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La calumnia y la mentira: armas de Uribe contra la oposición
Hugo Paternina Espinosa
Rebelión
El presidente candidato Álvaro Uribe tenia y tiene la intención de quedarse
en el sillón presidencial durante cuatro años más y ello al precio que sea. Así
lo había premeditado y así se está cumpliendo. Primero le sacó a una parte del
congreso de bolsillo que existe en Colombia, su congreso, con narcoparapoliticos
incluidos, no podía ser de otro modo, la ley de reelección inmediata; hecha y
como ya sabemos a su medida. Sorteado ese escollo, si es que acaso tuvo alguno
que pudiera poner en serio riesgo su aspiración a ser reelecto, la Corte
Constitucional y con ella una gran parte de sus magistrados que la conforman,
prouribistas, al juzgar por los hechos y en un acto más político que jurídico,
el cual incluso llevó a enfrentar a sus miembros, declaró exequible el acto
legislativo que aprobaba la reelección inmediata en Colombia. Acto seguido la
misma Corte le declaró exequible la ley de garantía electoral, la cual viene
siendo flagrantemente violada por Uribe y sus séquitos. Una muestra palmaria y
poco refutable es que la casa de Nariño se ha convertido en el directorio
político de la reelección y en el lugar donde se fraguan las más arteras y
temerarias tramas contra toda suerte de opositores a Uribe y quienes lo
sostienen.
Si antes de ser candidato presidente habíamos visto a Uribe, no en pocas
ocasiones, por cierto, desorbitado y despacharse a gusto contra significativos y
respetados opositores de su gestión, bajo la estrategia de atacar a estos para
evitar cualquier ataque: contra las organizaciones de derechos humanos,
verbigracia, a quienes llegó a considerar áulicos y colaboradores del
terrorismo, en clara alusión de que le daban pábulo al accionar de las FARC y al
ELN; contra el senador Navarro Wolf, a quien le adjudicó la responsabilidad de
los trágicos sucesos del Palacio de Justicia, hecho ocurrido en diciembre de
1986 y en donde perecieron y a manos de la contratoma del ejercito un numero
importante de magistrados, trabajadores, visitantes y una gran parte del comando
guerrillero que se había tomado las instalaciones de la justicia colombiana. Y
no solo acusó a Navarro de ser responsable de este repudiable acto, sino que sin
ninguna evidencia o mas bien contra toda evidencia, señaló que el M-19 había
incendiado el Palacio de justicia por orden expresa del narcotráfico y, en
particular, como un favor al extinto capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar
Gaviria, pues según la lógica de Uribe, el M-19 entró a la sede de la justicia
en Colombia para incendiar unos expedientes de capos del narcotráfico que debían
ser extraditados a los EEUU.
Ya se ha vuelto normal que Uribe se vaya lance el ristre contra sus opositores y
les acuse de todo tipo de perversidades. Y lo peor, sin prueba alguna. A las
ONGs nunca le ha podido comprobar que son una prolongación de las organizaciones
insurgentes como en un abierto ejercicio de incontinencia verbal dijo, y tampoco
a Navarro Wolf le ha podido demostrar las acusaciones contra él proferidas. De
igual modo la justicia no ha podido probar de que éste o su otrora organización
armada, el M19, hubiesen entrado al palacio de Justicia complicitados con el
narcotráfico. Solo una mente calenturienta podría pensar así y no dudo que la
del candidato presidente lo es. Así, cuando las pruebas faltan y se le exige
respeto al primer magistrado de la nación por sus hirsutas calumnias; las
disculpas no duran en llegar, no siempre sinceras por demás, pues en el fondo se
insiste en la contumacia de sembrar la duda sobre el (los) personaje (s)
atacados o vilipendiado (s), lo que parece ser una fiera y bien premeditada
estrategia tendiente a silenciar a los opositores de su gobierno y en esta
coyuntura a los otros aspirantes a la presidencia.
Un nuevo episodio de este tenor se ha vuelto a presentar y ahora la victima es
el exconsejero de paz, ex ministro de Defensa, Senador y hoy precandidato a la
presidencia de la republica por parte del partido liberal, Rafael Pardo Rueda.
Éste, confeso uribista hasta hace pocas semanas atrás, pues es de recordar que
fue impulsor del referéndum, entusiasta militante de la reelección, referente
inmediato dentro de la bancada uribista en el Congreso y un apoyo fundamental a
la política de Seguridad democrática, con la cual coincide en sus presupuestos
nodales; ha sido acusado por importantes funcionarios del gobierno, en
particular por Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado de Paz (psiquiatra del
régimen) y por el Presidente mismo, quien pudiera creerlo, sin prueba alguna, de
propiciar un acercamiento con las FARC, a fin, según Restrepo, Uribe y Juan
Manuel Santos, de cerrarle el paso a la intención del hoy candidato presidente
de ser reelegido en las próximas elecciones.
Este escándalo, bulo podría llamarlo, fabricado en los pasillos de la Casa de
Nariño y con todas las perversidades habidas y por haber, es tan grotesco y
chapucero que no deja de causar repudio y hastío por quienes lo fabricaron, y
nos pone de presente las pequeñeces de quienes lo urdieron, incluida las del
candidato presidente. Es hora de recordarle a Uribe que en política no todo vale
como pensaba Maquiavelo. No hay que ser un erudito en ciencia política para
saber que ni Pardo podría haber presentado una propuesta a las FARC para
cerrarle el paso a Uribe y mucho menos que esta organización insurgente estaría
dispuesta a conversar sobre el particular con un personaje que hasta hace unas
semanas atrás era y es un fiel seguidor de la política de seguridad democrática,
del Plan Colombia y el plan patriota, y que fue en sus cargos como exconsejero y
como ex ministro de defensa en los gobiernos de Virgilio Barco Vargas y Cesar
Gaviria Trujillo, respectivamente, quien mas espíritu antifariano demostró y
patento, y aún patenta.
Este miserable acto, urdido, gestionado y popularizado desde y por la Casa de
Nariño, incluido su principal huésped y lejano de toda ética política, permite
realizar, sin embargo, una lectura en diversas direcciones. Desde el escenario
jurídico, pues se muestra a las claras la capacidad que tiene el actual
gobierno, empezando por su cabeza visible, el presidente Uribe, de prefigurar
delitos a todo aquel que pueda representar una amenaza a su aspiración
reeleccionista o a cualquier acto de gobierno. Del mismo modo pone en evidencia
lo irresponsable de este gobierno que profiere toda suerte de mentiras y
calumnias contra sus ciudadanos sin tener ninguna prueba sobre las
incriminaciones que sobre ellos se hacen. El abuso de autoridad es notorio y
repudiable. Asimismo se logra percibir de manera clara y contundente que el
Estado de derecho, lo poco que existe de el en Colombia, quiero decir, se
evapora y a ritmo acelerado en las manos de Uribe. El caso de Pardo demuestra,
como también lo han demostrado innumerable detenciones masivas e ilegales en
otros momentos, que la presunción de inocencia bajo el uribismo es una parodia.
Desde el punto de vista político se puede apreciar que el gobierno ha
desconocido y desconoce el más elemental respeto por la oposición y deja
clamorosamente patentado que ella no tiene ninguna garantía de cara a la
contienda electoral por la presidencia y tampoco en lo que a las corporaciones
públicas se refiere. El país esta paraquiado y Uribe lo tolera. Así, no es de
recibo que el Presidente del principal partido Uribista, el señor Juan Manuel
Santos, manifieste del modo en que lo hizo, (en una rueda de prensa) y ante la
pregunta