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Argentina: La lucha continúa
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Correpi - Boletín informativo.
Número 392- Septiembre 10/17 de 2006
SUMARIO
1- La valiente muchachada de la Fundación
2- Los barrios contra el gatillo fácil
3- Los acuartelados santiagueños
4- Dime qué causas prescriben, y te diré a quiénes proteges
5- Movilizacion en Formosa
6- Más impunidad para los genocidas
7- Proximas Actividades
LOS MUCHACHOS DE LA FUNDACION
Que Blumberg dice estar en contra los delincuentes no es ninguna novedad, así
como que está a favor de los policías. La ecuación no cierra demasiado si
partimos de los amigos que custodian al ingeniero y a la gente "bien" que porta
velas. Es que la seguridad del acto blumbergista estuvo a cargo de los
"muchachos" exonerados de las fuerzas policiales por cometer delitos y que
conformaron ese grupo de presión llamado "Los sin gorra". Se los pudo ver, en
una cantidad no menor de 50, con sus rasgos caracteristicos y provistos
de equipos de comunicaciones, brindándole vigilancia al palco.
Entre los muchachos de Blumberg se destacan la subcomisaria Lidia Seimandi, que
fuera puesta en disponibilidad hace dos años por Asuntos Internos de la
Policía Bonaerense. La "niña" esta imputada de encabezar una red de recaudación
ilegal cuando estaba al frente de la Subcomisaría Delta. Los vecinos denunciaron
que utilizaba patrulleros para dar custodia a empresas privadas, entre ellas el
Casino de Tigre, y que recaudaba dinero a cambio de "seguridad". Sus propios
subordinados declararon en su contra en el sumario interno acusándola de que se
quedaba con parte del dinero que les correspondía por horas extras.
Otro de los integrantes de la custodia de Blumberg es Mario Attardo, quien
participó de la detención del tirador de Belgrano, Martín Ríos. Attardo tampoco
fue exonerado de la bonaerense porque sí, sino porque fue procesado por
privación ilegal de la libertad y extorsión de dos personas, hecho por el
que estuvo detenido varios meses.
Estos antecedentes de la "valiente muchachada", no de la Armada, sino de la
Fundación Axel nos demuestra cuáles son los "recursos humanos" que apoya el
adalid de la seguridad. Blumberg, salió a respaldar a sus socios, y sostuvo que
los "sin gorra" que lo acompañan "son gente honrada" que le llevan "propuestas"
(de cómo reprimir al pueblo y quedarse con los vueltos), y que "no están en la
joda".
Por otro lado, si esos son los integrantes del área de "recursos humanos", bueno
es tener presente que el amigo de Massera, Bragagnollo, es el jefe de relaciones
públicas de la Fundación, y Macri, el director de orquesta.
LOS BARRIOS CONTRA EL GATILLO FACIL
Como hace 19 años, cuando Ingeniero Budge se organizó para enfrentar a los
asesinos de Oscar Aredes, Roberto Argañaráz y Agustín Olivera, otra vez el
gatillo fácil se instaló en sus calles llenas de pobreza. El 22 de julio Gabriel
Arévalo fue asesinado por la policía de la Provincia de Buenos Aires, cuando
salía del boliche Petrus en Budge. Y otra vez, el barrio salió a las calles para
reclamar justicia. Hay un policía detenido por el homicidio de Gabriel, Ramón
Rosaura Jiménez, de la DDI de Lomas de Zamora con asentamiento en Avellaneda,
que no lo mató con su arma reglamentaria sino con su arma particular. Para
aquellos que dicen que el gatillo fácil se acabaría con quitarle el arma a los
canas cuando están fuera de servicio.
Como una muestra de solidaridad, entre los manifestantes se encontraba Claudio
"Pelusa" Aredes, hermano de Oscar, asesinado en la Masacre en 1987. La
Coordinadora Antirrepresiva Carlos "Petete" Almirón acompañó a la familia
Arévalo.
Mientras tanto, también en la zona oeste hay movilización contra la represión.
