Prensa de frente

Tan superficial como la pelea entre los radicales K y los lavagnistas, tan distractiva como los anuncios oficiales sobre algunos cambios en el sistema previsional que aporten fondos para financiar los mínimos aumentos de las jubilaciones, la disputa entre el "progresismo" del Gobierno y la Justicia y las posiciones ultramontanas de la Iglesia alrededor de los casos de aborto de jóvenes discapacitadas violadas no alcanza a tapar la realidad irresuelta del derecho a la disposición sobre su cuerpo y a una atención médica segura de millones de mujeres de los sectores populares, muchas de ellas violadas no discapacitadas.

Las presiones y amenazas de carácter francamente delictivo de supuestas o reales ONGs vinculadas a la Iglesia concretadas en estos días sobre las familias de las jóvenes discapacitadas violadas, los jueces o los médicos relacionados con los casos, y la prédica de rígido dogmatismo de los "defensores de la vida" parecieron, por contraste, fortalecer la imagen y el discurso de sesgo "progresista" del Gobierno.

Bastaron, o debieron bastar, las informaciones sobre dos nuevos casos de mujeres humildes muertas víctimas de abortos clandestinos para que aquella ilusión se desvaneciera con absoluta vertiginosidad.

Resultaría redundante repetir índices -por lo demás imposibles de certificar por la eterna desidia oficial y por el poder de los intereses mercantiles en juego- de mujeres de hogares populares que resultan asesinadas de hecho, o mutiladas y enfermas, por la necesidad de recurrir al submundo del aborto clandestino. También implicaría una tarea de investigación extremadamente difícil determinar el número de mujeres de los sectores más beneficiados por el modelo de acumulación, económico y cultural, que abortan sin riesgos en costosas clínicas privadas del país o del exterior.