). Es decir, que investido de la representación del interés general de la sociedad, y desde la jerarquía de su cargo, descalifica moralmente la crítica a un acto de gobierno.
Esa descalificación no sólo se produce dentro del sentido común "conservador", que despolitiza y recluye en el ámbito privado la persecución que sufrió cada persona, como parte del discurso de la impunidad. Otras circunstancias operaron para impedir, hasta ahora, la formalización de reclamos reparatorios. Una no menor es la conflictiva relación de las visiones hegemónicas en la izquierda sobre los derechos humanos, o la tensión no resuelta entre lo individual y lo colectivo. De allí que algunas representaciones del terrorismo de Estado, como las promovidas, por ejemplo, por comunistas y tupamaros, hacen más compleja la confrontación con las lecturas naíf de nuestra historia. Para los primeros enfrentar la dictadura implicaba una necesaria "cuota de sacrificio" –personal– como aporte "a la lucha por las libertades" –colectivas–; para los segundos, la lucha armada y "la guerra" suponían asumir determinadas "reglas de juego". Esas inflexiones político-discursivas también constriñen el debate actual sobre el pasado reciente, especialmente en lo relativo a la "reparación" .**
El reclamo de reparación concentrado en torno a una ley jubilatoria, en las condiciones en que el problema está planteado en Uruguay, demanda una perspectiva más amplia que la determinada por los recursos disponibles o la misión específica del bps. No para "llevarse por delante" la realidad y sus restricciones sino para abordar con sentido progresista y como un diálogo colectivo, un problema social que ha permanecido marginal desde 1985. La "reparación", en el contexto histórico que está planteada, es una "toma de posición del Estado frente a un problema socialmente relevante" que adquiere sentido no sólo en el texto de las leyes, sino que se revela y realiza, como talante del gobierno, también en la forma que lo gestiona cada jerarca individualmente. Cuando le reclamé al presidente del bps por el respeto ausente en su respuesta a Crysol equivocó tono y contenido: "(...) creo que tenés algunos dolores de los que no me siento responsable", replicó inapelable, terminante, rotundo. Se equivoca, porque el tratamiento estatal a mis dolores de ex preso político, entre todas y todos los ex presos políticos, sí ha pasado a ser responsabilidad suya. Se equivocó porque "los dolores" como fuente de reclamo no extinguen el derecho al respeto. Y se equivocó porque deslegitimar las voces personales que se expresan públicamente desde la subjetividad del dolor, desde la necesidad sentida o de la pluralidad de pareceres, no proyecta sobre la sociedad una ética progresista. ¿O sí? n

* Cuando digo "más" quiero hacer referencia a la existencia de múltiples circunstancias que rodean las circunstancias de los "desaparecidos" que no se visibilizan con el "hallazgo de los restos"; y sin embargo comportan enormes cargas de violencia simbólica. Por citar un ejemplo, Gerardo Barrios, testigo del asesinato de Chávez Sosa, convive en sociedad con los asesinos de Chávez, y también con quienes intentaron que él –Barrios– fuera sacado del penal de Libertad en circunstancias que hicieron evidente que se lo quería "eliminar" en tanto testigo calificado de un crimen y sus responsables. Omito por razones de espacio los fundamentos de la convicción a ese respecto.
** Aun cuando esas no fueron las únicas visiones de izquierda sobre el problema, sin duda fueron muy gravitantes. Y de ellas me hago cargo en lo que me corresponde, más allá de mi ya lejana desvinculación del Partido Comunista, porque me sé concernido en su construcción, como la mayoría de quienes pertenecimos a ese partido en la posdictadura.              

Fuente: lafogata.org