El sábado 9 de septiembre los vecinos de Villa Tessei convocados por los amigos
y familiares de Jonathan "Tato" Mansilla y CORREPI se reunieron en la esquina de
Bradley y Jufré, donde los policías Sergio Nogueira y Marcos Rojas fusilaron al
muchacho el pasado mes de junio. Después de un pequeño acto en el lugar, fuimos
en media docena de autos y dos colectivos hasta la comisaría 6ª de El Palomar,
donde trabajan los asesinos.
La columna, que se nutrió con compañeros de la Coordinadora Antirrepresiva
Oeste, y un importante número de familiares de víctimas de la represión
policial, llegó a la esquina de la comisaría, donde pudimos ver que habían
montado un operativo inmenso, con vallado tanto frente a la dependencia como en
las dos esquinas de la cuadra, impidiendo el paso hasta de los vecinos de esa
calle. Medio centenar de policías estaban visibles, lo que no amedrentó
al centenar de manifestantes, que a voz en cuello repudiaron a los represores.
Además de la familia de Tato estaban presentes Delia Garcilazo y familiares de
Romina Lemos (San Fernando), Miguel Da Silva y Gabriel Mura (Moreno), Héctor
"Pule" Otero y Marcelo "Peca" Rivero (La Matanza), Rodrigo Corzo (Hurlingham) y
gran cantidad de vecinos del barrio, que respondieron al trabajo previo de
afiches y volanteadas desarrollado por lo scompañeros.
DIME QUÉ CAUSAS PRESCRIBEN Y TE DIRÉ A QUIÉNES PROTEGES
El 17 de setiembre de 2000 José "Tractorcito" Cabrera, condenado por
distintos robos, salió caminando del Departamento Central de la Policía Federal
por la puerta principal, en la calle Moreno al 1500. Junto a él huyeron dos
acusados de haber asesinado al vicepresidente paraguayo Luis Argaña. La fuga no
tuvo nada de "espectacular" ni requirió sofisticada preparación: fue simple
cuestión de pagarle a los policías una suma con no menos de cinco ceros. Una
decena de policías, entre ellos el comisario Hugo López, jefe de la División
Seguridad del Departamento Central al momento de la fuga, fueron exonerados e
imputados en la causa por la evasión.
El episodio fue similar al ocurrido en febrero de 1998 cuando Alberto Luis
Farese, uno de los torturadores de Sergio Durán, salió de uniforme de la
comisaría de Castelar donde estaba preso, o al que motivó hace semanas la caida
de la jefa de la policía santafesina, Leyla Perazzo, cuando un narco paraguayo
se fue caminando de una Alcaidía.
La causa estaba ya elevada a juicio, cuando el tribunal advirtió que entre el
pedido de elevación a juicio y la fijación de fecha para el debate habían
trascurrido dos años y 21 días. Ni lerdos ni perezosos, decretaron la
prescripción de la acción penal en diciembre pasado, y esta semana la Sala I de
la Cámara de Casación la confirmó.
La causa no tenía ninguna complejidad que justificara la demora en su trámite,
por lo que sólo se explica su prescripción en el hecho de que sus únicos
beneficiados son los policías procesados. "Tractorcito" Cabrera está cumpliendo
condenas acumuladas de 33 años de cárcel por distintos asaltos a mano armada.
LOS ACUARTELADOS SANTIAGUEÑOS
Unos 1.300 policías santiagueños se autoacuartelaron hace casi una semana y
mantienen tomada la Jefatura Provincial. Como siempre, el único punto de su
petitorio que ha trascendido masivamente es el referido al aumento salarial,
pero también como siempre hay otras cuestiones en su reclamo que deberían
alertar a quienes livianamente califican estas asonadas como si fueran medidas
de fuerza de "trabajadores" peleando por condiciones laborales.
El petitorio presentado a las autoridades se queja de los "vaivenes
burocráticos", entre ellos, los que mantienen a cinco policías presos por la
represión desatada el 4 de abril de este año durante un partido de fútbol en La
Banda, responsables por el fusilamiento de Ezequiel Melián (17) y de una docena
de heridos más. Además de reclamar la inmediata libertad de los policías
involucrados en esa masacre, el petitorio incluye la exigencia de que se revean
los sumarios administrativos por los que otros policías fueron dejados cesantes,
reincorporándolos.
