|
Europa |
|
Mentiras y manipulaciones policiales en la Audiencia Nacional
El 10, 11, 12 y 13 de enero se reanudaron las sesiones de juicio en la
Audiencia Nacional contra varios militantes solidarios, antifascistas y
comunistas del PCE(r). Primera irregularidad, pues se había hecho público a las
partes y a la prensa que se iniciaban a partir del 11, con lo que la sesión del
10 no pudo contar con la presencia de solidarios en el seguimiento del
juicio-farsa.
Fue interrogado en primer lugar Víctor Calcerrada Fornielles, quien
trabajaba en la construcción con una excavadora en el momento de ser detenido a
pie de obra. Dijo que pertenecía a la AFAPP de Madrid y que era el encargado de
montar el puesto de venta de propaganda en el Rastro de Madrid, donde vendía
trabajos artesanales elaborados por los presos políticos para costear su
supervivencia en la cárcel, así como prensa antifascista como Resumen
Latinoamericano, Área Crítica, El Otro País, Resistencia y revistas políticas de
toda clase, además de repartir hojas volantes, agendas, libros, pegatinas,
chapas y toda clase de objetos.
Además, tras efectuar los registros la Guardia Civil, se dedicaba a recoger la
ropa y los enseres personales después de las detenciones de los represaliados
para poder introducírselos en las cárceles posteriormente.
Contó que el Primero de Mayo de 2001 acudió a la manifestación de París para
distribuir propaganda y dar a conocer la detención de varios antifascistas y
militantes del PCE(r) en la capital francesa. Expuso que viajaron en un autobús
unos 60 solidarios y que pernoctaron en un local público que les prestaron una
organización turca. Como a los demás, el Fiscal le pide ocho años de condena a
prisión por pertenecer a una organización terrorista.
Luego llegó el turno de Juan Carlos Matas Arroyo, quien dijo que trabajaba de
jardinero cuando fue detenido. Se negó a contestar a ninguna pregunta, salvo las
de su propia abogada, porque aquello "era un juicio político". Manifestó que no
pertenece a ninguna organización pero que ha colaborado en realizar propaganda
en defensa de la clase obrera, de los despedidos de la empresa SINTEL cuando
acamparon en Madrid y en la huelga general del 20 de junio, y que también
defiende a los presos políticos, colabora con la AFAPP y participa en las
manifestaciones antifascistas de Madrid. No pudo concretar todo lo que se llevó
la Guardia Civil en el registro de su casa, pero sacaron cajas enteras, aunque
allí no había más que propaganda, libros y vídeos.
Jesús Merino del Viejo dijo que pertenecía a los GRAPO y que la amalgama de
organizaciones que estaba empeñada en inventar la Guardia Civil no tenía
fundamento porque ellos son una organización militar independiente, con su
propia disciplina y con sus propios organismos, si bien se consideran parte
integrante de todas las luchas populares. Que ellos son clandestinos, que
utilizan nombres supuestos y documentación falsa y también llevan siempre un
arma encima o la tienen a su disposición.
Un momento jocoso se produjo cuando el fiscal le preguntó quién le había
encuadrado dentro de los GRAPO y respondió diciendo que "el propio Estado
fascista con su política represiva". Cuando acto seguido le insistió
preguntándole en qué momento fue eso, le contestó que "todo empezó el 18 de
julio de 1936".
También Israel Monleón reconoció haber pertenecido a los GRAPO y no quiso
contestar a varias de las preguntas que le formularon, aunque manifestó que
realizaba tareas de información para la organización guerrillera, que
proporcionaba datos para fabricar documentación falsa y que perteneció a un
comando dirigido por Jesús Merino, quien le dio la documentación falsa y la
pistola. Dijo que no había conocido a la mayor parte de sus compañeros de
banquillo y que los demás no formaban parte de los GRAPO.
Aníbal Saugar Rubio, administrativo, reconoció ser militante de Izquierda Unida
y haberse presentado como candidato a concejal en las elecciones al ayuntamiento
de Sotillo de la Adrada, en Ávila. Siguió narrando que se consideraba cristiano
de base y asiduo lector de Marx, Engels, Lenin y la Biblia, por lo que
colaboraba con los donantes de sangre, las asociaciones de sordomudos y en toda
clase de actividades solidarias. Dijo que mantenía contacto con una militante
del PCE(r) y que iba a su casa para hablar de todo tipo de asuntos y también de
poesía porque ambos les gustaba leer, entre otros, a León Felipe, Walt Whitman y
Mario Benedetti. También reconoció que acudía casi todos los domingos por el
puesto de la AFAPP porque era un centro de reunión habitual para discutir.
