Latinoamérica

Marcela Rodríguez
Colatino

A cinco meses de la contienda electoral en Colombia, las FARC arremeten contra la política de seguridad de Alvaro Uribe, poniendo en entredicho la efectividad del plan de gobierno y complicando el camino del presidente-candidato.
En menos de dos semanas, 36 uniformados han muerto víctimas de ataques del grupo rebelde, que en un gesto sin interpretar aún, liberó a 29 policías retenidos en una toma, lo que animó a varios analistas políticos a exigir que se replantee el programa bandera del gobierno de Uribe.
A través de un comunicado los insurgentes informaron que la liberación de los soldados secuestrados obedeció a un gesto voluntario, desmintiendo las declaraciones de Uribe, quien había asegurado que ese evento fue producto de un rescate militar.
El politólogo León Valencia indicó que la toma de un puesto policial en la población de San Marino, fronteriza con Panamá, fue el producto de errores tácticos del plan de seguridad gubernamental y señaló que los costos pueden superar los resultados.
"El gobierno está pagando el costo de hacer llegar fuerza pública en un número reducido de hombres a las zonas más apartadas del país", dijo Valencia e insistió en que "ese es el costo de la política de seguridad del presidente (Alvaro Uribe)".
"El presidente debería revisar con los altos mandos y el ministro de Defensa, Camilo Ospina, la situación de las Fuerzas Militares, su estado de alerta y vulnerabilidad", dijo Alfredo Rangel, experto en temas de seguridad, tras el ataque rebelde a Vista Hermosa (centro), donde murieron 28 militares el día de ayer.
Los ataques de los guerrilleros se convierten en un golpe contundente al Plan Patriota, que comenzó como la mayor ofensiva del gobierno contra las FARC, y sirven a los rebeldes para demostrar la debilidad del discurso de "mano dura" de Uribe.
"Las FARC están demostrando que no han sido derrotadas y que el camino que se escogió para la política de seguridad no ha logrado su objetivo central", explicó Jesús Balbín, investigador del Instituto Popular de Capacitación.
El Ejecutivo señaló que en el último mes el Ejército inauguró tres comandos militares con el objetivo de custodiar varias regiones del este de Colombia, pero esa decisión no ha menguado la arremetida de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
El pasado 18 de diciembre, la guerrilla realizó ataques en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, donde secuestraron al menos a dos personas, derribaron varias torres de conducción eléctrica y dejaron a unos 1.000 pobladores sin suministro de luz.
Las autoridades locales de las regiones más convulsionadas han declarado el "pánico" en sus regiones y reclaman la presencia de la fuerza pública.

Por su parte, Uribe, que prepara el camino para extender su gobierno hasta 2010, reiteró que facilitará un encuentro entre las FARC y representantes de España, Francia y Suiza para dialogar sobre el acuerdo humanitario, sin que la guerrilla se haya pronunciado.