El argumento salarial resulta poco verosímil si se tiene en cuenta que, a
diferencia de la mayoría de los empleados estatales santiagueños, los policías
-tanto efectivos como retirados- han recibido un incremento del 17 % en
los últimos meses. El propio gobernador Gerardo Zamora ha debido reconocer que
son otras las motivaciones de la medida, la que por su parte vincula a varias
investigaciones judiciales en curso que de ser llevadas adelante involucrarían a
personal policial de jerarquía en el mercado negro de gasoil, en el robo de
ganado, y en varios homicidios.
Además fue sumamente claro el vocero de los amotinados, comisario mayor retirado
Ricardo Gutiérrez, cuando admitió ante medios nacionales de comunicación como el
diario La Nación y Radio Mitre que es habitual que los policías provinciales
recurran al "mangueo", la extorsión y otros delitos para completar sus ingresos.
Frente al planteo de los periodistas de que son muchos los empleados del estado
que cobran mucho menos que los policías santiagueños (maestros, enfermeros,
administrativos, etc.) y no por eso incurren en conductas delictivas, el ex
comisario tuvo que guardar silencio.
Mientras Gendarmería Nacional ya ha desembarcado en la provincia para hacerse
cargo de la "seguridad", resulta ilustrativo recorrer las páginas web de los
principales "sindicatos" policiales argentinos. Todos ellos, incluso los que
algunas fuerzas de izquierda han calificado de "compañeros" (como el caso de
APROPOL de Santa Fe), se solidarizan con sus "hermanos santiagueños", que,
digámoslo una vez más, están acuartelados reclamando libertad para los policías
de gatillo fácil y mejores condiciones para reprimir.
MOVILIZACION EN FORMOSA
El martes 5 de septiembre los habitantes de la ciudad formoseña de Clorinda
realizaron una nueva marcha reclamando el esclarecimiento y el castigo a los
responsables del asesinato del joven Omar Guillermo Gossen, quien fue encontrado
muerto en una celda el 31 de diciembre de 2005. Como la impunidad reina de norte
a sur del país, los jueces de la causa decidieron un rápido archivo de las
actuaciones y así fue que familiares y amigos de la víctima se movilizaron
para exigir la reapertura de las investigaciones.
La marcha partió desde la Plaza San Martín de esa ciudad fronteriza hasta la
Iglesia. Allí los familiares de Gossen mostraron las fotos del cuerpo sin vida
del muchacho donde se podía ver la marca de un cable sobre la epidermis del
cuello. La cuestión es que, para la justicia, el pibe se habría ahorcado con una
sábana. Los familiares también denunciaron una campaña de presión para que la
gente no vaya a las marchas por parte del peronismo local. Incluso varias
personas relataron que el mes pasado una persona que participó de las marchas
fue golpeada brutalmente por individuos que le dejaron en claro que no
aceptaban movilizaciones contra el gobierno.
MAS IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS - Reproducimos Comunicado de Prensa de la
Asociación de Ex detenidos
Diciembre de 1986. Se condena a cinco responsables de la represión en el ámbito
del Circuito de Centros Clandestinos de Detención dependientes del Jefe de
Policía de la Provincia de Buenos Aires o Circuito Camps.
Junio de 1987. Por aplicación de la Ley de Obediencia Debida se libera a tres de
los cinco condenados y se cierran las causas contra los demás procesados.
Diciembre de 1990. Menem indulta a los dos únicos represores que cumplían
condena.
Marzo de 2004. Se reabren las causas relativas al Circuito Camps en Capital
Federal. El juez Jorge Ballestero se declara incompetente y las envía,
unificadas, a La Plata con la expresa consideración de que un solo tribunal debe
investigar todo el Circuito por la evidente interrelación de los hechos.
Marzo de 2005. A pesar de haberse declarado competente y de haberse comprometido
frente a decenas de víctimas a investigar el Circuito Camps como un todo, el
juez de La Plata, Arnaldo Corazza, envía al tribunal de Morón lo relativo a los
hechos ocurridos en la Brigada de San Justo. En noviembre de 2005 y julio 2006
toma similar decisión respecto de COT I Martínez enviándolo a los tribunales de
San Martín y de Pozo de Banfield remitiéndolo a Lomas de Zamora. Las querellas y
el fiscal apelan cada una de esas resoluciones.
