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Latinoamérica
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En Colombia continúa el terror estatal contra la oposición:
Partido comunista denuncia nuevos asesinatos contra sus dirigentes
Bogotá. La dirección Ejecutiva Nacional del Partido Comunista Colombiano
-PCC- denunció que nuevamente está en marcha un plan criminal para
asesinar a sus principales dirigentes en distintos lugares del país.
Entre los casos más recientes destacan el asesinato de CARLOS ARCINIEGAS,
militante comunista del municipio de Puerto Wilches en el departamento de
Santander, quien desapareció de su casa el pasado jueves 29 de diciembre. Su
cuerpo fue encontrado este miércoles con señales de crueles torturas.
El crimen se atribuye a los grupos paramilitares que, con el aval del gobierno
de Álvaro Uribe, actúan abiertamente en la región.
También fué asesinado el dirigente comunista y corregidor de Toche en el área
rural del Municipio de Ibagué, capital del Departamento del Tolima, Arturo Díaz
García, ocurrido el 21 de diciembre luego que dos hombres armados
llegaron hasta su modesta oficina, lo sacaron hacia la vía a Salento, Quindío, y
más tarde se escucharon dos disparos, en un área que permanece
bajo control militar y paramilitar.
Estos hechos muestran la reactivación de los planes de exterminio contra
el PCC al compás de los cantos y tambores de guerra que el Presidente Uribe
ejecuta rabiosamente todos los días.
La dirección del PCC hace un llamado a correr la cortina de humo, silencio y
complicidad que se tiende sobre esta nueva escalada de persecución y crímenes
contra su militancia. El PCC ha exigido en reiteradas oportunidades al gobierno
colombiano la adopción de serias medidas para proteger la vida de los dirigentes
de la organización revolucionaria integrante de la oposición.
En su denuncia ante la comunidad nacional e internacional recuerda que, en el
marco de la demanda cursante contra el estado colombiano por genocidio político
contra las organizaciones políticas Unión Patriótica UP y el PCC, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha conminado al gobierno a brindar
medidas cautelares de protección a los dirigentes de izquierda.
Esas acciones se hacen insuficientes ya que el gobierno alimenta el
accionar de terror impune de sus aliados paramilitares.
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