Argentina: La lucha continúa
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Ilegal intercepción de las comunicaciones en argentina
Detrás de las pinchaduras, como de costumbre, está el único imperio del mal
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados se presentó ante
la justicia denunciando la pinchadura de sus teléfonos. Puede ser otra
oportunidad para investigar y demostrar que el hilo conductor del espionaje
lleva a Washington.
Emilio Marín
Vivimos en una sociedad espiada por distintos servicios, que actúan con
móviles políticos, comerciales y militares. No se trata de una característica
única de Argentina sino más general, contemporánea. Los que llevan la delantera
en la materia son las autoridades estadounidenses, que ya punteaban con
comodidad antes del 11 de setiembre de 2001 y desde entonces elevaron su
paranoia a la enésima potencia.
Siguiendo la lógica represiva denunciada por Bertolt Brecht ("Primero se
llevaron a los comunistas pero a mí no me importó…"), George Bush empezó por
perseguir a los extranjeros sospechosos de simpatizar con Osama Bin Laden. Y
siguió espiando a todo el mundo, incluso a varios miles de estadounidenses, tal
como reveló hace meses el The New York Times.
Ese espionaje masivo sobre los ciudadanos siguió directivas de Bush y utilizó
programas de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). La agencia estaba dirigida
por el general Michael Hayden, promovido este año a la máxima conducción de la
CIA en reconocimiento de los "méritos" acumulados.
Hasta ese momento se sabía que las redes de espionaje mundial operadas por los
estadounidenses tenían dos canales. Uno es el Echelon, basado en estaciones de
escucha, bases y satélites, que data de muchos años y cuenta con la colaboración
del Reino Unido, Nueva Zelanda y otros países. Otro, doméstico y operado por el
FBI, es el programa Carnívoro, que escanea millones de conversaciones
telefónicas, mails y otras formas de comunicación buscando determinadas
expresiones.
Después de 2001, la utilización de esas y otras formas de espionaje se hizo
moneda corriente. Legalmente abrió el paraguas de la "Ley Patriótica", para
evitar demoras como la autorización judicial y otras minucias. Pero los espías
norteamericanos han ido más allá de lo permitido por esa ley parida en la peor
época de nazionalismo de la Casa Blanca.
En junio de este año el diario neoyorquino citado publicó que la administración
Bush espiaba los movimientos bancarios de todo el planeta. Lo hacía tras
presionar a un organismo financiero, Swift, con asiento en Bruselas, que
centraliza los movimientos de 7.800 bancos. La excusa de Bush fue que necesitaba
descubrir los fondos del terrorismo internacional pero lo concreto es que todas
las transferencias, saldos, colocaciones y pagos hechos en todo el mundo estaban
en poder de la CIA y el Departamento del Tesoro sin autorización de los
interesados.
No hace falta ser un genio para darse cuenta que la "guerra contra el
terrorismo" era parte de un espionaje útil a la pugna financiera y comercial.
Iría en beneficio de las ofertas de las multinacionales de USA en licitaciones
en detrimento de los monopolios rivales europeos, asiáticos, etc.
Pinchando líneas
En Argentina la pinchadura de los teléfonos ha sido una materia básica que
debían cursar los aprendices de espías de la Side y otros servicios. Siendo
malo, no dejaba de tener una ventaja para la humanidad de los espiados: en la
época de la dictadura videlista, la recolección de "inteligencia" se hacía
masacrando cuerpos en los centros de exterminio y sacándoles información.
El blanco del espionaje fue siempre el movimiento popular, los sindicatos
combativos y la izquierda. Que ahora se quejen de las pinchaduras de teléfonos
elementos de centro y derecha como Roberto Lavagna, Mauricio Macri y Juan Carlos
Blumberg habla de una "democratización" de la práctica. Ahora les toca a ellos,
de ser ciertas sus denuncias.
En algunos casos la práctica estaría a cargo de la Side, que ya en tiempos de
Carlos Menem reforzó sus partidas y adquirió equipos de última generación en
Estados Unidos.