Agosto de 2006. A un año y medio de la apelación y a veinte de las primeras y
últimas cinco condenas, la Sala 3 de la Cámara Federal de La Plata resuelve
respecto de San Justo.
Sin duda esa resolución tendrá un lugar destacado en el libro, aún no escrito,
que detalle la infame construcción de la impunidad en la Argentina
posdictatorial. En esencia, establece que el juez de Morón deberá investigar
sólo los casos de víctimas cuyo martirio haya ocurrido enteramente en esa
jurisdicción mientras que corresponderá analizar en forma particular el caso de
aquellas víctimas que hayan sido secuestradas en una jurisdicción, torturadas en
otra, violadas en una tercera, liberadas o desaparecidas en una cuarta! Recién
después de ese sesudo, pormenorizado y, claro está, lentísimo análisis
particular, se resolverá cuál juez corresponde que actúe en cada caso…
Cabe aclarar aquí que el Circuito Camps estuvo integrado por al menos 29 CCD
ubicados en La Plata y 9 partidos del conurbano bonaerense, que su principal
característica fue el continuo traslado de los secuestrados de un CCD a otro y
que una estimación de mínima permite establecer el número de víctimas en
alrededor de 5.000.
Precisamente por esas características es que las organizaciones querellantes
solicitamos desde la reapertura de la causa que la investigación se organizara
por campo de concentración pero manteniendo todos los expedientes en un mismo
tribunal. Fue así como conseguimos que al remitir la causa a La Plata, el juez
Ballestero dijera: "…razones de economía procesal aconsejan que la
investigación sea llevada a cabo por un mismo tribunal… la solución opuesta
conduciría a la necesidad de duplicar la investigación de los hechos y la
producción de prueba por parte de tribunales diversos. ...teniendo en cuenta el
control operativo directo que la Jefatura y la Direcciones Generales ejercían
sobre esos lugares… cabe remitir la totalidad de la investigación a la justicia
federal de La Plata. …la existencia de CCD fuera de ese circuito judicial no
puede llevar, sin más, a que la investigación se divida… era un práctica
habitual que los detenidos fueran alojados sucesivamente en diversos centros de
detención (ubicados dentro y fuera de territorio correspondiente al circuito
federal de La Plata) pero siempre bajo el control directo y efectivo de las
instancias superiores de la Policía."
Sin embargo, dos años y medio después de esa resolución, nos encontramos con que
la investigación del Circuito Camps no debe realizase en un único tribunal,
tampoco un solo juez analizaría lo ocurrido en cada CCD, sino que el tratamiento
deberá ser por víctima! Y la fundamentación de la Cámara Federal de La Plata es
rayana con la perversidad: al menos 5.000 veces "corresponderá analizar cada
caso en particular teniendo en cuenta las circunstancias específicas que hacen
al mismo a los fines de atribuir la competencia al magistrado que resulte más
conveniente por razones de economía procesal, con el fin de procurar una mejor
actuación de la justicia que permita que la investigación y el proceso se lleven
a cabo en el lugar donde se pueda recabar la mayor cantidad de elementos de
prueba."
Sres. Jueces de la Sala 3: ¿cuántos años suponen Uds. que llevará este proceso
de análisis? ¿cuántos represores quedarán vivos para ese entonces? ¿cuántos
testigos? ¿no consideran suficientes 30 años de impunidad? Porque exactamente
eso es lo que significa esta resolución: más impunidad para los genocidas!
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Viernes 15 de septiembre, 13:00, en la Plaza San Martin de la Plata,
Movilización a 30 años de "La Noche de los Lápices".
Sábado 29 de septiembre, 16:00, escrache a la Comisaría 5ª de Pacheco,
responsable del asesinato de Romina Lemos, concentramos en San Martín y Gelly y
Obes, Talar de Pacheco.
Jueves 3 de Octubre, TOC 17, Lavalle y Libertad, primera jornada del juicio a
los procesados por la manifestación frente a la Legislatura porteña.
Sábado 7 de octubre, la Mesa de Escrache convoca a escrachar a la justicia de
Quilmes.
Domingo 8 de octubre, en el aniversario del asesinato de Miguel Da Silva,
Festival Antirrepresivo a las 12:00 en Lafinur y Shakespeare, Barrio El
Satélite, Moreno.
CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
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