Aunque finalmente hayan abortado las jóvenes con discapacidad mental en Buenos Aires y en Mendoza, resulta indispensable analizar los hechos para comprender la real dimensión de la problemática del embarazo de estas mujeres, las que difícilmente puedan comprender la situación por la que atravesaron. Más aún, cuando la sociedad y la Iglesia con sus mitos y sus prejuicios, sumado a la carga impuesta por el pasado reciente, no terminan de discriminar y pretenden ejercer la potestad de criminalizar socialmente a estas dos jóvenes y sus familias.

También los multimedios contribuyeron a oscurecer la realidad de esta problemática, pues primó el abordaje sensacionalista y sin detenerse a reflexionar sobre las causas y las consecuencias de un tema grave en la comunidad de las personas con discapacidad mental. Sin dudas, si otro criterio hubiese sido tomado a la hora de analizar y difundir lo sucedido, habrían aportado otra mirada para la visibilización de la discapacidad y sus problemáticas.

Dos embarazos, dos abortos. Con el patrón común de la pobreza, madre de todas las discapacidades, en ambos casos y una dispar apreciación judicial y médica que debería llamar la atención de una sociedad y de un Estado que siguen estigmatizando e invisibilizando a un colectivo sistemáticamente postergado en sus demandas sociales. Y a ello se suma la voz de la Iglesia, cómplice histórica de la dictadura militar de 1976 y del menemismo, para exacerbar la culpa en lugar de comprender la situación creada en jóvenes cuya comprensión de los actos está limitada por el bajo nivel de cognición acerca del mundo que las rodea, al igual que los suyos propios, junto a las organizaciones no gubernamentales que patrocinan y que colaboran en este accionar, como en el caso de Vitam, la ONG mendocina.

En el caso de Guernica, desde un fiscal que apareció sorpresivamente a una magistrada, como Inés Siro, primó la fe antes que el Derecho. Teniendo en cuenta que la persona con discapacidad mental no tiene conciencia de lo que acontece en su propio mundo como en el exterior y que ella es susceptible de ser vulnerada en sus derechos, partiendo de la efectiva violación de su fuero íntimo como producto de las acciones familiares o de personas de su entorno, como acontece en muchas instituciones que albergan a seres de esta misma condición, al igual que lo establecido en el Código Penal, se prefirió seguir con las consignas eclesiales mediante el aval de médicos que omitieron considerar el riesgo físico y psicológico de la joven. Aducir que 'sabía manejar un celular' para dictaminar una prosecución del embarazo es desconocer la verdadera dimensión de la discapacidad mental.

Por otro lado, la presión de la Iglesia, pretendiendo defender la vida, resulta un verdadero despropósito pues, habida cuenta de la complicidad del pasado reciente, se limitó a defender un dogma inconciliable con la necesidad y el derecho de esta joven vulnerada por un familiar. Acaso, ¿se olvida la vida de la madre? y pareciera que ello fuera algo que no debiese ser tenido en cuenta.

Si bien la rápida acción de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de la Dra. María del Carmen Falbo, y de la Suprema Corte provincial allanó el camino, pudo más la influencia eclesial en el Comité de Bioética y en los médicos del sector público para dificultar el acceso a una solución necesaria y urgente. Solamente mediante la colaboración de muchas instituciones y personas, al igual que la institución privada que realizó la quirúrgica, pudo soslayar la inquisición de la Iglesia.

Sin embargo, también apareció Torquemada en Mendoza, en cuasi regreso al Medioevo, para enfrentar a la Justicia mendocina, sumamente expedita, que avaló la pretensión de la madre con respecto a su hija, mediante el accionar de una organización no gubernamental como Vitam y con total desconocimiento de las particularidades de la discapacidad mental.

Ambos hechos merecen una reflexión pues, teniendo en cuenta el tenor de lo expresado por el Episcopado Argentino, revelan el gran desconocimiento acerca de la realidad de las personas con discapacidad y ocultan, como si fuera poco, el gran negocio que significa la atención de las que tienen discapacidad mental que se agrupan en instituciones, las que se expresan en foros promovidos por la Universidad Católica Argentina y el Arzobispado de Buenos Aires.

Lo mismo acontece con las diferentes expresiones de la sociedad y del Estado. La primera, permaneciendo en la indiferencia y prefiriendo desconocer la existencia de este colectivo en la vida cotidiana y el segundo, persistiendo en el ninguneo sistemático salvo, desde luego, para los buenos negocios de los subsidios a las instituciones que, salvo excepciones, ocultan la verdadera dimensión de lo que ocurre en su interior porque también en ellas se viola a las jóvenes con discapacidad mental.

El aborto, al igual que, en su momento, el divorcio, y la discapacidad merece un debate profundo para esclarecer las causas y enfrentar las consecuencias de las problemáticas derivadas de ellas. Hambre y pobreza son las principales causales que merecen una debida atención social y estatal destinada a la prevención y atención mediante políticas públicas y una paulatina e incesante concientización social.