Entre nosotros opera la estación de la CIA, que hasta 2005 estaba a cargo
de James Oliver Inder. Puede actuar en forma directa o tercerizando tareas
mediante agencias de seguridad como Kroll, de EE.UU., que contó con el
asesoramiento del coronel Oliver North –implicado en el caso Irán-contras- para
instalar su filial en Buenos Aires. También hay fuertes indicios de la
actividad del Mossad israelí, mientras firmas israelitas como SIA (Security and
Intelligence Advising) actúan en la superficie.
Hay que aclarar que los servicios secretos extranjeros no hacen su trabajo
aisladamente. A los israelíes, por ejemplo, les sirvió en forma extraordinaria
que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, viajara a Tel Aviv en 2005 y se
reuniera con el entonces premier Ariel Sharon y el jefe de la policía secreta
Shin Bet. Lo mismo con los preacuerdos firmados ese mismo año por el ex
secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, con las empresas de telefonía
israelitas, o los compromisos del gobernador José Manuel de la Sota para
adquirir armas y contratar el adiestramiento de las fuerzas de seguridad
cordobesas.
Los norteamericanos lo hacen a mayor escala al realizar ejercicios militares
conjuntos como el Unitas, auspiciar "misiones de paz" como la Minustah en Haití,
sostener los programas de capacitación policial del FBI y fomentar un comando
conjunto de vigilancia antiterrorista en la Triple Frontera.
Contra Bancos y diputados
Queda claro entonces que el espionaje ilegal no practica en otros confines del
mundo alejados de nuestro territorio. Los televidentes que vieron el envío
inicial de Blog, de Daniel Tognetti, ya saben que los teléfonos del diputado
Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, están
intervenidos. Así están las líneas fijas y sus celulares, según comprobó una
inspección de técnicos del Programa de Seguridad Informática de la Universidad
de Buenos Aires.
El peritaje fue concluyente: esas líneas están intervenidas por un equipo
satelital que aparece registrado como propiedad de la Agencia de Seguridad
Nacional de EE.UU. Otras 48.000 líneas telefónicas están pinchadas.
El afectado, con sus pruebas, concurrió la semana pasada ante el juez
Claudio Bonadío, un trámite que no hicieron ni Lavagna ni Macri.
Tampoco se salvan de las pinchaduras los mails e Internet. En mayo último se
detectaron intrusiones en las casillas de correos del juez Daniel Rafecas; los
periodistas Daniel Santoro, Ernesto Tenembaum y Luis Majul; el miembro de la
Corte Suprema Raúl Zaffaroni y el destituido jefe de gobierno Aníbal Ibarra,
entre otros.
El contenido de esa correspondencia electrónica, real o supuesto, fue subido
luego a links, aparentemente desde Miami. El derechista Servicio Privado de
Informaciones (Seprin) se encargó de difundir la existencia de esos sitios para
que no quedara nadie sin visitarlos.
La succión de información bancaria puesta al descubierto en Estados Unidos
también se verificó en Buenos Aires. La Asociación de Bancos Privados y Públicos
de la República Argentina (Abappra) encomendó un trabajo a los técnicos de la
UBA y la UTN. Así se supo en junio último que al menos cuatro bancos
internacionales, dos estatales y cuatro privados nacionales habían sido espiados
por la CIA y el Tesoro yanqui.
Lo más triste de todo es el rol del gobierno de Néstor Kirchner en esta
historia.
El especialista en informática Ariel Garbatz alertó en mayo que las autoridades
nacionales no dan apoyo al Plan Nacional de Seguridad Electrónica.
El embajador norteamericano Lino Gutiérrez se fue de Buenos Aires agradeciendo
la colaboración de Martín Redrado, titular del Banco Central, en proporcionar la
información bancaria "antiterrorista". El diplomático acompañó al secretario
adjunto del Tesoro para asuntos financieros antiterroristas, Patrick O´Brien, a
entrevistarse con Felisa Miceli en el despacho de ésta. Pocas semanas después se
supo que los teléfonos de la ministra estaban intervenidos por un equipo Applied
Signal Technology ATS modelo 128 de los utilizados por la NSA.