Durante su detención le enseñaron la foto de la abogada Francisca Villalba, que
ya había fallecido, asegurándole que era miembro de los GRAPO. Subió el tono de
sus respuestas cuando se lamentó de que "la Inquisición exigía dos testigos para
condenar a una persona y que en la Audiencia Nacional bastaba sólo con uno". Le
lanzó al fiscal que le había arruinado la vida con la detención y que llevaba ya
más de tres años sometido a la incertidumbre de este juicio con una acusación
falsa e infundada.
Al día siguiente continuaron las sesiones de juicio con el interrogatorio de
Carmen Muñoz Martínez, enfermera, quien dijo que la amalgama de organizaciones
que allí había juntado la Guardia Civil era delirante pero que sólo eso era lo
que justificaba que ellos estuvieran allí. "Con acusaciones de este tipo se está
criminalizando a todo el mundo, a toda clase de movimientos populares, a quienes
se mete bajo el mismo saco del terrorismo" añadió.
Reconoció ser militante del Socorro Rojo Internacional, cuya creación relacionó
con el riesgo de una nueva guerra imperialista que exigía reforzar los lazos de
solidaridad entre todos los pueblos del mundo. Negó que realizara ninguna
información sobre la embajada de Turquía si bien es cierto que convocaron una
concentración allí para protestar por la huelga de hambre de los presos
políticos turcos pero que ella no había podido participar porque trabajaba y ni
siquiera sabía en qué calle estaba.
Luego el Tribunal llamó a declarar de manera secreta a un guardia civil que se
infiltró en los medios antifascistas de Madrid y en una célula del PCE(r), quien
utilizaba el nombre de Fernando Pérez López. Los abogados entonces intervinieron
para denunciarlo afirmando que se trataba de una prueba ilegal porque la
infiltración no había sido autorizada por un juez como exige la ley y porque, a
pesar de las peticiones de los propios defensores, era la primera vez que
declaraba, lo que resultaba una sorpresa que impedía la posibilidad de
contrastar lo que pudiera decir. El Convenio Europeo de Derecho Humanos prohibe
este tipo de artimañas.
El caso es que, después de una larga parrafada de los abogados, el tribunal
suspendió temporalmente la sesión para pensárselo. Cuando se volvió a reunir
efectivamente debía haber gato encerrado porque no habían sido capaces de llegar
a un acuerdo y lo dejaron para el día siguiente.
Así que por la mañana el tribunal ya había tomado su resolución que decía que
los defensores no tenían razón y que seguía el juicio con la declaración del
infiltrado. Pero el escándalo siguió porque, como no tenía confianza en la
película que iba a contar, pretendía leer un montón de hojas con el guión
escrito de antemano y, a pesar de nuevas protestas de los abogados, el tribunal
le autorizó a hacerlo. Luego siguió el lío porque acudió disfrazado con una
peluca postiza, barba, gafas y lentillas y uno de los abogados dijo que "aquello
no era un carnaval y que los participantes no podían ir disfrazados".
También esto lo permitió el tribunal pero se estaba creando ya una situación muy
tensa mezclada en medio de dicha payasada. El fiscal también le echó una mano
con preguntas realizadas a su medida hasta que otra vez los abogados tuvieron
que interrumpir porque aquello era descarado. El tribunal esta vez sí advirtió
al fiscal que no se podía preguntar de aquella manera, pero el fiscal siguió con
la misma tónica y los abogados tuvieron que interrumpir varias veces el
bochornoso espectáculo.
El sujeto empezó diciendo que conocía a todos los enjuiciados pero más adelante
se contradijo afirmando, por ejemplo, que a Yolanda no la conocía. Por supuesto,
insistió una y otra vez en que todos ellos formaban parte de una misma
organización. Dijo, por ejemplo, que cuando él se infiltró en el PCE(r) en el
año 2000, Leoncio Calcerrada formaba parte de una célula en Madrid y que
tuvieron varias reuniones conjuntas, pero el abogado le recordó que a lo largo
de aquel año Leoncio estuvo preso en la cárcel de Ocaña y que, por tanto, esas
reuniones "serían en el locutorio de los visitantes". Se quedó planchado y
reconoció que había sido un error por su parte.
Otro error: resulta que dijo que para crearse una aureola de represaliado, había
sido condenado el 24 de abril de 1999 por el Juzgado de Instrucción número 41 de
Madrid por un delito de daños pero una abogada le sacó una copia de la sentencia
que le condenaba por agredir a una persona.
Un tercer error: dijo que el PCE(r) era terrorista porque todas las
manifestaciones que convocaba acababan con incidentes violentos con la policía,
pero resulta que la única manifestación violenta que pudo determinar fue una en
la que él fue el único militante detenido por disturbios contra el orden
público, como tuvo que reconocer finalmente.
Con esto se acabó las sesiones del juicio-farsa por esta semana, que continuará
la próxima semana. Al policía infiltrado, que se le ha pillado ya en numerosas
mentiras y manipulaciones aún no le han terminado de interrogar todos los
abogados.
 |